Se acerca el fin del sistema de módulos para autónomos

El actual sistema de tributación de cerca de dos millones de autónomos está obsoleto. Por lo menos esta es la visión tanto de los pequeños empresarios como del Gobierno, que en breve comenzarán a trabajar en la regorma del sistema de tributación por módulos que, junto la estimación directa, utilizan el 57% de las pyme en su declaración del IRPF.

El sistema de módulos afecta a los empresarios con una facturación anual inferior a los 450.000 euros y unas compras que no superen los 300.000 euros sin tener en cuenta el inmovilizado. Mediante este sistema el pago de impuestos se realiza en función al tamaño del local, el número de trabajadores y el gasto de luz. Además, en el caso de bares y cafeterías se añade otro elemento: las dimensiones de la barra.

El sistema de módulos y de la estimación directa se puso en marcha en 1992 como una fórmula para controlar y recaudar una cantidad fija por cada autónomo y micropyme por parte de Hacienda, dada la dificultad para vigilar un colectivo tan disperso y heterogéneo. El problema es que con el paso del tiempo el sistema se ha quedado obsoleto, además de convertirse en un posible foco de fraude. De hecho, según datos que recoge Expansión, los ingresos medios anuales de un pequeño empresario en el sistema de módulos son de 11.627 euros anuales, una cantidad muy por debajo de los ingresos de un asalariado, situados en torno 18.214 euros anuales.
Y es que en el sistema de módulos no convence a nadie en la actualidad. Si desde Hacienda se quejan del fraude, los autónomos argumentan que el sistema les impide acogerse a desgravaciones que sí están disponibles para las sociedades. Además, hace que la contratación de trabajadores no sea rentable, ya que no cuenta con ningún tipo de ventaja fiscal, algo que sí ocurre con el Impuesto de Sociedades. Lo que en cualquier caso si pretenden mantener desde la Federación Nacional de Autónomos (ATA) y la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) son los consideraciones acerca de los gastos relacionados con la actividad de la empresa y que incluyen comidas de trabajo, transportes, el combustible o asesoramientos fiscales o laborales, entre otros.

Todavía es pronto para predecir cómo será el nuevo sistema, aunque tampoco hay que esperar un cambio brusco, sino más bien paulatino, ya que la medida afecta a cerca de dos millones de autónomos y pequeños empresarios.

Cómo aplicar la deducción de los 400 euros del IRPF

El pasado viernes el Gobierno aprobó de forma oficial la norma técnica para que asalariados y pensionistas puedan beneficiarse de la deducción de 400 euros en el IRPF prometida durante las elecciones. Si bien todavía debe publicarse el de desarrollo reglamentario, las pequeñas y medianas empresas tendrán que empezar a aplicarlo a partir del próximo mes y puede suponer un esfuerzo extra para hacer las nóminas de los empleados. Y es que todavía no existe información clara respecto a cómo debe reflejarse esta deducción y los programas de nóminas todavía no están actualizados.Hoy en día son muchas las empresas que han apostado por externalizar el área de recursos humanos y gestoría. Estas pyme notarán en menor medida el ajetreo que supondrá desde un punto de vista administrativo la deducción de los 400 euros. Para el resto el esfuerzo puede ser considerable, sobre todo teniendo en cuenta que buena parte del software de nóminas no refleja el cambio y que las compañías desarrolladoras todavía están trabajando para implementarlo.

Para quienes se encuentren en esta situación, es funcionamiento básico de la deducción de los 400 euros del IPRF es el siguiente: se llevará a cabo una primera deducción en la nómina de junio de un máximo de 200 euros y los 200 euros restantes se prorratearán en las nóminas de los meses siguientes hasta diciembre.

De esta forma, la empresa tendrá que restar 200 euros en la retención del empleado en su nómina de junio. Así, por ejemplo, a un trabajador que perciba 1.500 euros brutos y tenga una retención de 300 euros, sólo se le retendrán 100 euros ese mes. En caso de que sus retenciones no alcancen los 200 euros, se le retendrá el 0%. Es decir, un empleado al que se le retienen 100 euros mensuales sólo podrá obtener esa cantidad de la deducción. Aquí conviene aclarar que en caso de no alcanzar el total habría que sumarle la retención que se le realice en la paga extra de junio, en caso de haberla.

Además, en los meses siguientes habrá que restar otros 200 euros, aunque estos de forma prorrateada cada mes hasta diciembre. Así, será necesario recalcular las retenciones de todos los empleados.

En el caso de los autónomos la aplicación cambia notablemente. Quienes realicen el pago fraccionado del IRPF podrán deducir los primeros 200 euros en julio y el resto en los pagos de octubre a diciembre.

¿Cómo afectan a las pyme las medidas contra la desaceleración?

El Gobierno aprobó en su último Consejo de Ministros el paquete de medidas anunciado por el ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, para atajar la desaceleración económica a la que se enfrenta el país. Se trata de un plan cuyo coste ronda los 10.000 millones de euros, el grueso de los cuáles (6.0000 euros) se destinará a la famosa de deducción de 400 euros del IRPF prometida por Zapatero durante la campaña electoral. Aunque no afecta directamente al bolsillo de la pyme, esta medida sí que beneficiará a la renta particular de los empresarios y de los trabajadores autónomos, que si realizan el pago fraccionado de sus impuestos podrán deducirse los primeros 200 euros en julio, los siguientes 100 euros en octubre y los últimos 100 euros en diciembre.

Pese a ser la medida más llamativa de las que aprobó el nuevo Ejecutivo, hay otras que afectan de forma más directa a las pyme y sobre todo a su capacidad de financiación. La de mayor calado es la ampliación en 2.000 millones de euros del aval que el Estado concede para la titulización de créditos a la pequeña y mediana empresa, que en principio estaba prevista que alcanzase sólo los 1.000 millones de euros. Con esta medida aumenta el capital que los bancos tienen para prestar dinero a las pymes en condiciones preferentes.

Además, el Gobierno también dio el visto bueno a la aceleración de las devoluciones del IVA, que a partir del próximo año se podrán solicitar mensualmente, lo que supone un estímulo a la liquidez de las pyme. Así, estas empresas podrán contar todos los meses con un dinero que antes tenían que esperar cerca de un año para poder tener en sus manos. En concreto, se entregará de forma anticipada una cantidad cercana a los 6.000 millones de euros durante 2009.

Por último, se prorrogará hasta el próximo 5 de mayo el plazo para realizar el primer pago fraccionado del Impuesto de Sociedades y del IRPF. En este caso se trata de una medida encaminada a permitir mayor flexibilidad a las pymes ante el nuevo Plan General Contable que están teniendo que digerir en 2008.

Flexibilidad para afrontar el Plan General Contable

Que la implantación del nuevo Plan General Contale (PGC) en las pyme no iba a ser tarea fácil era algo más o menos previsible, pero el proceso está siendo incluso más costoso de lo previsto. Las empresas no terminan de adaptarse y esto ha llevado al Gobierno a plantear una nueva reforma de la ley del Impuesto de Sociedades para, en primer lugar abaratar el coste de ‘digerir’ el plan y, en segundo, flexibilizar los pagos a Hacienda.

El PGC ha alterado la forma de registrar y valorar los activos, y por lo tanto, ha modificado sustancialmente la factura fiscal de las compañías, aumentando en muchos casos sus obligaciones con la Agencia Tributaria. Uno de los cambios con más notables ha sido el que afecta a la provisión de cartera que ahora ha aumentado su valor y obliga en muchos casos a realizar un abono en la cuenta de reservas y, por lo tanto, un ingreso a efectos fiscales que después hay que tributar. Se trata de sólo de un ejemplo, pero no es el único.

Si bien el PGC ha servido para atajar y mejorar algunos aspectos de la contabilidad empresarial, también es cierto que ha descuidado otros elementos que ahora deberán resolverse a través de modificaciones en la ley de Impuesto de Sociedades. De hecho, es previsible que el nuevo Gobierno aproveche el Real Decreto Ley con el que flexibilizará el pago del Impuesto de Sociedades y el IRPF para empresas y trabajadores autónomos. Y es que desde hace tiempo el Gobierno ha asegurado que facilitará la adaptación a las nuevas normas contables alargando los plazos de pago a Hacienda, lo que ocurre es que no veía con buenos ojos aprobar un decreto de ley en su condición de interino durante las elecciones. Ahora lo hace ante la cercanía de la fecha límite de pago.

El plazo previsto para el pago fraccionado es entre el 1 y el 20 de abril. Aunque todavía no ha ofrecido el periodo exacto de ampliación, este será suficiente, según el propio Gobierno, para resolver las dudas de los empresarios sobre la aplicación del PGC.

En cualquier caso, hay que recordar que la elaboración del PGC todavía no está terminada. Aunque la norma está en vigor desde hace tiempo todavía está pendiente la publicación de normas específicas para diversos sectores de actividad. Se trata de algo parecido a lo que ocurre con el Estatuto de los Trabajadores Autónomos, ya aprobado pero todavía pendiente del desarrollo de algunos de sus puntos.

¿Qué pueden esperar las pyme tras las elecciones?

Las elecciones vuelven a dejar al PSOE como vencedor y futuro partido en el Gobierno. Los socialistas han revalidado su victoria y ampliad su ventaja respecto a las anteriores primarias con 169 escaños. Por su parte, el PP también ha mejorado sus resultados de 2004 con 154 escaños, en tanto que los partidos nacionalistas pierden votos en general. Así, ERC baja hasta los tres escaños, PNV a seis, en tanto que CiU mantiene los 10 escaños cosechados en 2004 y el Bloque Nacionalista Galego hace lo propio con sus dos escaños. Además, IU se queda con tan sólo dos diputados.

Una vez más el partido socialista tendrá que volver a pactar si quiere formar gobierno y, sobre todo, lograr estabilidad en la nueva legislatura. Por el momento el presidente José Luis Rodríguez Zapatero ya ha mostrado en sus primeras declaraciones su disponibilidad al diálogo, tanto social como político. Y es que atendiendo a su programa electoral, la nueva etapa del PSOE debería estar marcada por un claro sesgo social. Pero, ¿cómo afecta esto a las pequeñas y medianas empresas? En un principio deberían salir beneficiadas, sobre todo si como dice asegura Zapatero, gobierna “para todos, pero pensando antes que nadie en los que no tienen de todo”.

En cualquier caso y hasta que no se demuestre lo contrario, habrá que atenerse a las promesas electorales hechas por el PSOE durante la campaña y que en el plano económico se resumen en las siguientes:

- Deducción de 400 euros en el IRPF para todos los trabajadores, autónomos incluidos.
- Posibles rebajas en el impuesto de sociedades dependiendo del margen que le  otorguen las arcas del Estado.
- Supresión del Impuesto de Patrimonio
- Supresión del pago de impuestos en herencias inferiores a los 60.000 euros y en la sucesión de vivienda y negocio familiar siempre y cuando la subsistencia de los herederos dependa de ella.
- Mejora de la conciliación de la vida laboral y familiar.
- Mejora de la competitividad de la empresa nacional a través de la inversión en I+D

Con las promesas en la cabeza sólo resta saber cómo y cuándo las llevará a cabo el PSOE y con la ayuda de qué partidos conseguirá su aprobación, además de los cambios que puedan darse en los diferentes ministerios. De momento, la presencia de Pedro Solves al frente de la cartera de Economía y Hacienda parece segura, por lo que no deben esperarse grandes cambios en la política actual y lo mismo puede decirse en el ámbito laboral, donde Jesús Caldera parece destinado a continuar en su puesto.

Promesas electorales (II): PP

Si ayer analizamos las propuestas del PSOE en materia económica hoy llega el turno del PP. Las finanzas se han convertido en uno de los ejes del partido en la oposición, que incluso ha fichado al ex presidente de Endesa, Manuel Pizarro, ara dotar de más ‘peso’ a su programa. Como suele ser habitual, los dos principales partidos políticos rivalizan en sus principales promesas.

En ese sentido, tanto PP como PSOE han mostrado su intención de eliminar definitivamente el impuesto sobre el patrimonio a lo que se suma una rebaja de los gravámenes que se aplican a la vivienda y una remodelación de las rigideces del mercado del suelo. Además, también planea suprimir el IVA en el impuesto de sucesiones. El principal partido de la oposición también tiene previsto revisar el Impuesto de Sociedades, que rebajará del 30% a 25% en el caso general y del 25% al 20% para las pyme. Además, podría generalizar la reducción del 20% a todas las empresas  siempre que “asuman el esfuerzo y cumplan sus objetivos en aspectos clave como conciliación, eficiencia energética y mayor esfuerzo en I+D”.

Por otra parte, el partido que preside Mariano Rajoy también elevará el mínimo para pagar el IRPF. La rebaja fiscal media rondará el 16% y se reducirán de cuatro a tres tramos con una rebaja de los tipos al 20, 30 y 40%. Por otra parte, las rentas inferiores a los 16.000 euros estarán exentas del tributo, en tanto que las mujeres se beneficiarán de una rebaja adicional de 1.000 euros.

En cuanto al empleo, el PP promete crear 2,2 millones de puestos de trabajo durante la próxima legislatura al tiempo que confía en elevar la tasa de actividad femenina hasta el 68% en 2011. En cualquier caso, el objetivo de la oposición sería alcanzar el pleno empleo, además de lograr la igualdad de sexos tanto en el número de trabajadores como en cuanto a la retribución. Para lograrlo, creará 400.000 plazas de guardería.

En total, el coste de todas estas propuestas rondaría los 21.000 millones de euros. Sin embargo. Mañana seguiremos con las del resto de formaciones políticas dentro de esta serie de posts destinados a que el pequeño y mediano empresario conozca las ventajas que cada formación le ofrece desde un punto de vista estrictamente económico.

Promesas electorales (I): PSOE

Como en cada campaña electoral cuando se acercan las elecciones, los partidos políticos presentan sus programas de gobiernos y se lanzan a la caza de votos a través de promesas que sirven, entre otras cosas, para plasmar los ideales que aparecen esos mismos programas. En muchas ocasiones el debate político en los medios de comunicación se centra en las medidas más ‘populistas’, mientras que otras de mayor trascendencia se presentan como ‘comparsa’. Por eso es importante que los pequeños y medianos empresarios conozcan los proyectos y acciones concretas que cada partido ofrece en materia económica.

Desde un primer momento el PSOE ha asegurado que la prioridad de su programa serán las políticas sociales, pero también ha dado una serie de líneas maestras sobre sus planes para las pyme. La deducción de 400 euros en el IRPF prometida por José Luís Rodríguez Zapatero ha sido la medida más comentada, sobre todo por la posibilidad de que los autónomos se quedasen fuera de los subvencionados. Finalmente, este colectivo, que supera 3,3 millones también podrá embolsarse esta cuantía, aunque todavía no está muy claro cómo se llevará a cabo desde el punto de vista operativo.

Además, desde el partido en el Gobierno también han anunciado que estudiará ampliar las rebajas en el impuesto de sociedades. En concreto, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, precisó que “lo que nosotros haremos es, con los recursos, con la recaudación de los impuestos, aplicar las políticas sociales y si hay margen, si hubiera margen a lo largo de la legislatura, se aplicaría siempre a mejorar las rentas del trabajo y las rentas de los pensionistas”, explicó. En el caso del impuesto de sociedades, el PSOE rebajará la presión fiscal “a las pequeñas y medianas empresas si hubiera ese margen”.

Otra de las grandes promesas electorales del PSOE en materia económica será la supresión del Impuesto de Patrimonio, aunque todavía no se ha concretado cómo se compensará a las Comunidades Autónomas por la merma de sus ingresos. Se trata de una antigua reivindicación de todo el sector fiscal y de una medida que acabará con un gravamen ya obsoleto. Todavía en el ámbito fiscal, se eximirá del pago del impuesto de sucesiones a las herencias inferiores a los 60.000 euros y tampoco tributarán por sucesiones la vivienda familiar y el negocio familiar, siempre y cuando dependa de ella la subsistencia de los herederos.

En cuanto al empleo, el PSOE se ha comprometido a crear dos millones de empleo en la próxima legislatura hasta alcanzar el pleno empleo en 2011. Entre sus previsiones destaca la reducción de la tasa de paro al 7% y el aumento de la actividad hasta el 70%, además de continuar con su lucha contra la temporalidad, que debería caer al 25%. Para ello ha prometido mejorar las inversiones en I+D para potenciar la competitividad de las empresas españolas, aunque no ha precisado ningún tipo de medida al respecto. Lo que sí hará para mejorar la conciliación entre trabajo y vida familiar es la creación de 300.000 plazas de guardería.

Quienes deseen emprender un nuevo negocio también lo tendrán más fácil y además de las habituales ayudas y asesoramiento, se bonificará con 500 euros anuales sobre la cuota de la Seguridad Social a cargo del empresario que sea mujer joven o inmigrante para el primer trabajador contratado de forma indefinida. Del mismo modo, los particulares que inviertan en proyectos de emprendedores podrán deducirse el 10% de esa cuantía en el IRPF y se tratarán de reducir las cargas administrativas un 30% a través de la simplificación de los trámites burocráticos.

La realidad de los cheques comida

Hace aproximadamente nueve meses el Gobierno aprobaba un polémico cambio en el reglamento de los tickets restaurante limitando su uso y poniendo en pie de guerra a todo el sector empresarial, donde el uso de esta herramienta como fórmula de pago en especies está más que extendida. En concreto, prohibía la acumulación de estos queques así como su uso fuera del horario de oficina, aunque aumentaba su cuantía máxima hasta los nueve euros diarios.  Pese a las voces alarmistas, lo cierto es que los cheques comida se han seguido utilizando de forma prácticamente idéntica a como venía haciéndose antes del reglamente. Todo ello aunque estén numerados y en teoría las empresas controlen su emisión porque son intransferibles.

Alternativas como las tarjetas de crédito se han extendido entre las pyme, aunque la realidad es que los vales comida siguen siendo la principal fórmula que las empresas utilizan para alimentar a sus empleados, además del método de retribución alternativo más común. La aplicación del nuevo IRPF ha servido para volver a sembrar dudas acerca de su uso y especialmente sobre quien recae su mala utilización. Según publica Cinco Días, la Dirección General de Tributos los actuales cheques cumplen a rajatabla con la legalidad en lo que al IRPF se refiere y son los propios empleados quienes deben responsabilizarse de su correcta utilización. La empresa sólo debe asegurarse de que sus vales cumplen con la normativa, es decir, que están numerados y son, en teoría, intransferibles, aunque sí puede ser responsable si se acredita que no cuenta con métodos de control sobre los ticket que emite.

Lo cierto es que la ‘nueva’ ley, surgida para evitar subidas encubiertas en los sueldos de los trabajadores a través de los cheques comida (no tributan a Hacienda) no está funcionando como el Gobierno preveía. Al elevar el importe máximo diario los trabajadores disponen de más dinero ‘legal’ para ‘defraudar’ al fisco, que estaría dejando de ingresar cerca de 1.800 euros por trabajador tras el cambio legislativo. El problema con el que se encuentra Hacienda es cómo controlar el uso fraudulento de los cheques, ya que si bien es la propia empresa quien debe responsabilizarse de su emisión, muy  pocas cuentan con herramientas de control efectivas. La tercera parte implicada son los restaurantes, que casi siempre actúan como ‘cómplices’ de los empleados aceptando varios cheques juntos por importes superiores a los nueve euros y fuera del horario de oficina.
Desde las empresas emisoras de tarjetas de pago se propone generalizar el dinero de plástico como alternativa, algo que el sector restaurador tampoco termina de ver claro. De momento, lo único seguro es que Hacienda va a endurecer el control de esta herramienta de pago para que la temida reforma llevada a cabo en abril ente por fin en ‘vigor’.

Las nóminas a la carta

En un mundo donde el talento escasea y cada vez es más difícil encontrar profesionales cualificados, se hace imprescindible disponer todos los medios para captar y retener a los trabajadores elegidos. Las fórmulas son varias, desde incentivos en función de objetivos, apoyo económico para la formación o diseñarle una interesante carrera profesional en la empresa. Sin embargo, todo esto puede ser en vano si no se alcanza un acuerdo en materia salarial. Y en este apartado una opción que apenas utilizan las pyme españolas pese a los beneficios que puede dar es la retribución flexible.

La también llamada nómina a la carta no consiste, evidentemente, en que el empleado elija la cuantía de su sueldo, sino en establecer fórmulas para que, ganado lo mismo, obtenga mayor liquidez o, lo que es lo mismo, aumente su poder adquisitivo. ¿Y cómo se consigue esto? Puesto cubriendo por parte de la empresa algunas necesidades del empleado tales como ayudas a la comida, seguro médico o guardería desde su salario bruto. El funcionamiento de esta herramienta es bien sencillo: la empresa propone a sus empleados acceder a una serie de servicios con unos determinados proveedores y luego son los propios trabajadores quienes deciden o no adherirse a los mismos.

Las ventajas, tanto para la empresa como para el empleado, llegan por medio de los ahorros en el posterior pago de impuestos. Por su parte, la compañía puede llegar a deducirse hasta un 35 por ciento de su Impuesto de Sociedades, además de asegurarse una considerable rebaja en la cotización a la Seguridad Social. Mientras, el trabajador, además de ver cómo la empresa se preocupa por su bienestar, obtiene un incremento de la liquidez de su sueldo y unos servicios más baratos. Al mismo tiempo, desgrava parte de su IRPF y reduce algún punto su nivel retributivo, lo que se traduce en tener que pagar menos impuestos.

De nuevo, la falta de información (o de tiempo por parte del empresario, dependiendo del caso) se postula como la mayor barrera para que la pyme pueda aprovecharse de este sistema. Apenas existirán más de 3.000 empresas que utilicen la nómina a la carta, y evidentemente, la gran mayoría son multinacionales. Muy pocas pyme sacan provecho de un sistema que conlleva un ahorro en salarios tipo de entre 700 y 800 euros anuales. En el fondo, las pocas empresas que se dedican a ofrecer estos servicios prefieren acudir a grandes corporaciones por el volumen de negocio que éstas generan y ven a la pyme, por estar excesivamente atomizadas.

Cambios en los ticket restaurante

El uso de los ticket restaurante se ha expandido enormemente en los últimos años. Muchas pyme los utilizan a modo de ‘comedor de empresa’ o, simplemente, como otra foram de bonificar el trabajo de sus empleados. Se trata de una forma de pago con menores costes para la compañía, ya que los tiket no cotizan a la seguridad social y, por lo tanto, no implican cuentas fiscales.

Sin embargo, el uso y la situación de los mismos ha cambiado desde el pasado 1 de mayo debido a no de los reglamentos que desarrolla la nueva Ley sobre el IRPF. Lo más positivo para las pyme es el aumento del límite máximo exento de tributación en 1,19 euros hasta alcanzar los 9 euros. Sin embargo, como suele ourrir en estos casos, no todo iba a ser positivo.Es más, junto con este ‘regalo’ la norma introduce también una serie de restricciones que limitan, y mucho, el actual uso delos tickets restaurantes fuera del horario laboral, especialmente los fines de semana.

En primer lugar, a partir de ahora será necesario consumir los nueve euros del cheque en el mismo día, ya que no será posible acumular la cuantía sobrante para días posteriores. De la misma forma, no se podrán reciir las vueltas de la cantidad sobrante. Además, sólo se admitirá un máximo de un ticket por día, que será personal e intrasferible. Para asegurarse del cumplimiento de todas estas disposiciones, las empresas deberán llevar un detallado registro de los cheques que entreguen a sus traajadores en el que figurará el emprelado, la fecha de entrega y la firma del adjudicatario.

Evidentemente, todo esto supone una serie de importantes cotratiempos para las empresas Para empezar, incrementa notablemente el papeleo que tienen que realizar, todo ello teniendo en cuenta que les sea rentable o incluso posible automatizar el proceso. Del mismo modo, también disminuye el atractivo de los cheque comida para los empleados, que solo podrán utilizar los tickets para su uso primigéneo: una alternativa al comedor de la empresa. Además, al considerarse salario en especio no exento, aumenta notablemente su salario base y, por lo tanto, las retenciones tributarias.

Pese a todo, la parte más negativa para las pyme es el anuncio de Hacienda de que perseguirá a aquellas empresas que incumplan la ley y podrá sancionarle por negligencia.