Las Pymes de enhorabuena: las empresas morosas serán penalizadas en las licitaciones públicas

Las pymes llevaban tiempo demandando esto, sobre todo aquellas orientadas a ser subcontratadas por entidades públicas. Parece que ya llega la hora en la que las empresas morosas serán penalizadas en las licitaciones públicas

Las grandes empresas son el grupo que se ve más afectado por esta penalización que forma parte de la nueva ley de contratos públicos, ya que son las que tienen un alto nivel de morosidad comercial en sus cuentas, y es que han convertido en algo habitual a la hora de pagar a proveedores o subcontratas alargar los plazos, quizás ahora esta tendencia deje de existir.

Y es que, por tendencia de las grandes empresas, los proveedores y subcontratas estaban recibiendo los pagos hasta 3 y 4 veces más tarde del plazo máximo legal establecido que es de 60 días, obligando a algunas de ellas a desaparecer por no poder hacer frente a sus propios pagos.

Según la citada Ley de Contratos Públicos, las empresas que utilicen esta práctica de morosidad se verán repercutidas de forma negativa a la hora de la licitación, de esta forma las empresas que paguen con retraso a los proveedores o subcontratas serán consideradas con problemas de liquidez, algo que a su vez es considerado como negativo en la licitación.

Por otro lado las empresas que realizan sus pagos a proveedores o subcontratas dentro del periodo establecido se verán más beneficiadas en la licitación, que esto es algo que también llevaban mucho tiempo reclamando las pymes.

Hay que tener en cuenta la importancia de estas medidas. Ya que es una de las primeras grandes medidas adoptadas para conseguir frenar la morosidad de las contratas públicas, y también agilizar los procesos en relación a los proveedores y subcontratas, algo que ha repercutido de manera muy grave en las pequeñas y medianas empresas durante los últimos ocho años.

Pero más allá aun de lo que esta nueva ley pueda suponer para las grandes empresas con morosidad frente a la licitación, tenemos que ver cómo puede afectar a la reputación e imagen de marca de las misma. Esto hasta ahora pasaba inadvertido, porque aunque una empresa se comportara de esta forma con sus proveedores, al ser una acción generalizada, la repercusión sobre su imagen se veía reducida, pero a partir de la nueva ley no se verá así, ya que se primara el pago en el plazo, la gestión eficiente de los recursos y sobre todo alejarse lo más posible de la morosidad.

Otras medidas adoptadas como la obligación de anunciar en sus cuentas y también en sus páginas web la información compartida de sus plazos medios de pago, ayudaran a mejorar esta imagen de marca, por otro lado también da la posibilidad a las pequeñas y medianas empresas que contraten, de poder hacerse una idea más realista de la situación, pudiendo así incluso llegar a demandar unos intereses de demora en el caso de que no cobrar en el periodo establecido, el impacto que esto puede provocar es enorme, y más si tenemos en cuenta que el 70% de las pequeñas y medias empresas subcontratistas no lo hacen a día de hoy.

Otra de las aspiraciones relacionadas con estas medidas se ha quedado fuera del paquete, hablamos de la posibilidad por el lado de las entidades públicas de acarrear ellas con los pagos del proveedor de manera directa cuando el contratista no lo hace.

Esta nueva ley no dejará de ser un paso esperanzador para conseguir mejorar el importante segmento que ocupa en nuestro país las pequeñas y medianas empresas subcontratadas para servicios de la administración pública.