La siniestralidad laboral es uno de los aspectos que más preocupan al Gobierno, que ya desde hace tiempo trabaja en un plan para reducir esta cifra. El Ejecutivo busca una mayor implicación por parte de las empresas después de que el endurecimiento de las leyes en esta matera. Ahora quiere llegar un paso más allá  y se está planteando obligar a las empresas a suscribir un seguro de responsabilidad civil sobre accidentes laborales y protección de la salud de los empleados por infracciones de las medidas de seguridad en el trabajo.

Según publica Expansión, esta medida, que afectaría especialmente al sector constructor, sería obligatoria para todas las compañías. Es decir, tanto la empresa principal adjudicataria del contrato en ejecución como las posibles subcontratas. En concreto, estos seguros cubrirían, siempre con una cuantía máxima, indemnizaciones por defunción y daños a la integridad y física y la salud. En el fondo, se trata de una medida más encaminada a concienciar a empresarios y trabajadores de la necesidad de atenerse a las normas de seguridad laboral.

Además, incluso se está planteando que quienes carezcan de este seguro no puedan obtener licencias para iniciar obras de construcción o realizar otra serie de actividades fabriles. De esta forma los cerca de 700 euros anuales por trabajador que debería desembolsar la empresa cada año no serán excesivos en comparación con el cese de la actividad. En cualquier caso, el Gobierno podría ayudar a las pyme a hacer frente a este gasto con rebajas en la cuota de la Seguridad Social y otras primas para las corporaciones que no registren siniestros.

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