Finalmente la Comisión de Industria, Turismo y Comercio del Congreso de los Diputados ha aprobado la Ley de Morosidad que promueve CiU. Se encarga de establecer plazos máximos de 60 días en lo que respecta a los pagos de empresas a sus proveedores y de 30 días de plazos respecto a las administraciones públicas, a la vez se establece un periodo de adaptación en estos dos casos el que se extenderá hasta 2013.
A la vez se elimina la oportunidad que las empresas negociaran los plazos superiores de pago a los ya establecidos por ley. Dejando de lado la propuesta por parte de los socialistas ya que pretendían que dicha posibilidad se mantuviera en los contratos entre empresas que tuvieran una facturación de más de 100 millones de euros.
De esta manera, se fija un periodo de manera transitoria para que las administraciones públicas tengan el tiempo de reducir su límite de plazo, el que se extiende hasta 2013, con 50 días para este año, 50 días para 2011, 45 días para 2012 y 30 días ya desde el 1 de Enero de 2013.
En el caso de las empresas privadas, -exceptuando el sector de la alimentación y los productos perecederos –quedarán obligados a pagar en 30 días en todos los casos, el período transitorio también se extiende hasta 2013, de forma que desde la entrada en vigor de la ley y a lo largo de 2011 el plazo será de 85 días, de 75 en 2012 y de 60 días ya a partir del siguiente año. Para ello se modificará la Ley de Contratos del Sector público.
También quedó sellado por medio de un acuerdo entre el PSOE con CiU que los acreedores tengan derecho a reclamar indemnizaciones por costes de cobro vía reclamación judicial o financiera, fijando un límite del 15% para las deudas que sean mayores a los 30.000€.
Pero también se les da el derecho a los proveedores para que estos puedan tomar acciones colectivas en contra de empresas que incumplan de con los plazos de pago.
Iamgen: emprendedores
