Cuando lo mejor es vender la empresa

Aunque aparentemente las fusiones y adquisiciones son más propias de las grandes empresas, no hay ninguna razón para que una pyme no pueda entrar también en este juego para resolver los diferentes cambios a los que se puede enfrentar. Bien es cierto que no existe en España demasiada costumbre al respecto, pero también lo es que la venta a tiempo de la empresa no tiene por qué ser necesariamente un trauma.

El mayor error que comenten muchas pyme en este apartado es caer en el autoengaño, es decir, obviar la caída de la progresiva de la pyme durante años. Es el primer síntoma del fin, que puede alargarse durante años como una agónica muerte. Esto pone de relieve que, efectivamente, existen ocasiones en los que lo más útil para la subsistencia de la propia empresa es su venta para que la nueva savia gestora le dé otro aire. Sin embargo, en estos casos siempre queda preguntarse ¿Cuándo es el mejor momento para hacerlo? No hay una respuesta clara y en primer lugar el emprendedor deberá realizar un análisis lo más objetivo posible de la situación y evitar que le afecten, en la medida de lo posible, las llamadas ‘barreras emocionales’.

Es normal que el apego a la empresa, que no deja de ser ‘la niña de sus ojos’ y otros miedos e inseguridades retrasen la operación e incluso lleguen a desbaratarla. Los datos son claros, una vez pasado el momento cumbre, el valor de la compañía puede caer hasta un 30% e incluso más. En el peor de los casos, al no venderla en el momento oportuno, el emprendedor puede verse obligada a malvenderla y no demasiado tiempo más tarde. Todo ello por no percibir la empresa como lo que es, un negocio.

Evidentemente, parece que el traspaso es una solución demasiado drástica e incluso desacertada. Sin embargo, todo depende del entorno y de la situación concreta de a pyme. Así, si por ejemplo peligra la sucesión, o se da una ralentización crónica del crecimiento, cambios drásticos en el panorama jurídico, parece una solución más factible. En cualquier caso, antes de poner en venta la empresa lo primer que debe preguntarse el empresario es ¿Invertiría en ella si no fuese mi empresa? En caso negativo se encuentra ante un serio problema y deberá llevar a cabo una buena planificación del proceso de venta para obtener algún rédito. El estudio ‘¿Cuándo hay que vender una empresa?’ llevado a cabo por los profesores del IESE Josep Tapies y Pedro Nueno apunta hasta un total de 76 cuestiones que el emprendedor debe afrontar a la hora de decantarse por una transacción o no.

Ahorro energético, una asignatura pendiente

Ahora que está tan de moda hablar de responsabilidad social corporativa en las empresas y de lo importante que es velar por el medio ambiente (que lo es)  resulta que las las pyme no ahorran todo lo que debieran/podrían en materia energética. Al menos esto es lo que se desprende de un estudio publicado hace unos meses por Unión Fenosa. El texto estima que el conjunto de las pequeñas y medianas empresas españolas puede ahorrarse hasta 1.420 millones de euros en su factura energética. Traducido a cada caso concreto, equivale a cerca del 18,3 por ciento de su consumo.

Para situarnos, ese ahorro potencial alcanza los 18.737 GWb, es decir, cerca de la demanda conjunta de los hogares de Madrid, Galicia e Islas Baleares en un año. De lograrlo, se evitaría la emisión a la atmósfera de 9,5 millones de toneladas de CO2, lo que equivale a los más de 90 millones de desplazamientos en automóvil que se producen cualquier verano.

Y todo eso pese a que que en el último año las pyme han mejorado en un 1,5 por ciento su eficiencia energética, lo que equivale a un consumo de 1.536 GWb y traducido a euros 150 millones. Por comunidades autónomas, prácticamente todas han mejorado su eficiencia energética (utilizan mejor sus recursos) excepto las empresas de extremeñas, que mantienen los niveles de 2006 y las de Aragón y Cataluña, que gastan más.

En la base del problema se encuentra el desconocimiento de muchos empresarios sobre cómo limitar su consumo energético fuera de medidas tradicionales como apagar los equipos o el sistema eléctrico. Además, no siempre es fácil identificar las ayudas gubernamentales en el apartado energético. Tanto las comunidades autónomas como el gobierno central las ofrecen y muchas veces por duplicado, lo que dificulta saber a cuáles puede optar la pyme.

Otro de los problemas radica en que todavía no existe en España una cultura demasiado arraigada en lo que a ciudado medioambiental se refiere y muchos empresarios siguen sin ser conscientes de que la energía, además de un bien escaso, es un bien caro en nuestro país. Por eso, siguen considerando la factura energética como un área donde el ahorro que se puede realizar no es significativo (especialmente en el sector servicios).

También es justo recalcar que las pyme más pequeñas son las que más se esfuerzan por mejorar su eficiencia frente a otras grandes compañías que aseguran estar concienciados al respecto pero luego apenas sí toman medidas para remediar su despilfarro energético. Y es que en su caso si disponen de medios para instalar herramientas domóticas que permitan el control, por ejemplo de la electricidad en sus fábricas y oficinas. En este sentido, otro estudio llevado a cabo por Hill & Knowlton a responsables de compañías estadounidenses, chinas, británicas y canadienses con beneficios superiores a más de 100 millones de dólares, demuestra que el 65% no tiene definida ninguna política de ahorro energético pese a que un 82% de sus directivos asegura estar más que concienciado por el calentamiento global. Es más, pese a sus ilimitados recursos y el ahorro económico que podría suponerles, tampoco disponen de personal específico en esta área. Y es que muchas veces no hay nada como ser ‘pequeño’ para valorar cada euro que es necesario invertir, así como la gente y el entorno que nos rodea.

Las pyme también ‘rompen’ (II)

Como suele ocurrir con todas las rupturas, el principal problema llega a la hora de dividir las posesiones. Y es que no es fácil llegar a un acuerdo a la hora de repartirse los bienes patrimoniales de la pyme. Al final las soluciones para los empresarios se resumen en dos: disolver la compañía o que uno de los socios salga del accionariado para que el otro quede como único dueño.

A diferencia de lo que ocurre con las parejas en el caso empresarial es algo más sencillo conocer las aportaciones de cada uno de los socios. Las participaciones de cada uno de ellos serán las que decidan cuánto corresponde a cada una de las partes. Además, los implicados ni siquiera podrán discutir sobre el valor de los bienes de la empresa: el auditor de cuentas de la sociedad o un auditor externo en su defecto, será quien se encargue de todos estos trámites. Se trata del último recurso aunque también del más sencillo y al mismo tiempo el más corto. Así es posible evitar muchas tensiones, discusiones y malos momentos entre quienes hasta hace poco eran buenos amigos. Sin embargo, esta solución también implica el final de la empresa, algo muy duro de aceptar para cualquier emprendedor.

Por fortuna, existe otra vía que permitirá seguir viviendo a la empresa. Sólo es necesario que uno de los socios abandone el barco. Se trataría de un acuerdo de voluntades entre ambos socios para que no de ellos venda sus participaciones al otro o a un tercero. De nuevo, será el auditor quien establezca en un plazo máximo de dos meses la cuantía de la indemnización que deberá percibir el vendedor. Al ser más de una las partes implicadas, la pyme podrá deducir de la cantidad a pagar el porcentaje correspondiente por los honorarios del auditor.

Como se ha recalcado anteriormente, la ley establece un plazo máximo de dos meses para que el ‘socio a la fuga’ reciba el reembolso por sus acciones. Además, los socios separados seguirán sujetos al régimen de responsabilidad por las deudas sociales establecido por la ley.

Una vez realizado el abono por la participación, la empresa deberá volver a escriturar públicamente la reducción de su capital social. En este sentido, la pyme también deberá reflejar la identidad de los socios afectados y la causa de la amortización.

Un último método para dividir la empresa y que puede ahorrar muchos trámites es llevar a cabo una ampliación de capital que reduzca la participación del socio que va a abandonar la empresa hasta su mínima expresión. Para ello, sólo es necesario alcanzar un acuerdo con el socio que abandonará la empresa para que no acuda a la ampliación de capital.

En cualquier caso, se trata de intentar que la pyme pueda seguir su camino y no se sume a las estadísticas de defunción de empresas en España.

Las pyme también ‘rompen’ (I)

Cómo reducir la factura exportadora

Ampliar fronteras es un sueño para cualquier pyme, pero dar el paso que conduzca a exportar un determinado producto o servicio no se limita únicamente a la buena marcha del negocio. Existen otros factores que el empresario debe tener en cuenta antes de lanzarse a la aventura de la internacionalización. Entre ellos destacan los relacionados con Hacienda y los deberes tributarios. A fin de cuentas, las obligaciones fiscales que conlleva la exportación son cuantiosas, complejas en la mayoría de los casos y tan diversas como el número de empresas en cualquier caso.

La programación de los impuestos es una tarea esencial para cualquier pyme, pero más en el caso de las exportaciones, ya que la empresa debe adaptarse a la legalidad de los países donde pretende hacer negocio. En definitva, un buen uso de las herramientas fiscales puede derivar en importantes ahorros en la factura a Hacienda gracias a la propia actividad exportadora. Según la consultora especializada Swiss Option International Tax, la clave se encuentra en hacer trajes a medida, jugar legítimamente con las variantes que ofrece la legalidad vigente y apoyarse en la planificación fiscal internacional. Esto se resume en dos opciones principales para la pyme: establecerse en el país elegido mediante una filial o una sucursal, o bien aliarse con un distribuidor local para colocar sus productos. El último supuesto es por el que se decantan la mayoría de empresas, ya que supone un coste menor. La primera de ellas, pese a estar más asociada a las grandes empresas, es igualmente válida para una pyme con un importante volumen de negocio en un país determinado.

En cualquier caso, es importante para sacar buenos rendimientos fiscales que el país de destine pertenezca a la Unión Europea, ya que si se opta por abrir una sucursal en territorio comunitario (aquí se mantendría la misma personalidad jurídica que presente la empresa española) se evita el pago de aduanas y el efecto del IVA es neutro. Pese a todo, esta entidad tributaría como una empresa perteneciente al país seleccionado. En este sentido, es necesario subrayar que el tipo societario varía mucho en función del país. Así, en Chipre es del 10 por ciento, mientras que en Irlanda es del 12,5 por ciento, muy por debajo de países como España o Francia.

Sin embargo, si la localización en el país (siempre que sea europeo) se realiza a través de una filial, los dividendos se pueden remitir a la matriz sin retención alguna en virtud de una directriz que recoge la legislación comunitaria.  Además, hay que tener en cuenta si el territorio seleccionado presenta convenio de doble imposición internacional. Si fuera así, la pyme podrá acogerse a los beneficios fiscales que en España se ofrecen en este campo, y, si no, ésta deberá llevar a cabo un estudio pormenorizado de la legislación vigente en la zona elegida y una planificación tributaria de carácter internacional. Para remediarlo existe, por ejemplo, la posibilidad de constituir una sociedad holding en un tercer país, que, a su vez, sí tenga este acuerdo de doble imposición con el mercado que finalmente interese a la pyme. Del mismo modo, también es interesante y recomendable la formación de una Entidad de Tendencia de Valores Extranjeros.

Externalizar para contratar mejor

Si los trabajadores son el activo más importante para cualquier empresa, lo más lógico sería que destinase una buena cantidad de sus recursos a este área. Apostar por un departamento de recursos humanos específico es una tendencia en boga dentro de las grandes multinacionales, pero que, de momento, no termina de cuajar en la pyme. En muchos casos la razón hay que buscarla en la reticencia del propio empresario por invertir en un área que no domina y que, en muchos casos, no termina de comprender.

Esto no implica que, en multitud de ocasiones tenga que llevar a cabo tareas relacionadas con la administración del personal tales como evaluar las habilidades de sus trabajadores, diseñar su carrera en la empresa o valorar sus necesidades retributivas, además, por supuesto de la contratación del nuevo personal. Este último es un área especialmente conflictiva. En primer lugar no suelen contar con los conocimientos necesarios para detectar determinadas aptitudes y, por otra, muchas veces se centran demasiado en las necesidades inmediatas en lugar de contar con un plan más amplio. Todo esto sin contar con el estrés que puede ocasionar y de la pérdida de tiempo que supone.

Una buena fórmula para superar esta situación tan común y ‘afinar’ la puntería en la contratación trabajadores es acudir a los expertos, es decir, a las empresas de selección de personal. Al final, el riesgo que se corre al realizar la selección por su propia cuenta y riesgo puede ser excesivamente elevado: más pérdida de tiempo porque el empleado no se adapta a la empresa o la contratación de una persona que no progresará de acuerdo con la compañía son sólo algunos de los inconvenientes que pueden surgir. De esta forma, cada vez más pyme se deciden por externalizar este tipo de servicios. Las ventajas son claras: aumentan las posibilidades de acertar al tiempo que el empresario puede centrase en su negocio, es decir, se quita de en medio una distracción más.

El precio no siempre es tan elevado y siempre existen fórmulas mixtas, como utilizar la empresa de selección de personal para realizar una primera criba y dejar un número limitado de candidatos que se ajusten exactamente al perfil para que luego el empresario elija al que considere oportuno. La evolución de empresas de trabajo temporal en este ámbito también puede ser utilizado en favor de la pyme, que en muchos casos ni siquiera tiene que hacerse cargo del contrato del trabajador, además de contar con el apoyo de la ETT para, por ejemplo, evaluar el rendimiento del empleado.

El valor de la veteranía y el contrato de relevo

La población española envejece. Es un hecho que incluso refleja un informe de la ONU según el cuál en 2050 España será el país más envejecido del mundo. En este contexto, y a pesar de fenómenos compensatorios como la inmigración, el papel de los trabajadores veteranos cobra una especial importancia. Y pese a que contar con este tipo de empleados tiene sus inconvenientes como la obsolescencia o los sueldos elevados, su experiencia profesional acumulada a lo largo de años de experiencia y que se traduce en conocimientos de la propia empresa y del negocio, puede ser más valiosa que toda la sabiduría acumulada por un joven universitario. Son, en definitiva, una serie de valores que la pyme española debe aprovechar.

En la actualidad existe una tendencia a considerar que una vez superados los 50 años un trabajador comienza a perder su utilidad para la empresa. De esta forma, no son extrañas las prejubilaciones a partir de esa edad (especialmente en el caso de grandes empresas) o incluso los despidos. Sin embargo, se puede decir que con medio siglo de vida el trabajador se encuentra en el cenit de su carrera: todavía en pleno vigor físico, mental y con grandes dosis de experiencia laboral. Es más, a partir de esa edad y cuanto más se acercan a los 65, límite para la jubilación, más cualidades pueden aprovecharse.

Contratos como el de relevo ayudan a crear un punto de encuentro y una transición ordenada entre el nuevo empleado, futuro de la empresa, y el viejo trabajador, que ya formará parte del pasado. Este tipo de contrato propone, básicamente, la adaptación del empleado deforma progresiva a las características de su puesto de trabajo. Es decir, el ‘nuevo’ comienza a trabajar con un contrato a tiempo parcial que compagina con la jornada laboral del ‘mentor’, para, más adelante, ocupar directamente su cargo con contrato indefinido. Además, la pensión de semijubilación del ‘veterano’ reduce proporcionalmente la jornada del empleado, que ha de haber cumplido 62 años para acceder a esta fórmula de contratación.

¿Para cuándo el nuevo plan general de contabilidad?

La contabilidad es uno de los elementos críticos para cualquier empresa. En ella está reflejado el estado financiero de la empresa, además de ser la que permite sacar ventaja del ‘juego’ con las diferentes herramientas fiscales en función de las características de la empresa y así lograr rebajar el impuesto de sociedades. Ahora el Gobierno ultima una serie de cambios para adaptar la legislación española al respecto a las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC).  

El nuevo Plan General Contable, cuyo segundo borrador se publicó el pasado 4 de julio, entrará en vigor el próximo 1 de enero.  Sin embargo, a día de hoy todavía se desconocen exactamente cuáles serán las disposiciones finales, es decir, los artículos que finalmente harán funcionar la ley.  En este sentido, los expertos consultados no prevén una rápida resolución del asunto, que, según lo anunciado inicialmente debería solventarse durante el mes de octubre, pero que nadie espera que se resuelva antes de noviembre. De hecho, y ateniéndonos al anterior caso, cabe ser de todo menos optimista. En concreto, la ley contable vigente data de 1990 y, pese a entrar en vigor el primer día de ese mismo año, no se aprobó hasta prácticamente una semana antes del final de 1989. En definitiva, muy poco tiempo para adaptar todo el sistema contable a las nueva normativa o, en su defecto, para aprender a manejar las actualizaciones de los programas de contabilidad correspondientes.  

Por el momento, el segundo borrador del plan introduce una serie de importantes cambios en los criterios de valoración, las prioridades de los principios contables, la desaparición de algunas cuentas y la creación de algunas nuevas (gastos imputables al patrimonio neto e ingresos imputables al patrimonio neto). Además, se añaden dos nuevos informes a las cuentas anuales y es necesario incluir más información en las memorias anuales. Todo esto sin contar los sucesivos planes sectoriales que irán articulando y completando el borrador. 

Se trata, según los expertos, en un plan eminentemente económico y concebido, principalmente, para la gran empresa. Tanto es así que gran parte del texto tiene escasa o nula repercusión en las pyme. El Gobierno se plantea ahora crear una legislación específica para las pequeñas y medianas empresas para, por fin,  acercarse a las necesidades de este tipo de compañías en un tema tan delicado y complejo como la contabilidad.  

Para acceder al borrador se puede acudir a la página del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC).

La formación en la pyme española

La formación es una de las grandes cuentas pendientes de las pyme. Los números hablan por sí solos: apenas entre un cinco y un siete por ciento de los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas acceden a la formación. Esto contrasta fuertemente con los números de la gran empresa, donde este porcentaje se eleva hasta los 75 puntos.En el fondo de estos datos se encuentra, por una parte, la concepción que el propio empresario tiene de la formación y las escasas ayudas que reciben por parte de los organismos públicos. En el primero de los casos, es necesario un cambio de percepción por parte de la pyme respecto a las ventajas de ‘educar’ a sus empleados, afirman los expertos.Hay que dejar de verla como un gasto y empezar a considerarla una inversión. Las ventajas que ofrece saltan a la vista: aumenta la cualificación de los empleados y, por lo tanto, la capacidad de la empresa para generar valor añadido, algo muy de moda hoy en día. Además, es una de las mejores fórmulas para mantener alta la moral del empleado, logrando un buen ambiente de trabajo y, de esta forma, una mayor productividad. También sirve como reclamo para atraer y retener a los mejores talentos dentro de la empresa.Pero si bien el pequeño y mediano empresario puede mejorar su posicionamiento ante la formación, no es menos cierto que, en muchos casos, se encuentra un tanto solo y desatendido por parte de los organismos oficiales. En primer lugar, es muy poca la información destinada a los emprendedores de menor tamaño, que muchas veces no disponen del tiempo suficiente para tener que bucear en la Red o en la administración para encontrar las ayudas o subvenciones que mejor se ajustan a sus características. En segundo, los mecanismos de subvención, cuando existen, no siempre se adecuan a las necesidades de la pyme.Los cursos de formación continua subvencionada son siempre una opción, aunque generalmente es el propio trabajador quien debe tomar la inciativa. Para la empresa siempre queda recurrir a las opciones que ofrecen los sindicatos, empresas privadas, las omnipresentes Cámaras de Comercio o el ICEX (Instituto de Crédito Exterior). En estos dos últimos casos, disponen de opciones más que útiles: cursos de corta duración sobre materia muy específica como, por ejemplo, las posibilidades de inversión en un país determinado. Se trata de variables que pueden aprovechar muchas empresas, lo cuál no es óbice para que la formación siga siendo, por el momento, ‘terreno vedado’ para los emprendedores de menor tamaño. 

Avanza Pyme: tecnología para la pyme

La pyme española se encuentra a la cola en lo que a uso de las nuevas tecnologías se refiere dentro de Europa. Pese a que la mayoría de empresa cuenta con conexión a internet, pocas son las que le sacan todo el partido a la red y menos las que aprovechan todas las posibilidades de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). Sirva como ejemplo que apenas el 12% de las pequeñas y medianas empresas hace uso de la factura electrónica.Para alentar a las pyme a sumergirse en el mundo de las nuevas tecnologías el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio creó en 2006 Plan Avanza. Se trata de un programa para fomentar el uso de las TIC y que, como no podía ser de otra forma, cuenta con una parte importante destinada a las pequeñas y medianas empresas: Avanza Pyme. El ministerio pretende así aumentar la productividad de los sectores más retrasados e incentivar  la I+D+i.Avanza Pyme se encuentra ya en su segundo plazo de inscripción, que comenzó el 21 de junio y finaliza el próximo 20 de julio.  Las ayudas de la administración alcanzan el 90% del gasto total  para las entidades sin ánimo de lucro y el 75% en el resto para sus proyectos de I+D+i. Esto agrupa conceptos como los gastos de personal técnico directamente asignado al proyecto y que tenga relación laboral con la empresa, así como las inversiones en equipos informáticos y otros productos TIC. Además, también cubre la subcontratación de los gastos tecnológicos derivados del proyecto.Avanza Pyme también ha fijado una serie de áreas prioritarias en las que centrará su ayuda. Se trata de las soluciones de negocio electrónico, es decir, llevar la empresa al terreno digital; la facturación electrónica, que además supone una serie de ahorros de coste en lo que a materiales  y tiempo se refiere; y seguridad informática.Los Préstamos TIC incluidos en el Plan Avanza recibieron 19.805 solicitudes de operación durante los primeros cinco meses del año. Esto ha derivado en ayudas por valor de 215,8 millones de euros con un préstamo medio de 10.899 euros.