Entrevistamos aMario Cantalapiedra, economista, escritor, docente y coautor del blog Gestoresderiesgo.com, que acumula más trece años como director financiero y jefe de administración para que nos ofrezca su particular visión sobre la situación del crédito y la morosidad en nuestro país, así como las alternativas de las pyme en este entorno ahora tan hostil.
1-Hace más de un año que entró en vigor la Ley de Morosidad ¿Realmente ha surtido el efecto deseado? ¿Qué es lo que no se ha contado sobre esta ley?
Según los estudios de gestión del riesgo realizados por Iberinform Internacional, la Ley de morosidad apenas ha reducido los plazos de pago medios en España. El problema es que pagar mal aquí tiene rasgos culturales, está en el ADN de muchas empresas. Además las administraciones públicas son las primeras que tienen que predicar con el ejemplo y no lo hacen. Como decía Francisco FernándezOrdóñez “es más fácil cambiar las leyes que las mentalidades y las inercias”.
En períodos de crisis económica las situaciones de impago tienden a aumentar tanto en el ámbito de la empresa como entre particulares. La mejor forma de evitar ser objeto de un impago es adelantarse y para ello nada mejor que consultar los listados de morosos.
En esta época de impagos y morosidad son muchas las empresas que caen en la cuenta de tener que interiorizarse sobre ellistado de morososo el registro de morosos o lista de morosos como ven tiene varias definiciones, consiste en un fichero de datos, por lo general es automatizado, dónde se reflejan los impagos de personas físicas y jurídicas.
Su utilidad reside en poder establecer si alguien paga o no sus deudas por lo general lo utilizan las entidades financieras como una medida previa para otorgar o no la financiación requerida.
Más allá de esto, esta herramienta es muy útil para empresas ya que les sirve para tener una regla por la que regirse y saber si conviene o no iniciar una relación comercial con cierta empresa.
Entrar a una Lista de Morosos
Por lo que, básicamente la lista de morosos tiene por objetivo principal aportar información sobre los impagos. Para entrar a una lista de morosos se deberá cumplir ciertos requisitos, dichas circunstancias se encuentran reguladas según el artículo 29 de la Ley Orgánica 15/1999.
Deberá de existir de forma previa cierta deuda, que haya vencido y sea exigible, habiendo resultado impagada.
Así como el requerimiento previo de pago a quien corresponda, en su caso, del cumplimiento de la obligación.
Además que el acreedor o en todo caso quien actúe por su cuenta e interés, debe de asegurarse que se dan todos los requisitos exigidos en los anteriores apartados, al momento de hacer la notificación los datos adversos al responsable del fichero común.
El acreedor deberá esperar cierto tiempo previamente a introducir a una persona en la lista de morosos.
El gestor de la lista tendrá que informarle a la persona de su inclusión en el fichero en un plazo de 30 días para que éste modifique sus datos. En tanto que, la deuda no podrá permanecer en el fichero más de 6 años desde el registro. De todas formas, siempre se puede pedir acceso al registro como una medida para verificar confirmando los propios datos.
A la hora de salirse del registro de morosos se debe de solicitar cancelar la deuda a través de un gestor que puede encontrarse por Internet o físicamente.
El principal problema que generan las listas de morosos, es que son un impedimento a la hora de obtener financiación por parte de las empresas. Es por ello que se deben de conocer como funcionan así como los derechos que se tienen, y las listas de morosos más importantes que se encuentran activas en España, se encuentran unas 130 compañías y entidades que se encargan de realizar registros sobre impagos.
Las empresas y principalmente las pymes deberán de mejorar en este aspecto y actualizar los datos además de el conocimiento del funcionamiento del sistema ya que mejora la gestión y las posibilidades de entablar una relación con otra empresa.
La gestión de caja es fundamental para las empresas pero no por ello hay momentos en los que, por uno u otro motivo, no se dispone de dinero para pagar a todos los acreedores. ¿Qué ocurre cuando uno de ellos es la Agencia Tributaria? ¿Existe la posibilidad de aplazar los pagos a Hacienda?
Siempre es recomendable pagar a tiempo, pero no siempre es posible. La crisis y el aumento de la morosidad han propiciado que cada vez haya más empresas con problemas para poder cumplir con sus obligaciones con proveedores, bancos y, por supuesto, con los organismos públicos. Por fortuna, estos últimos son bastante más razonables a la hora de aceptar un aplazamiento del pago. Tanto la Seguridad Social como la Agencia Tributaria disponen de mecanismos para aplazar la deuda, aunque no a coste cero. Los intereses que cobran a veces superan a los de las entidades financieras, pero por lo menos permiten diferir los pagos en el tiempo.
Eso sí, en el caso de Hacienda conviene ser previsores, porque si solicitamos el aplazamiento en el periodo voluntario, es decir, antes de incurrir en impagos, la propia Agencia Tributaria paralizará cualquier acción forzosa de cobrar la deuda, empezando por los embargos administrativos.
Como explican desde Conoce tus impuestos, la Ley General Tributaria permite aplazar casi todo tipo de deudas, aunque las más habituales son las del pago del IVA trimestral y el Impuesto de Sociedades, seguidas de las retenciones de IRPF, en cuyo caso habrá que justificar que este comprometería la capacidad productiva o, lo que es peor, puestos de trabajo. A la hora de aplazar los pagos de Hacienda debemos distinguir entre los que necesitan de un aval o algún otro tipo de garantía como una hipoteca o un seguro de caución y las que no, lo que dependerá directamente de la cantidad que se desee aplazar.
En virtud de laOrden EHA/1030/2009, de 23 de abril, la cantidad que se puede aplazar sin necesidad de aval es de 18.000 euros. A partir de esa cifra ya será necesario presentar ese documento para que Hacienda acepte un aplazamiento de la deuda. Este aplazamiento suele ser casi siempre más caro que solicitar un crédito al banco, pero por lo menos es una alternativa. En concreto, quienes aplacen el pago deberán hacer frente a un interés de demora del 7%, pero que si se presenta aval se reduce al interés legal del dinero, fijado en el 5%.
El procedimiento
El procedimiento es relativamente sencillo y en cualquier casi aquí se puede acceder al documento para deudas inferiores a 18.000 euros y aquí al de las que superan esa cantidad.
El primer paso será el de presentar la documentación que justifique la necesidad del aplazamiento de la deuda con Hacienda, para después proponer el periodo que durará este aplazamiento y los plazos de amortización, es decir, cómo pensamos devolver ese dinero. Por último habrá que incluir el correspondiente aval o garantía en caso de que sea necesario.
Tras presentar la solicitud, Hacienda debe comprobar que lo que la empresa expone es cierto y que realmente tiene problemas de tesorería. Tras valorar el expediente, comprueban que no haya deudas pendientes con la administración y sobre todo que los problemas económicos no son tan graves como para que le impidan saldar su deuda en un futuro. Es importante apuntar que si se ha iniciado la acción de ejecución administrativa contra alguno de los bienes de la empresa por culpa de la mora, esta seguirá en marcha aunque se apruebe el aplazamiento.
La morosidad es una de las opciones que toda pyme debe contemplar cuando empieza a trabajar con un cliente. Aunque todas las empresas tratan de cubrirse ante los impagos, lo cierto es que estos terminan produciéndose. Se puede decir que es algo inevitable y cuando llega el momento hay que tener claro como gestionarla relación con clientes morosos.
En principio lo ideal es no tener que recurrir al enfrentamiento ni tomar medidas drásticas, pero esto no siempre es posible. Por eso las pyme también deben tener claro cuáles son sus opciones de presión ante clientes morosos. La primera medida y más sencilla es incluir al particular en el ASNEF, uno de los principales registros de morosos de España, o incluir a una empresa en el ASNEF Industrial, un regustro especialmente dirigido a empresas.
El proceso para inscribir a una empresa en ASNEF no es costoso ni demasiado complicado, aunque para poder llevarlo a cabo deben darse ciertas condiciones. Es decir, la empresa morosa tiene que cumplir algunos requisitos que están recogidos en el artículo 29 de la Ley Orgánica 15/1999
La existencia previa de una deuda cierta, vencida y exigible, que haya resultado impagada.
El requerimiento previo de pago a quien corresponda, en su caso, del cumplimiento de la obligación.
Que el acreedor o quien actúe por su cuenta e interés, se asegure de que concurren todos los requisitos exigidos en los apartados anteriores, en el momento de notificar los datos adversos al responsable del fichero común.
A esto hay que añadir un plazo de espera antes de poder incluir a una empresa en ASNEF u otro registro de morosos. En concreto, según la la Agencia Española de Protección de Datos (APD), sólo se podrá incluir a una compañía en estos ficheros a partir del cuarto mes de impago.
Además, el procedimiento de inclusión también debe atenerse a otra serie de formalismos en cuanto a los tiempos para comunicar la inclusión en el fichero de mosoroso y la veracidad de las pruebas documentales aportadas. En este sentido, la empresa debe ser notificada por escrito en un plazo de 30 días sobre su inclusión en ASNEF Industrial. El documento debe incluir el nombre de quien le ha metido en el registro de morosos y la cantidad por la cual lo ha incluido.
¿Cuanto cuesta?
El coste de incluir a una empresa en ASNEF industrial es muy bajo. En primer lugar hay que darse de alta en el registro y pagar una cuota de usuario de 39 euros mensuales, que además dará acceso a su base de datos y permite incluir los impagados anteriores (hasta seis años en el caso de ASNEF). Cada inscripción tiene un coste de 5,9 euros por el coste de la carta que se envía al afectado y cada consulta de 3,9 euros que se suman y si superan los 39 euros mensuales, el usuario deberá pagar la diferencia. Es decir, cada usuario cuenta con 39 euros al mes para poder investigar posibles clientes o para denunciar impagos.
La consulta de los impagados aporta tres series de datos respecto a la empresa morosa. En primer lugar informa sobre el domicilio y datos sociales, después alerta sobre el importe de los impagados, así como si la compañía está efectuando algún pago de la cantidad adeudada recientemente o de forma periódica. Esto sirve sobre todo para saber si, pese a ser una empresa morosa, tiene intención de ir liquidando sus deudas. Por otra parte, la información sobre el capital social estructura del mismo, etc, servirán para saber con qué tipo de compañía se hacen negocios y su solvencia.
Aunque evidentemente incluir a una empresa en ASNEF, RAI u otro registro de morosos no es agradable, puede ser la única solución para presionar a nuestros deudores. De hecho, uno de cada tres acelera el pago sólo con amenazarles.
Se dice que gran parte de la cadena de morosidad en la que viven los trabajadores autónomos y las pymes es generada por el incumplimiento de pagos de las administraciones públicas y los ayuntamientos formando una cadena y si bien no es el villano de la película tampoco pinta para el héroe.
Para peor y si nos guiamos por el siempre denunciante Lorenzo Amor, actual presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), las próximas elecciones generales del 20 de Noviembre podría ser una excusa para extender el período de pago de deuda contraída por la Administración.
Esto perjudicaría más todavía al colectivo de trabajadores autónomos; aunque se sepa que para este tipo de celebraciones las administraciones se justifican aún mas y si tienen deudas es un motivo excelente.
ATA, muestra mediante un informe que más allá de la falta de liquidez, baja en el consumo, la tasa de paro lo que más está lastrando el negocio autónomo es ni más ni menos que la morosidad, el (58,9%) de los consultados da la razón al argumento de que el no cumplir con los tiempos fijados en la Ley contra la morosidad cuando ni siquieran en algunos casos pagan, no hace más que mostrar sus problemas en sus negocios.
La morosidad es el inicio de la cadena de desafortunados eventos que viven, ya que si se pagara a tiempo, estos podrían cumplir también con los pagos que deben dejar de pagar y las facturas de servicios. Es decir la morosidad de la administración pública crea morosos a la fuerza.
Tiempos de Cobro:
Los tiempos de cobro también son cuestionados, los trabajadores autónomos se muestran enojados con los extensos tiempos para poder cobrar. Un (64,2%) llega a cobrar recién después de pasar 6 meses para cobrar sus facturas y, un (30,4%) deberá de esperar más de 1 año para ver el dinero que le deben.
Cuantía de la Deuda:
La actual cuantía de la deuda de los trabajadores autónomos es de por (25.000 millones de euros), unos (15.000 millones de euros) son adeudados por la Administración pública y (10.000 millones de euros) los debe el sector privado.
Dificultades Extras:
Si lo anterior no fue suficiente, lo siguiente son otras de las dificultades que encuentran por el camino para mantenerse como emprendedor autónomo, uno de ellos y es el de los más comentados es la falta de crédito.
El (61,5%) por no quedarle otra o por no haber a tanto a quienes recurrir, igualmente recurren a entidades financieras por un crédito, y el (37,5%) se ha dado por vencidos.
Uno dice pero como y la línea ICO de crédito acaso no son una solución…pues no si se tiene en cuentan que de han sido 5.000 autónomos del conjunto de 3 millones solamente pudieron hacerse de un crédito a través de dicha línea. Esto se debe a que los requisitos no son siempre alcanzados, también hay casos en que no acceden al total de la cantidad solicitada.
Lamentablemente el colectivo de trabajadores autónomos no tiene más escudo ante estos problemas que la queja y demanda de soluciones por parte de ellos mismos y la ayuda para alzar su voz y representarlos de las entidades representativas.
Existen artículos interesantes que hemos ido desarrollando y que tratan sobre estos temas:
Con la crisis se han disparado la morosidad y al amparo de los mismos ha florecido todo un sector, el de gestión de impagos. Su crecimiento sirve para darnos una medida de cuanto general las facturas que dejan de cobrar las empresas: 560 millones de euros en facturación para este tipo de empresas, aunque la cartera global gestionada es de 71.000 millones.
Morosidad y financiación son, en ese orden, las mayores preocupaciones de las pyme y los trabajadores autónomos. Los últimos datos sobre impagos parecen corroborar ese orden de prioridades. En su informe “Empresas de Gestión de Impagos”, DBK, filial española de Informa D&B , hace una radiografía del sector que bien puede servir para ilustrar como en toda crisis surgen oportunidades. En este caso, la oportunidad de unos llega por la desgracias de otros en forma de dificultades para cobrar por parte de las empresas.
Así, la facturación agregada de las empresas del sector alcanzó los 560 millones de euros en 2010, lo que supone un aumento del 7.7%, algo menor que el de ejercicios pasados, pero todavía importante. Sin embargo, lo realmente espectacular llega por el lado de la cartera total de impagados, que alcanzó los 71.000 millones de euros o un 16,4% más. Si tenemos en cuenta que no todas empresas recurren a servicios de gestión de impagos, sirve para hacerse a la idea del problema de la morosidad en el país. Además, lo peor es que cada vez resulta más complicado cobrar el dinero, incluso para los profesionales. De hecho, la tasa de recuperación de estas empresas cayó hasta el 16,2%, casi siete puntos en los últimos cuatro años.
De esta forma, el volumen de créditos de dudoso cobro de las entidades financieras se situó por encima de los 107.000 millones de euros a finales de 2010, un 15% más que en 2009, lo que supone una tasa de morosidad del 5,81%, más del doble que dos años antes.
A corto plazo, la cartera gestionada por las empresas especializadas seguirá creciendo a un ritmo notable, manteniendo previsiblemente tasas de variación de dos dígitos. Sin embargo, continuará reduciéndose el porcentaje de recuperación, lo que motivará una nueva ralentización del ritmo de crecimiento del volumen de negocio de las empresas del sector. Así, la facturación sectorial podría crecer alrededor del 5% en 2011, manteniéndose ligeramente por debajo de los 600 millones de euros.
En España hay 840 empresas dedicadas a la gestión de impagados, aunque las cinco principales acumulan el 28% del negocio y las diez principales el 40%.
¿Conviene contratar?
Con los datos en la mano quien más y quien menos se planteará si tan necesario resulta contratar los servicios de una empresa de gestión de cobros. Lo cierto es que depende en gran medida del presupuesto de nuestra propia empresa y de las necesidades de caja. Desde un punto de vista puramente operativo se podría aplicar la misma estrategia que a la hora de externalizar servicios: resulta más eficiente contratar a expertos en lugar de perder tiempo y desviarnos de nuestro ‘expertise’. Pero sin embargo, lo que quizás hace realmente recomendable la contratación de este tipo de servicios es la parte emocional que está ligada a la reclamación de una deuda. A nadie le gusta tener que llamar a un cliente para recordarle que no ha pagado, y mucho menos si no es el primer aviso. El desgaste psicológico al que obliga después tiene su repercusión en el trabajo y en el rendimiento que podremos ofrecer.
Además, en la mayoría de casos estos servicios pueden ser hasta gratuitos. La clave pasa por pactar un porcentaje sobre los importes recuperados, de forma que si la empresa de recobro no obtiene resultados no habría que hacer ningún tipo de desmbolso. Eso sí, en caso de que se recuperase el dinero, nunca cobraríamos el total de la deuda, sino sólo una parte.
Si fuera una empresa, una pyme por ejemplo que mal de los que las aqueja desde el inicio de la crisis se sacaría primero, ¿difícil de responder no? e imposible de practicar ya que no existe el hada de los deseos o algo mágico simplemente existe en el mundo laboral y terrenal el encomendarse al trabajo y sacar la pyme a flote.
Por desgracia el paro, la morosidad y la falta de liquidez se han vuelto los jinetes del apocalípsis de las pymes, autónomos y emprendedores y parecen haberse encariñado con ellos por que no hay manera de despegarlos de ellos.
Uno de los tantos números que preocupan es el que dice que un (21%) de las empresas españolas seguirá despidiendo a parte de su plantilla durante los próximos 12 meses.
Mientras que un (57%) no despedirán pero tampoco dan señales que vayan a contratar, prefiriendo no despedir pero tampoco contratar.
Un dato esperanzador y en contraposición al anterior expuesto, tomando fines de 2010 y llegando a Junio de 2011, el nivel de empresas que creen que podrán contratar durante los próximos 12 meses ha crecido al (22%).
Esto y de cara a los próximos meses y considerando que la tasa de paro de Agosto volvió a elevarse luego de haber venido aunque de forma leve reduciéndose en los anteriores meses, no permite hacer una clara previsión sobre el desempleo. Aunque con el nuevo contrato temporal y el nuevo contrato de formación tal vez esto cambie.
Perspectivas Empresariales:
Las perspectivas de los empresarios, durante el segundo trimestre de este 2011, se redujeron en cuanto a si se dará un aumento en la facturación 8 puntos, sobre la rentabilidad el 4 puntos y hasta en 6 puntos en las exportaciones. Lo que refleja que no es nada positivo el futuro de los próximos meses a nivel empresarial.
Subida de Precios:
En lo que se refiere al descontar el efecto de la subida de los impuestos, los empresarios estiman que no se da un terreno indicado para subir sus precios en sus productos y servicios, lo que ciertamente puede llegar a notarse según los productos la evolución del IPC.
Para el (53%) cree que además de no aumentar seguirán en sus niveles y el (23%) en cambio prevé que se algunos precios bajarán.
Morosidad:
Respecto a la morosidad, otro de los males, en un 28% de las empresas españolas la morosidad no solo que no se fue sino que aumentó su presencia en las mismas, ya durante el segundo trimestre de 2011. En los impagos, para un (55%) estos permanecieron en números parecidos a los del primer trimestre.
Buscar Soluciones:
Entre las pocas soluciones más a mano y que sus economías se lo permiten, un (82%) de las empresas decide llevar adelante un análisis de riesgos de la cartera de clientes para evitar los mismos y que esto no le traiga más problemas de los que ya tienen. Es mejor prevenir que lamentar!
Un (76%) de las empresas además crea si no lo tiene o lo potencia el puesto de encargado interno de gestión de cobros.
Otras deciden exigir el pago en metálico, una fórmula llevada a cabo por el (69%) de las empresas españolas.
Otras medidas implementadas son:
-Cobrar el total o la mayor parte por adelantado
-Recuperar el IVA de facturas no cobradas
-Realizar demandas por impago ante el juzgado
-Contrato de seguros de crédito
-Intereses y costes de demora.
Y se suma a la queja de otros sectores que agrupan a este colectivo al señalar que no se está cumpliendo con los plazos de pago ni en tiempo ni en forma con los pequeños empresarios autónomos, lo que trae morosidad y destrucción de empleo en el sector, y en La Rioja.
Otra lamentable situación es que el impago de las administraciones les generan la falta de liquidez y a su vez también retraso en los pagos y como última medida deben cerrar sus pequeñas empresas y negocios.
En algo más de 2 meses, los autónomos de La Rioja vieron crecer la deuda en La Rioja hasta los 8,4 millones de euros, lo que no solo no se cumple con los plazos de pagos fijados sino que cada vez son más extensos.
Los datos de la pérdida de empresas del año pasado en La Rioja, muestra que 724 empresas debieron cerrar, y en lo que va del año no sería raro que pasen este número.
Los números no coinciden con lo que dice la alcaldesa, Concepción Gamarra, que se paga a 50 días, la verdad sería que los ayuntamientos pagan las facturas, en 296 días.
Con esto se espera que los autónomos no declaren el IVA de las facturas no cobradas, siendo una forma de no pagar hasta cobrar, que adelantan el IVA a las diferentes administraciones más allá de que cobran retrasadamente a los 6 meses, incumpliendo la ley de morosidad.
Ayer, día 18 de julio, conocimos los datos de morosidad correspondientes al pasado mes de mayo y lo cierto es que son realmente desalentadores, ya que situaron la tasa en el 6,498%, un valor muy por encima de un porcentaje sostenible en el medio-largo plazo, y que nos retrotrae a los valores de hace 16 años, allá por 1995, cuando intentábamos salir de nuestra última gran crisis.
Y es que con una tasa de morosidad tan elevada, los bancos y cajas españolas no estarán dispuestas a conceder créditos, y si los conceden lo harán con unas condiciones muy poco ventajosas para las PYMES, las cuáles se verán ahogadas por los intereses y las comisiones.
Pero el problema, más allá del valor que haya marcado la tasa de morosidad en el mes de mayo, es que no hay visos de que la cosa vaya a mejorar. Esta tasa viene muy determinada por la tasa de desempleo, y ésta, más allá de la estacionalidad propia del verano, está condenada a seguir creciendo en el futuro cercano, provocando mayores dificultades de las familias y de las empresas para poder pagar sus deudas.
Por tanto, hasta que no se consiga reducir la tasa de morosidad de manera continuada, y sólo se puede hacer recuperando el empleo, no habrá forma de que las PYMES puedan acceder al crédito de forma barata y sin tener que perder su propio ratio de solvencia empresarial.
El monto a pagar de las casi 6.500 facturas pendientes será por 49,6 millones de euros a unas 1.565 pequeñas y medianas empresas a partir de la línea de financiación del Instituto de Crédito Oficial (ICO)que ha lanzado para dicho fin.
El Real Decreto Ley, que fuera aprobado por el Gobierno central el 1 de Julio, ha establecido que dichas líneas de crédito podrán aplicarse a obligaciones figuren mediante certificaciones o documentos que acrediten la realización de forma total o parcial del contrato, de suministros, obras o servicios que fueran entregados previamente a 30 de Abril de este año, y que tenga por preferencia la cancelación de deudas con el colectivo de autónomos y las pymes.
Existe un total de facturas pendientes para con las pymes (6.489) por una cuantía de 49,6 millones de euros, aunque han aclarado que no se contabilizan los tipos de interés llegando a ser 54 o 55 millones de euros.
Dicho crédito servirá para pagar las facturas pendientes de 2010 y ordenanas por antigüedad. Resta saber la fecha en que se realizará los pagos mediante la financiación del ICO.
Estiman que en cuanto comience a pagarse todas las facturas en el corto plazo quedarán pagadas siendo un cuantioso alivio para las pymes, el consistorio tendrá que responder a la financiación en 3 años y, los 18 o 19 millones de euros de 2012 deberá abonarlos al ICO.
Con esta financiación del ICO posibilitan que las excusas queden de lado al momento de tener que pagar las facturas y reucir sustancialmente la morosidad. Ya que dentro de las 1.565 pymes unas 15 son definidas como de dudoso tamaño y les corresponden 3 millones de euros. Mientras que habrá cierta diferencia en el pago a grandes contratas, al dar prioridad a las pymes a través de la financiación ICO prioriza a las pymes.
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