La actual situación de crisis global dispara las actuaciones de empresas y administraciones con el fin de potenciar herramientas aplicables a las organizaciones para salir de esta situación.
Así, el Gobierno lleva a cabo una serie de acciones que fomentan la Responsabilida Social de las empresas en España. RSE es un eficaz instrumento para corregir prácticas que han sido causa de la grave crisis que se está padeciendo, como la irresponsable falta de transparencia de actuaciones empresariales situadas fundamentalmente, aunque no sólo, en el sistema financiero.
Por ello, El Gobierno ha desarrollado medidas, tanto desde el punto de vista estrictamente normativo como desde el plano de instrumentos no jurídicos (estrategias, planes, guías, etc), con el objetivo de favorecer el desarrollo sostenible y, por lo tanto, la responsabilidad social.
Además de la política de fomento de la RSE, el Gobierno en su gestión como Administración pública contempla criterios de Responsabilidad Social (RS) logrando la coherencia del discurso político. Las buenas prácticas en la Administración Pública se basan en criterios fundamentales, como son la transparencia, la empleabilidad, el consumo y la inversión.
Las acciones de empleabilidad van dirigidas a fomentar el empleo en las administraciones y a corregir la elevada tasa de temporalidad que tiene el sector público, en los últimos años.
Las acciones del Gobierno en materia de RSC actúan sobre las Leyes aprobadas en dependencia, igualdad de género, empresas de inserción y medioambientales hasta el apoyo a informes, cursos de formación y actuaciones de difusión de la RSE en las organizaciones.
