La Asociación Española de los Impagados de la Construcción (Aepic) y la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA), han señalado que los ayuntamientos deben a las pequeñas y medianas empresas (pymes) que les prestan servicios, más de 30.000 millones de euros.
A partir de datos aportados, se sabe que a 1 de Enero de 2009 la deuda viva de los ayuntamientos con las pymes incluyendo las proveedoras de materiales de construcción, además de otras de servicios como papeleras o talleres de automóviles llegaba a 26.128 millones de euros y va en aumento.
Por el lado del Ayuntamiento de Madrid, este es el que más dinero le adeuda a las pymes, con un total de 7.800 millones de euros, la deuda de Barcelona asciende a 2.600 millones de euros y las comunidades autónomas no se quedan atrás, también son morosas con las pymes, su deuda asciende a 15.000 millones de euros, siendo la mitad de lo que adeudan los ayuntamientos.
Mientras que Aepic ha denunciado dicha situación desde hace ya más de 1 año y medio, tiempo en que empezó el declive de la construcción, desde entonces las administraciones públicas, y los ayuntamientos, dejaron de pagar a sus empresas proveedoras. Dicho problema se extendió a los otros sectores, además de que las administraciones locales no están cumpliendo con sus pagos, asimismo Aepic también ha denunciado que se ha frenado la línea ICO-Ayuntamientos, ya que sólo se han reconocido 152 millones de euros de los 3.000 millones de euros aportados por el Gobierno Central.
Además se agregan al incumplimiento de los pagos, las grandes empresas que, dicha deuda asciende a miles de millones de euros, lo que lo hace difícil de cobrar por las deficiencias de la Ley Concursal, trayendo como consecuencia el retraso en años, la recuperación de las facturas que deben aquellas constructoras e inmobiliarias que han cerrado por la crisis. Incluso los procedimientos de reclamaciones de cantidad y procedimientos concursales suelen durar hasta 4 años.
Por todo esto Aepic, solicita mayor agilidad en el cobro de los clientes, en los procedimientos judiciales y en las tramitaciones administrativas.
Una de las que más sufren las diversas consecuencias, son las pymes de la construcción, ante esto se reclama una reforma de la Ley de Morosidad por la que se obligue a pagar las deudas, en un plazo que no sea superior a 60 días y de 30 días para las administraciones públicas.
