Es muy triste la desfachatez de la Administración Pública en cuanto a la contratación de bienes y servicios a las empresas y autónomos. Lo que se contrata, se debe pagar en un plazo razonable, que el tejido empresarial no tiene el porqué financiar un Estado del Bienestar que el Estado no puede o no sabe mantener.
Realmente es penoso que se hable de políticas de generación de empleo, cuando con pagar los casi 15.000 millones que se deben a los autónomos se habría podido evitar que 260.000 trabajadores por cuenta propia se vieran obligados a cerrar los negocios (por la mosoridad pública y privada).
Con esta forma de contratar y pagar del sector público, el ejemplo que dan para que se cumpla la Ley 3/2004 contra la morosidad en las operaciones comerciales es nulo. El típico ejemplo de papel mojado que acostumbran a legislar cuando de regular la economía se trata; y fue una transposición de una normativa europea, no iniciativa del Estado Español.
La norma establece un plazo máximo para pagar después de la fecha de la factura de 60 días, para la Administración (y un interés de demora en caso de incumplir estos plazos). Y algunas sedes públicas pagan a 600 días y no dimite nadie.
Los peores pagadores son los ayuntamientos, seguidos de las comunidades autónomas y, finalmente, la administración central; ello tiene que ver tanto con la idiosincrasia de cada nivel como en la capacidad de financiación que se tiene.
Esta crisis económica está poniendo de relieve muchas ineficiencias del sistema; entre ellas la regulación del autónomo. Si bien ha habido algunos avances, como la creación de la figura del autónomo económicamente dependiente, no es menos cierto que la realidad económica se ceba sobre el trabajador por cuenta propia, que en muchos casos gana menos y tiene muchos más deberes que un empleado.
Tanto las entidades financieras como la Administración, los sindicatos y las organizaciones patronales han dejado de lado al colectivo de los autónomos, lo cual no deja de ser un gran despropósito nacional, dado que las pequeñas empresas generan el 80% del empleo en España. Para salir de la crisis deberemos entender que son las pequeñas empresas las que influyen en la mejora de la tasa de paro, no las multinacionales. Y las reformas se centran, erróneamente, en las grandes empresas.
