Por torpeza, avaricia o incapacidad (o la suma de todo ello), los ejecutivos de una parte del sistema financiero se encuentran en aprietos. Han hecho méritos para convertirse en los villanos de la sociedad que ve cómo aumentan el paro y los impuestos y al mismo tiempo bajan los servicios públicos y la inversión en educación y salud.
A la vez, la gran parte de esos directivos de entidades socorridas por el Estado han recibido sueldos millonarios, han cortado el crédito y han vendido preferentes, un activo tóxico que amenaza con arruinar a casi 100.000 clientes. Con este ambiente de fondo, se inician las comparecencias de los principales actores de la crisis financiera en la Comisión de Economía del Congreso.
La Cámara, en representación de los ciudadanos, tiene razones de sobra para investigar. El dinero comprometido por el Estado para salvar a una parte de las antiguas cajas de ahorros suma 150.553 millones. Esta cifra incluye, según el reciente informe Reestructuración y bancarización de las cajas de ahorros, realizado por la UGT (Unión General de Trabajadores) , las participaciones preferentes, el capital directamente inyectado, los fondos comprometidos para garantizar morosos de entidades quebradas, la compra de activos financieros y, sobre todo, los avales, que suman 95.367 millones. Por esta última ayuda las entidades han pagado más de mil millones en comisiones al Gobierno.
En los 150.553 millones se incluye la participación del Fondo de Garantía de Depósitos, que está financiado directamente por la banca e indirectamente por sus clientes. Solo el Santander y el BBVA han emitido en esta crisis sin el paraguas del Estado, aunque el banco vasco ha adquirido Unnim, que contaba con ayudas en su balance.
Y ese no es todo el apoyo público. Como recordaba el informe de UGT, Bankia está pendiente de recibir 19.000 millones de Europa, garantizados por el Estado español. Y otros 43.000 millones más el resto de las entidades con problemas. Es decir, si no hay sorpresas desagradables una parte del sector financiero absorberá recursos públicos por hasta 212.000 millones. Una fortuna incomprensible para la sociedad.
El impacto de la crisis financiera en su sector se traduce en la pérdida de 30.172 puestos de trabajo y el cierre de más de 5.700 oficinas. La pérdida de estas sucursales “dejará al 12% de la población española situada en núcleos rurales en exclusión financiera”, según José Miguel Villa, secretario de banca de UGT.
Este sindicato intercede por la creación de una banca pública con las cajas nacionalizadas que garantice la llegada del crédito a familias y a pymes solventes ya que lo peor de la crisis financiera son los más de 5,5 millones de parados. “No hay otro camino para reflotar España”, asegura el secretario de banca de UGT.
Entre las cajas que han recibido la mayor parte de las ayudas destacan la CAM y Bankia, con 44.000 y 42.000 millones de euros respectivamente. A continuación, dos cajas superan también los 10.000 millones en ayudas: Catalunya Caixa y NovaGalicia Banco. Los directivos de estas entidades pasarán por el Congreso.
Ante esta escandalosa situación, el Gobierno redactó un real decreto en febrero pasado para limitarlos entre 600.000 y 300.000 euros. Al ejecutivo al que más afectó esta medida fue a Rodrigo Rato, presidente de Caja Madrid y BFA-Bankia. Rato tenía alrededor de dos millones más en retribución variable que en 2011 no cobró, según la entidad.
