El plan antifraude y antievasión fiscal que prepara el Gobierno incluye como principal novedad la posibilidad de limitar el uso de efectivo para así tener un mayor control de las operaciones de empresas, autónomos e incluso para particulares.
El Plan General de Control Tributario para 2012 que maneja el Gobierno prevé, según explicó Soraya Sáen de Santamaría implantar un límite al uso de efectivo en las transacciones comerciales a partir de determinado importe. Todavía queda mucho por concretar, pero ya se especula con un límite del pago en efectivo a partir de una cifra que podría encontrarse entre los 1.000 y los 3.000 euros. De esta forma, en caso de aprobarse definitivamente esta medida habría que recurrir a otros medios de pago como las tarjetas de crédito o las transferencias desde la cuenta corriente para hacer frente a ese tipo de operaciones.
La medida podría no sólo limitarse a las empresas y trabajadores autónomos o profesionales sino que también afectaría a los particulares. En otros países de la Unión Europea como Italia y Francia ya se aplican medidas similares. En Italia, por ejemplo, el límite al uso de efectivo se encuentra en los 1.000 euros, mientras que en Francia es de 3.000 euros entre empresas y de 1.500 para los salarios. Otros países optan por no permitir a la empresa deducir el IVA de las facturas pagadas en efectivo y que superen este importe o en el IRPF o el Impuesto de Sociedades.
Imponiendo un límite al pago en efectivo el Gobierno pretende tener un mayor control sobre las operaciones que se realizan, además de limitar el uso del dinero negro. Actualmente, las entidades sólo informan a la Agencia Tributaria de las operaciones que superan los 3.000 euros y de imponerse el límite en los 1.000 euros Hacienda tendría mucho más material con el que trabajar. Además, supondría un según los técnicos de Hacienda un aumento de 26.000 euros en la recaudación del Estado.
En cualquier caso, todavía falta conocer la forma en la que se implementará e instrumentalizará el límite a los pagos en efectos, aunque a priori se puede señalar a un claro beneficiado: las entidades emisoras de las tarjetas. Ante la imposibilidad de cobrar en efectivo la segunda opción más viable parece la de las tarjetas de crédito con sus consiguientes comisiones, a las que deberán hacer frente los comercios o en su defecto los usuarios. En este sentido, no parece que se trate de la medida más justa.
El plan antifraude del Ejecutivo también llega acompañado de otras medidas que se desarrollarán en tres ámbitos diferentes: la intensificación en el lucha contra los incumplimientos tributarios, la mejora del control en la fase recaudatoria y la colaboración de la Agencia Tributaria con los organismos fiscales de las comunidades autónomas y la Seguridad Social. Traducido a medidas concretas, esto supone un aumento de las inspecciones de Hacienda y de la revisión de locales que no figuran como comercios pero presentan consumos eléctricos sospechosos. Para poder aumentar los registros Hacienda trabajará para mejorar y facilitar otras gestiones de forma que se puedan liberar recursos.
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