Las compañías tienen de plazo hasta el próximo 1 de febrero de 2016 para adaptarse a SEPA (Single Euro Payments Area). En el caso de las empresas españolas el camino que les queda por delante aún es muy largo. Y es que 4 de cada 5 sociedades no reúne uno de los requisitos más importantes de la reforma, el mandato.
Se trata de un documento en el que deben aparecer la distinta información sobre la facturación de los clientes de una empresa y firmados por ellos. Con la firma del deudor se permitirá que pueda domiciliar los pagos a su cuenta.
La SEPA pretende que se adapten los sistemas financieros de cada empresa y se obtenga el mandato firmado para poder formalizar los cobros. Al parecer son muchas las compañías que se han preocupado en adaptar el modelo contable, pero se han olvidado por completo del mandato firmado. Puede suponer todo un problema para ellas ya que en el caso de no cumplir con la normativa los clientes contarían con hasta trece meses de plazo para devolver las facturas, pudiendo justificar que el cobro no es adecuado al no contar con la autorización firmada.
Las compañías no le han prestado mucha atención a este trámite al pensar que los clientes no estarán muy puestos en el tema. Pero es una creencia errónea, sobre todo en estos tiempos en los que la información fluye en gran cantidad por los distintos canales.
Puede que alguna empresa haya optado de momento por realizar el trámite en formato de papel, pero con el paso de los días ha comprobado que es totalmente ineficaz y demasiado caro tanto por los recursos necesarios como por el tiempo que requiere. Cuando se utiliza el papel se hace necesario imprimir el mandato, meterlo en un sobre, comprar el sello, mandarlo por correo ordinario, realizar el seguimiento del sobre, confirmar que llegue a su destinatario y custodiar el mandato en papel, entre otras cosas. Toda una complicación innecesaria, sobre todo porque el mandato casi nunca se devolverá firmado.
El tiempo corre en contra de las empresas españolas, que siempre suelen dejar para última hora la resolución de estos trámites. Como recoge el TBS, aún hay un 80% de las compañías nacionales que no cumplen con el mandato para mejorar la agilizar la gestión de los cobros con los clientes. De lo contrario podrían provocar una situación muy incómoda para ellos.
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