Con algunos de retraso respecto a lo prometido completamos la serie de posts sobre las propuestas de los partidos políticos en materia económica. Los primeros comentarios sirvieron para analizar los programas de PP y PSOE, mientras que en este último se analizarán las del resto de formaciones que suelen participar en la vida política nacional y cuyo papel será clave a la hora de formar el futuro gobierno.
Así, IU, que ya ha mostrado su voluntad de alcanzar un acuerdo con los socialistas en caso de que sea necesario, apuesta por una política económica con un marcado carácter social. En este sentido, no plantea demasiadas medidas en favor de la pyme y gran arte de sus esfuerzos se centran en el problema de la vivienda. El partido presidido por Gaspar Llamazares pretende aumentar la pensión mínima hasta los 600 euros, además un impuesto especial para los ingresos superiores a los 100.000 euros.
En cuanto a las política que más directamente afectan a las pyme, IU se muestra contrario a la supresión del Impuesto de Patrimonio, así como a la bajada del Impuesto de Sociedades, algo que sí han prometido los otros dos grandes partidos. De hecho, apuesta por “incrementar el tipo del Impuesto de Sociedades de las entidades financieras hasta el 35% y establecer una Tasa Especial sobre el beneficio sobredimensionado, (aquél cuyo crecimiento sea superior al triple del IPC) cuya recaudación se destinará a programas sociales de vivienda y revertir en la subsidiación efectiva de intereses en créditos hipotecarios para las familias económicamente más modestas. Mantenimiento del los impuestos cedidos sobre el Patrimonio y Sucesiones y Donaciones, mejorando su progresividad en lo que respecta a las grandes fortunas”.
Por e contrario, IU ha mostrado su intención de endurecer su lucha contra el fraude y vigilará especialmente a las pyme y al resto de empresas que facturen menos de seis millones de euros. Su programa plantea “Habilitar suficientemente a los
Técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda para combatir el fraude y el blanqueo
de capitales en aquellas empresas que facturan hasta 6 millones de euros anuales”. Además, quiere crear un parque público de servicios y promoción tecnológica, logística y de distribución, para pymes , microempresas y empresas de la economía social. Del mismo modo, pretende apoyar las políticas de crecimiento de plantillas de I+D en el sector empresarial, con especial atención a las pyme.
En cuanto al resto de partidos, en su mayoría de carácter autonómico. En este sentido, Ezquerra Republicana de Cataluña propone que los empresarios que contraten a un familiar puedan seguir cotizando a la Seguridad Social, así como un contrato de transición al mundo laboral para los jóvenes. Además, propone deducciones fiscales por valor de 8.000 millones de euros del Impuesto de Sociedades, que rebajaría al 20% a las empresas que facturen menos de 3 millones de euros. Del mismo modo, promete recuperar los incentivos y deducciones fiscales para aquellas pyme que reinviertan los beneficios, junto con ayudas para la inversión en I+D por valor de 2.780 millones de euros y deducciones por las filiales en otros países.
Todavía en el ámbito catalán, Convergencia i Unió (CiU) promete rebajar el Impuesto de Sociedades hasta el 20% para las pyme y el 15% para las microempresas, además de dejas entrever la supresión del Impuesto de Patrimonio que su candidato a las elecciones generales, Josep Antoni Duran califica de “antiahorro”. El partido nacionalista también propone un plan de choque para favorecer la internacionalización de la pyme a través de la creación de un consorcio entre el Instituto de Comercio Exterior (ICEX), las comunidades autónomas, las patronales y las cámaras de comercio.
En el País Vasco, el PNV quiere acometer el proyecto de fusión de las cajas vascas, así como el de la creación de una red de alta velocidad que una las tres capitales de provincia (San Sebastián, Bilbao y Vitoria) que serviría para incrementar el comercio en la región.
