El Ministerio de Trabajo español, ha puesto sobre la mesa una propuesta audaz: reducir la jornada laboral máxima legal de las actuales 40 horas semanales a 37,5 horas para el año 2025, manteniendo inalterado el salario de los trabajadores.
Esta medida, que ha sido bien recibida por los sindicatos, ha generado una fuerte oposición por parte de los empresarios, quienes argumentan que tales decisiones deberían abordarse a través de los convenios colectivos para adaptarse mejor a las especificidades de cada sector.
Respuesta empresarial ante la propuesta
La reacción de los empresarios no se ha hecho esperar. Tras el ultimátum lanzado por Díaz, la patronal Cepyme presentó un informe en el que critican duramente la medida propuesta por el gobierno. Según este documento, la reducción de la jornada laboral supondría un coste de 42.400 millones de euros para la economía española.
De esta cifra, 11.800 millones corresponderían al coste de pagar las mismas remuneraciones por menos horas trabajadas, y 30.600 millones reflejarían la pérdida de valor añadido por no compensar las horas reducidas con un aumento de la contratación.
Los detractores de la iniciativa sostienen que la medida es excesivamente simplista, ya que asume que menos horas trabajadas se traducen automáticamente en una reducción proporcional de la facturación, sin considerar la posibilidad de que las empresas ajusten su fuerza laboral para mantener la producción.
Por su parte, el Ministerio de Trabajo y los sindicatos defienden que la reducción de jornada fomentaría una mejor organización del trabajo y una mayor eficiencia, distribuyendo de manera más equitativa los beneficios de las mejoras en productividad logradas gracias a los avances tecnológicos de las últimas décadas.
Impacto en diferentes sectores y tamaños de empresas
La adaptación a la nueva jornada plantea desafíos significativos, especialmente para las pequeñas y microempresas. Según Cepyme, estas empresas, que a menudo carecen de la flexibilidad para ajustar rápidamente su plantilla laboral, se verían particularmente afectadas.
Además, sectores como la hostelería, el comercio, el inmobiliario y la agroganadería, donde es habitual que los trabajadores superen las 37,5 horas semanales, enfrentarían grandes desafíos. También sería considerable el impacto en las áreas de transporte y servicios profesionales, científicos y técnicos, con más del 80% de los empleados trabajando más de las horas propuestas.
La posición de la patronal
Cepyme aboga por que cualquier ajuste en la jornada laboral se maneje a través de la negociación colectiva, permitiendo así una adaptación más orgánica y ajustada a las realidades de cada sector y empresa. Además, refutan la visión de que las largas jornadas son un problema generalizado en España, señalando que en muchos sectores aún se trabaja cerca de las 40 horas semanales por razones de productividad y organizativas. Indican, además, que la productividad de las pymes aún se encuentra un 2,8% por debajo de los niveles pre-pandemia.
Mientras los empresarios ven la negociación colectiva como la mejor herramienta para regular la jornada laboral, los sindicatos argumentan que una ley es necesaria para garantizar que todos los trabajadores se beneficien por igual de la reducción de horas, especialmente en aquellos sectores con menor capacidad de negociación.
La propuesta de reducción de la jornada laboral en España a 37,5 horas ha abierto un intenso debate sobre cómo equilibrar la productividad económica con la calidad de vida de los trabajadores. Mientras el gobierno y los sindicatos ven en esta medida una oportunidad para avanzar hacia un modelo laboral más moderno y justo, los empresarios expresan preocupaciones legítimas sobre sus posibles efectos económicos. Lo que está claro es que cualquier cambio en la política laboral del país necesitará de un diálogo profundo y considerado entre todas las partes para encontrar la mejor solución posible.
