La morosidad en las Administraciones Públicas explica la cada vez menor actividad en uno de cada cuatro trabajadores autónomos, siendo el principal problema que causa el deterioro del trabajo de los Autónomos.
Esta actual situación económica causaría el desempleo de medio millón de trabajadores autónomos.
Tal es la situación que ocho de cada diez trabajadores declararon tener problemas en el acceso a los créditos. Durante el primer trimestre del 2009 la cantidad de trabajadores autónomos sufrió un descenso en unos 222.200 puestos y un 10,3% menos en referencia al mismo período del mes anterior.
La Federación pidió que la prestación por cese de actividad de los autónomos tendría que ser parecida a la que perciban los trabajadores que estén suscritos al Régimen General.
La protección social de 420 euros que están negociando los sindicatos y la patronal, de ser aprobada y ponerse en marcha, el acuerdo alcanzado por la Mesa del Trabajador Autónomo compromete al Gobierno a tener que extender este subsidio a los trabajadores por cuenta propia que cesaron en su actividad, una estimación dice que los beneficiarios serían de unos 150.000 a unos 200.000.
Los trabajadores autónomos solicitan tener un sistema contributivo como el de los trabajadores por cuenta ajena, así mismo el Presidente de la ATA declaró que como «líneas rojas» de los trabajadores autónomos la percepción de tres meses de prestaciones por año cotizado y de un año por cada 36 meses de aportación.
También se ha pedido unas medidas tributarias, como la propuesta de reducción de las cotizaciones sociales que el Estado debería cubrir con un incremento del impuesto sobre el valor añadido (IVA).
Sobre este tema desde la ATA pidieron la aplicación del principio de caja en forma de sustitución del actual sistema de devengo y rendir cuentas a las arcas estatales toda vez que una factura sea cobrada y no cuando es emitida.
Los pedidos de la ATA no se quedaron en eso solamente, también pidieron la exención de las prestaciones por desempleo percibidas en la forma de pago único al comenzar una nueva actividad.
Así como el de valorar la exención del IRPF en los primeros años de la actividad cuando exista un rendimiento inferior a los 15.000 euros, el establecimiento de un tipo impositivo del 20% para sociedades con menos de cinco trabajadores y un beneficio fiscal inferior a los 36.000 euros.
Los trabajadores autónomos apostaron por incrementar la dotación por posibles insolvencias hasta el 5% sobre el saldo al final del período o poder reducir la tributación aplicable en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a las actividades económicas desarrolladas por las personas físicas mediante el establecimiento de una deducción en la cuota y la reducción de los módulos aplicables.
Sí bien viéndolo de afuera y no sufriéndolo cualquiera diría que presentaron muchas exigencias, de tomarse estas medidas los trabajadores autónomos estarían más aliviados en medio de la situación en general.
