Hoy día ni las jubilaciones privadas se escapan a la actual coyuntura del mercado y de la crisis. Actualmente se produce una situación de impagos de las empresas e instituciones a planes de pensiones que han sido constituidos para sus empleados.
Es así que, la obligación de las empresas o instituciones de aportar a un plan de empleo es determinado por el compromiso adquirido dentro de la negociación colectiva, debido a que el ahorro colocado en planes de pensiones es tomado como un salario diferido en el tiempo.
Este tipo de morosidad se ha multiplicado por 6, hasta llegar a 75,3 millones de euros, como lo señalan los datos del informe anual Planes y Fondos de Pensiones en 2008 de la Dirección General de Seguros.
Por otro lado señalan que dichas cifras de cierre de ejercicio, no quiere decir que se produzca “un quebranto” de compararse con el patrimonio total de dichos productos, que llega a un total de 84.788 millones de euros, de esta cuantía unos 30.637 millones de euros corresponden al sistema de empleo al cierre de 2009. En tanto que las aportaciones realizadas por parte de las empresas a sus planes de pensiones durante 2009, fueron de 1.322 millones de euros, esto significó un aumento del 7%.
Si bien dicha deuda por parte de los promotores de los planes no llega a afectar al desarrollo de la actividad ni a la política de inversiones.
Según estimaciones hechas, la deuda se verá incrementada de la mano de la crisis que enfrentan las empresas. Mientras que la liquidación de este tipo de productos, en el que su ahorro se coloca en otros planes, se produce a la vez que el cierre de empresas alcanza cifras récord.
Más allá de la actual deuda de los promotores con sus planes, los partícipes-empleados les es reconocida la deuda como un derecho económico, pero pendiente de pago. El problema del retraso, se puede deber a un retraso de días, o más profundo al impedimento de hacer frente al pago por problemas económicos de la entidad. Entre los que encuentran dificultades están los ayuntamientos, que afrontan problemas de liquidez, para ello tiene reservado un fondo para su plantilla.
Para realizar estas aportaciones, a las instituciones les llega a por medio de los Presupuestos Generales del Estado que dirige una partida. En 2009 ha sido del 0,3% del salario de los funcionarios, lo que fue en porcentaje inferior al 0,5% de 2008, debido a que tanto sindicatos como administración pública lo han acordado como medida para reducir los gastos del Estado.
En lo que les toca a las pymes, estas se ven demasiado afectadas por la crisis, lo que les imposibilita cumplir con las obligaciones que han adquirido con sus planes de pensiones en casos de las empresas que hubieran constituido previamente un plan. Previo a la crisis, casi el total de las gestoras incluían dentro de su plan estratégico a pymes en su lista de clientes objetivo, siendo con o sin crisis la mayor parte del tejido empresarial español.
Además las empresas tienen otra deuda reconocida con sus pensiones. Esta son capitales que permanecen en sus balances habiendo quedado pendientes de traspaso a los planes al momento de su constitución.
Mientras que a finales de 2008 llegaba a 317,7 millones de euros, un 30,6% inferior a los 457,9 millones de euros del ejercicio precedente, dicha deuda y su amortización periódica es recogida en un calendario previamente acordado hasta su desaparición.
Imagen: prestamos-personales
