Según diversos estudios realizados el año pasado, la economía sumergida en nuestro país podía llegar a suponer hasta el 28% del PIB, convirtiéndose de hecho en el país del sur de Europa con mayores cifras en este sentido. ¿Cuáles son las consecuencias de la economía sumergida a estos niveles?
En un marco como el de la crisis que lleva desde 2007 asentado en nuestro país es comprensible el aumento de la cifra del volumen de dinero negro generado en economía sumergida , comprensible ya que de hecho es posible que sea la única opción de obtener ingresos para muchas personas. Sin embargo, esta realidad convive con otra igual de cierta; la economía sumergida provoca a nivel general efectos negativos, pero también efectos negativos directos en los trabajadores y en las empresas y nos sitúa de hecho como uno de los paises de Europa con mayor economía sumergida y mayor perdida de recaudación fiscal.
No obstante no se trata de una figura nueva en nuestro país ni mucho menos. Incluso durante los años de bonanza económica poseíamos tasas de economía sumergida muy superiores a las de la mayoría del entorno europeo. Sin embargo, el problema viene dado cuando éstos se ha convertido no en un modelo de ingreso extraordinario, sino en un modelo estructural de acceso a recursos económicos.
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Desde el punto de vista de los trabajadores sin ninguna duda es una vuelta salvaje a lo precario. Partiendo del punto de la necesidad de ingresos del trabajador, el trabajo sumergido genera desprotección en todos los ámbitos, se encuentra sin cobertura y desde el punto de vista médico, ni social, ni laboral, pero tampoco económico, ya que se trata de modelos económicos frágiles sobre los que difícilmente se puede incidir o reclamar en caso de problemas.
Por supuesto todos los posibles beneficios relacionados con las coberturas de las cotizaciones a la seguridad social quedan automáticamente eliminados, de este modo el periodo trabajado desaparece y no existe a nivel cómputo para cuestiones como jubilación o pensión es de viudedad.
Por supuesto a lo anterior debemos sumar que se produce un deterioro absoluto los derechos y condiciones laborales ya que éstos no tienen por qué ser observados de ninguna de las maneras si el contratado no desea, no hay mecanismo de reclamación legal más allá de la denuncia con lo que se implica para ambas partes.
Las empresas
A primera vista al perjuicio de las empresas puede parecer más sutil pero simplemente arañando la superficie podemos comprobar que existe, y que de hecho es grave.
Sin ninguna duda se puede considerar que aquellas empresas que contribuyen al fraude con la contratación de personas en un modelo de economía sumergida, contribuyen al crecimiento de la carga fiscal del conjunto de los negocios. Por tanto, efectivamente, generalmente son las pequeñas y medianas empresas que cumplen escrupulosamente con la legalidad, las que sobre el papel más van a sufrir la actividad de las empresas defraudadoras, no sólo por esto, además cuestiones.
Se supone que el modelo de contratación ilegal proporciona una ventaja comercial basada en el ahorro de costes, esto establece un modelo de competencia desleal para quienes cumplen con el esfuerzo de atenerse a la legalidad, otro motivo de perjuicio para el conjunto de la empresa.
Sin embargo también la propia empresa defraudadora tiene sus riesgos ante esta actitud. Desde luego el riesgo de ser descubierta en su actividad fraudulenta y sufrir graves y elevadas sanciones es uno de ellos, pero también un riesgo de imagen dentro de su sector, o de su entorno local, que puede perfectamente acabar extendiéndose y a medio plazo perjudicando de manera notable el desempeño profesional.
En general
Desde el punto de vista del individuo que necesita acceder a ingresos a partir de la venta de su fuerza de trabajo resulta complejo establecer una crítica. La gran mayoría de ocasiones el mismo individuo sabe que su situación no es la correcta ni por supuesto la mejor para sus intereses, pero la situación le empuja a aceptar este tipo de relación laboral.
A nivel general es evidente que la falta de cotización y aportaciones al conjunto de los ingresos del Estado que se pierde a través de la economía sumergida no deja de ser un zarpazo al bote común de ingresos, y por tanto, una manera de defraudar y engañar a todos los que sí cumplen con sus obligaciones.
Y es que efectivamente si la economía sumergida no va a contribuir a sostener gastos, lo que sí proporciona es trabajadores y empresarios que no cumplen con la ley pero se amparan en los servicios comunes que no reciben su aportación para ser mantenidos.
En general se da por aceptado que la economía sumergida supone una sustracción de calidad de vida a quienes sí contribuyen a mantener estos servicios comunes, pero además, supone una modificación forzosa a los índices económicos y de políticas sociales de los países, así como a una desestabilización importante de datos clave como las tasas de paro.
Sin duda un tema complejo y uno de los retos básicos de la reestructuración económica necesaria en nuestro país.
