Vivimos tiempos de crisis y día tras día vemos cómo empresas de todos los tamaños presentan expedientes de regulación de empleo por la gran disminución de su actividad. Para paliar estos efectos, esta semana se ha anunciado una nueva medida que pretende servir de desahogo a aquellas compañías que se vean con el agua al cuello: la posibilidad de retrasar el pago a Hacienda de las retenciones del IRPF. Una cuestión polémica puesto que este importe se le descuenta al trabajador de su nómina y por lo tanto no es un dinero del que debería disponer la empresa para hacer frente a sus dificultades, según algunos puntos de vista.
No obstante, es cierto que no podrá retrasar el pago de las retenciones cualquier empresa, sino aquella que presente ciertas garantías. La medida va destinada a sociedades que tengan dificultades graves para hacer frente a sus pagos, pero también tendrán que demostrar que tienen capacidad para levantar el vuelo al medio plazo. Aunque la Agencia Tributaria ya ha dado las directrices necesarias a sus delegaciones provinciales sobre cómo aplicar la nueva medida, todavía no se ha puesto en marcha el nuevo plan. Además, hay algunos asuntos que aún quedan por aclarar, cómo por cuánto tiempo se podrá retrasar el pago.
Aquellas empresas que estén pensando en retrasar el pago de las retenciones de sus trabajadores, tendrán que tener en cuenta que no va a ser gratuito: tal y como ya se venía haciendo en otro tipo de aplazamientos, deberán presentar un aval y pagar un tipo de interés de demora que, según los Presupuestos Generales de 2009, será el próximo año del 7 por ciento.
La posibilidad de aplazar ciertos pagos no es nueva: hasta ahora era habitual que las compañías retrasasen el pago del IVA o del impuesto de sociedades, unos importes que, a diferencia de lo que ocurre con el IRPF, no salen de la nómina del trabajador. La Ley General Tributaria que regula toda la política fiscal del Estado contempla la posibilidad de que se retrasen ciertos ingresos cuando el pago «pudiera afectar sustancialmente el mantenimiento de la capacidad productiva y de nivel de empleo». De este modo, será posible el aplazamiento siempre y cuando no produzca «quebrantos para los intereses de la Hacienda Pública».
Pedro Solbes confirmaba esta semana la aplicación de la medida y su objetivo de mejorar la liquidez de las empresas. El ministro de Economía afirmaba que «ya se están dando moratorias en las condiciones normales, ahora lo que pretendemos es ir un poquito más lejos para resolver algunos temas adicionales que se plantean».
