Incumplimiento Ley de Morosidad

El tejido compuesto por las pymes y las empresas nunca han creído que mediante la Ley de Morosidad, se respetaría debidamente el plazo de pago, y prueba de ello es que la Administración paga unos 107 días más tarde de lo estipulado.

Las empresas vieron como el sector público se tardó de media 157 días en pagarles a los proveedores el año pasado, esto ha hecho se en vez de bajar se elevara en 3 días frente a 2009 lo que hace una diferencia de 107 días tomando en cuenta el máximo que establece la Ley de Morosidad.

Hay que recordar que durante el pasado mes de Julio se puso en marcha la nueva Ley de Morosidad, que estipulaba reducir progresivamente los plazos de pagos de empresas y Administraciones públicas que tienen con sus proveedores para poder reducir el alto nivel de morosidad que existe desde hace unos años.

Respecto a las empresas el plazo debía reducirse a 60 días de máximo hacia el 1 de Enero de 2013, y las Administraciones Públicas sería unos 30 días, algo que irrespetan notablemente.

Desde la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMCM), señalan que es preocupante la tardanza en los plazos de pago por parte de las Administraciones Públicas. Trayéndole innumerables problemas a las pymes que se ven impedidas de liquidez, y de llevar adelante a sus negocios, generando deudas.

Dicha Plataforma, ofrece datos que aclaran el panorama, como que el plazo de cobro medio y real en el sector público pasó de los 154 a 157 días durante 2010, generando una diferencia de 107 días comparado con el plazo estipulado por ley que es de 50 días.

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La Ley de Morosidad en la Comisión Europea

Una de las mayores preocupaciones que rige sobre el tejido empresario de las pymes es la morosidad generando además la pérdida de autónomos, lo que genera una cadena de incumplimientos además de quedar empresas inactivas, ante ello desde la Comisión Europea (CE) señala que actualmente las pymes en España pasan por extensos periodos hasta poder cobrar, teniendo una espera para poder cobrarle a empresas o instituciones, es por ello que apoya la nueva Ley de Morosidad.

Sobretodo por parte de la denuncia de la Asociación Española de Proveedores Impagados de la Construcción (AEPIC) ante la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE).

Una situación que no todos saben es que muchos empresarios para poder hacer frente a los impagos y morosidad han llegado a perder sus viviendas las que han puesto como garantía con el objetivo de conseguir financiación de los bancos que igualmente no siempre les han otorgado préstamos.

Debido a esto, la CE ha propuesto durante 2008 la nueva norma aprobada hace unas semanas por parte del Parlamento Europeo que está pendiente de ratificación de los Estados miembros. La norma incluso llega un poco más lejos de lo que ha propuesto Bruselas para la nueva directiva, estableciendo desde 2013 un máximo de 60 días de plazo para pagos entre empresas y un plazo de 30 días para los pagos de la Administración.

Mientras que para la Asociación Española de Proveedores de Impagados de la Construcción, esta nueva Ley de Morosidad no contribuirá a dar respuesta al problema, ya que más allá de los plazos, lo que le preocupa son los impagos. Aunque la Ley de Morosidad en la Comisión Europea es impulsada como la única solución a la vista.

Imagen: Google

Compensación de la morosidad del Estado con las pymes

Es un tema recurrente pero no por ello hay que dejar de tocarlo, y es la morosidad del Estado para con las pymes, tal vez muchas de las pymes involucradas no esperaban que el Congreso aprobara la compensación de la morosidad por parte del Estado con las pymes vía impuestos.

Por otro lado se pretende que, las pymes solamente tributen el IVA por facturas que han sido cobradas, es así que, el Pleno del Congreso aprobó unánimemente una proposición no de ley del PP por medio del que solicita al Gobierno a fijar un sistema de “cuenta tributaria” que compense el retraso en los pagos tanto a las pymes como al colectivo de autónomos de la Administración General del Estado, por lo que se excluyen a las comunidades autónomas y ayuntamientos, mediante aplazamientos y fraccionamientos de pagos de los impuestos.

Hasta que esté listo el sistema, se podrá presentar las diferentes deudas como aval para recibir el pago de obligaciones tributarias aplazadas o fraccionadas, para compensar de forma automática con la Administración General del Estado. Por otro lado, algunos sectores pretenden que modificar el criterio de tributación del IVA, para que los autónomos no deban abonar el IVA  sobre facturas que todavía no cobraron.

También se ha solicitado poner a disposición la línea de crédito del ICO para los ayuntamientos con la finalidad de que puedan hacer frente al pago de deudas con las pymes en especial y las empresas, si bien esta medida se encuentra desde antes del verano en la Ley de Morosidad.

Asi mismo desde el PP se ha planteado que el sistema también se extienda a las deudas de las empresas con la Seguridad Social, aunque fue descartado.

La Plataforma contra la Morosidad

No todo está dicho en cuanto a la Ley de Morosidad, ya que la Plataforma contra la Morosidad pretende llegar a negociar los plazos transitorios que se han establecidos con esta nueva ley. 

Después de haberse aprobado la reforma en la Ley que se encarga de regular los plazos de pago entre empresas y la Administración pública hacia otras empresas, cuyos plazos ya es han fijado en 60 días para las empresas y pymes y 30 días para la Administración.

Dicha Plataforma Multisectorial contra la Morosidad ha señalado que desea negociar una revisión de los respectivos períodos y plazos transitorios establecidos hasta el año 2013 y poder adaptarla a la nueva normativa.

Esta Plataforma estaría estudiando negociar la revisión de los períodos de adaptación, cuyos períodos para las administraciones públicas fueron fijados en 55 días para 2010 año, 50 días para 2011, 40 días para 2012 y de 30 días desde el 1 de Enero en 2013.

Mientras que, para las empresas privadas, este período transitorio los plazos son: de 85 días para 2011, 75 días en el 2012 y de 60 días en 2013. Ya salido a señalar esta Plataforma contra la Morosidad, que no permitirá excepciones de carácter sectorial.

El problema que hace frente esta ley es el que sufren muchas pymes, empresas e incluso autónomos y el poder ganar terreno en esto les hará más fácil poder enfrentar la actual crisis.

Ley morosidad

La nueva ley de morosidad será un claro alivio para muchas pymes y empresas, debido a que el plazo de cobro pasará a ser de 60 días para las empresas y será de 30 días con la Administración.

De las pocas leyes o acuerdos que han salido o sido aprobadas esta ley favorece en un amplio contexto a las pymes que ya han salido a señalar su total acuerdo con la misma ley de morosidad, ya que para estas les significa poder reducir el plazo de cobro hasta 60 días dentro de las operaciones comerciales entre empresas y de hasta 30 días entre empresas y la Administración Pública.

Desde la Plataforma Multisectorial Contra la Morosidad (PMcM), que se encuentra conformada por cerca de 800.000 pymes, estima que gracias a esta nueva ley, se generará un ahorro financiero de casi 10.000 millones de euros para empresas españolas. Además de calificar como histórica dicha decisión.

La PMcM, es de reciente creación ya que data de 2009, en donde se agrupan diferentes patronales, asociaciones y federaciones de empresarios de toda España llegando a representar a más de 783.000 pymes. Cabe recordar que, hasta este momento los plazos de cobro eran de 98 días entre empresas y llegaban a ser de unos abusivos 139 días en operaciones con la Administración.

Otra de las medidas que ha remarcado como positiva es la de haber eliminado la cláusula -salvo pacto entre las partes- en operaciones comerciales, la cual fue eliminada a pedido del Partido Socialista. De esta manera con la modificación legislativa, de ahora en más las empresas podrán hacerle frente a la morosidad a la vez obtener una mayor liquidez, no requiriendo de tantas ayudas externas.

Imagen: Larioja

Morosidad autónomos

Desde que se ha iniciado la crisis, la cifra de número de autónomos en España sufrió una reducción en 280.000, de ellos unos 10.000 corresponden a Aragón, pero entre las muchas causas una de las que más contribuye se debe la dificultad para acceder a las diferentes líneas de créditos y la morosidad privada y pública, que ayudan a lastrar cada vez más a esta cifra.

Entre los meses de Enero y Febrero el descenso de autónomos ha llegado a significar el 50% del de principios de 2009 debido a la desaceleración en las bajas y el aumento de altas, ante las dificultades para encontrar empleo por cuenta ajena.

Se espera que hacia fines de 2010, las cifras sean negativas interanualmente en el número de autónomos, Desde ATA, estiman que la tendencia en cuanto al aumento de las altas que debido a la rotación del comercio y sectores como educación, sanidad, servicios sociales, veterinaria y servicios profesionales además de la desaceleración de bajas permanezcan en actuales niveles, generándose un aumento progresivo en 2011.

Para que se cumpla con estas expectativas, debe de solucionarse con uno de los principales problemas como el de la morosidad. Más allá de las medidas ya puestas en marcha pero la caída tanto de la actividad, del consumo y de la confianza en general, como del tejido empresarial, los autónomos y las entidades financieras por ahora dichas medidas se quedan cortas.

Respecto a la reducción de la cantidad de los autónomos se debería a dificultades que tienen estos para acceder al crédito, una muestra de ello es que sólo el 20% de los autónomos que solicitan unos 60.000 del total de 300.000, logran acceder al crédito, lo que les genera falta de liquidez, dejar de lado proyectos, y morosidad.

Este último problema, que asfixia tanto como los otros, es precisamente la morosidad, que la sufren 1 de cada 3 autónomos, privada como de las administraciones públicas, ya que existen ayuntamientos y autonomías que pese a la actual Ley de Morosidad, tardan unos 300 días en pagarles a sus proveedores.

Se espera que, con la actual Ley de Morosidad que les obliga a las administraciones a pagar en 30días como plazo a sus proveedores, mejore la actual situación de morosidad.

Imagen: actualicese.com 

Ley de morosidad

Finalmente la Comisión de Industria, Turismo y Comercio del Congreso de los Diputados ha aprobado la Ley de Morosidad que promueve CiU. Se encarga de establecer plazos máximos de 60 días en lo que respecta a los pagos de empresas a sus proveedores y de 30 días de plazos respecto a las administraciones públicas, a la vez se establece un periodo de adaptación en estos dos casos el que se extenderá hasta 2013.

A la vez se elimina la oportunidad que las empresas negociaran los plazos superiores de pago a los ya establecidos por ley. Dejando de lado la propuesta por parte de los socialistas ya que pretendían que dicha posibilidad se mantuviera en los contratos entre empresas que tuvieran una facturación de más de 100 millones de euros.

De esta manera, se fija un periodo de manera transitoria para que las administraciones públicas tengan el tiempo de reducir su límite de plazo, el que se extiende hasta 2013, con 50 días para este año, 50 días para 2011, 45 días para 2012 y 30 días ya desde el 1 de Enero de 2013.

En el caso de las empresas privadas, -exceptuando el sector de la alimentación y los productos perecederos -quedarán obligados a pagar en 30 días en todos los casos, el período transitorio también se extiende hasta 2013, de forma que desde la entrada en vigor de la ley y a lo largo de 2011 el plazo será de 85 días, de 75 en 2012 y de 60 días ya a partir del siguiente año. Para ello se modificará la Ley de Contratos del Sector público.

También quedó sellado por medio de un acuerdo entre el PSOE con CiU que los acreedores tengan derecho a reclamar indemnizaciones por costes de cobro vía reclamación judicial o financiera, fijando un límite del 15% para las deudas que sean mayores a los 30.000€.

Pero también se les da el derecho a los proveedores para que estos puedan tomar acciones colectivas en contra de empresas que incumplan de con los plazos de pago.

Iamgen: emprendedores

Fuerte morosidad de los ayuntamientos con las pymes

La Asociación Española de los Impagados de la Construcción (Aepic) y la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA), han señalado que los ayuntamientos deben a las pequeñas y medianas empresas (pymes) que les prestan servicios, más de 30.000 millones de euros.

A partir de datos aportados, se sabe que a 1 de Enero de 2009 la deuda viva de los ayuntamientos con las pymes incluyendo las proveedoras de materiales de construcción, además de otras de servicios como papeleras o talleres de automóviles llegaba a 26.128 millones de euros y va en aumento.

Por el lado del Ayuntamiento de Madrid, este es el que más dinero le adeuda a las pymes, con un total de 7.800 millones de euros, la deuda de Barcelona asciende a 2.600 millones de euros y las comunidades autónomas no se quedan atrás, también son morosas con las pymes, su deuda asciende a 15.000 millones de euros, siendo la mitad de lo que adeudan los ayuntamientos.

Mientras que Aepic ha denunciado dicha situación desde hace ya más de 1 año y medio, tiempo en que empezó el declive de la construcción, desde entonces las administraciones públicas, y los ayuntamientos, dejaron de pagar a sus empresas proveedoras. Dicho problema se extendió a los otros sectores, además de que las administraciones locales no están cumpliendo con sus pagos, asimismo Aepic también ha denunciado que se ha frenado la línea ICO-Ayuntamientos, ya que sólo se han reconocido 152 millones de euros de los 3.000 millones de euros aportados por el Gobierno Central.

Además se agregan al incumplimiento de los pagos, las grandes empresas que, dicha deuda asciende a miles de millones de euros, lo que lo hace difícil de cobrar por las deficiencias de la Ley Concursal, trayendo como consecuencia el retraso en años, la recuperación de las facturas que deben aquellas constructoras e inmobiliarias que han cerrado por la crisis. Incluso los procedimientos de reclamaciones de cantidad y procedimientos concursales suelen durar hasta 4 años.

Por todo esto Aepic, solicita mayor agilidad en el cobro de los clientes, en los procedimientos judiciales y en las tramitaciones administrativas.

Una de las que más sufren las diversas consecuencias, son las pymes de la construcción, ante esto se reclama una reforma de la Ley de Morosidad por la que se obligue a pagar las deudas, en un plazo que no sea superior a 60 días y de 30 días para las administraciones públicas.