Concursos de acreedores en 2009

Los concursos de acreedores en el pasado 2009 se puede decir que lograron batir todos los récords, el número de concursos publicados en España aumentó un 104%.

Durante 2009, se han registrado 5.860 concursos, respecto a los 2.875 publicados en 2008. A dicho aumento de más del 100% hay que sumarle, la subida del 180% en los concursos de 2008 respecto a 2007, año que finalizó con 1.025 concursos de acreedores.

Las insolvencias empresariales llegaron más que a quintuplicarse en sólo 2 años, y el trimestre pasado ha sido el segundo en el que más número de concursos publicados se ha registrado desde la entrada en vigor en septiembre de 2004 de la actual Ley Concursal.

Cataluña ha sido la autonomía que lideró en términos absolutos en número de compañías que se acogieron al procedimiento de concurso de acreedores. A pesar de ser de las más desarrolladas de España a nivel industrial, igualmente hubo 1.399 empresas que se acogieron a la antigua suspensión de pagos. Le ha seguido de lejos Madrid, con concursos 899, y la Comunidad Valenciana, con 795.

Otro dato es el que refleja que entre las tres provincias más pobladas de España como son Madrid, Barcelona y Valencia acumulan el 43% de las insolvencias hechas públicas en todo 2009. Respecto al área mediterránea Murcia, Valencia, Cataluña y Baleares agrupan el 44% de todos los concursos de acreedores.

Dentro de los sectores, los de la construcción e inmobiliario permanecen como los líderes concúrsales habiendo captado el 34% de todos los procedimientos de 2009. Si es por tamaño de empresas cada vez han ido sumándose más pequeñas empresas a la hora de acogerse a concurso.

Fuerte morosidad de los ayuntamientos con las pymes

La Asociación Española de los Impagados de la Construcción (Aepic) y la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA), han señalado que los ayuntamientos deben a las pequeñas y medianas empresas (pymes) que les prestan servicios, más de 30.000 millones de euros.

A partir de datos aportados, se sabe que a 1 de Enero de 2009 la deuda viva de los ayuntamientos con las pymes incluyendo las proveedoras de materiales de construcción, además de otras de servicios como papeleras o talleres de automóviles llegaba a 26.128 millones de euros y va en aumento.

Por el lado del Ayuntamiento de Madrid, este es el que más dinero le adeuda a las pymes, con un total de 7.800 millones de euros, la deuda de Barcelona asciende a 2.600 millones de euros y las comunidades autónomas no se quedan atrás, también son morosas con las pymes, su deuda asciende a 15.000 millones de euros, siendo la mitad de lo que adeudan los ayuntamientos.

Mientras que Aepic ha denunciado dicha situación desde hace ya más de 1 año y medio, tiempo en que empezó el declive de la construcción, desde entonces las administraciones públicas, y los ayuntamientos, dejaron de pagar a sus empresas proveedoras. Dicho problema se extendió a los otros sectores, además de que las administraciones locales no están cumpliendo con sus pagos, asimismo Aepic también ha denunciado que se ha frenado la línea ICO-Ayuntamientos, ya que sólo se han reconocido 152 millones de euros de los 3.000 millones de euros aportados por el Gobierno Central.

Además se agregan al incumplimiento de los pagos, las grandes empresas que, dicha deuda asciende a miles de millones de euros, lo que lo hace difícil de cobrar por las deficiencias de la Ley Concursal, trayendo como consecuencia el retraso en años, la recuperación de las facturas que deben aquellas constructoras e inmobiliarias que han cerrado por la crisis. Incluso los procedimientos de reclamaciones de cantidad y procedimientos concursales suelen durar hasta 4 años.

Por todo esto Aepic, solicita mayor agilidad en el cobro de los clientes, en los procedimientos judiciales y en las tramitaciones administrativas.

Una de las que más sufren las diversas consecuencias, son las pymes de la construcción, ante esto se reclama una reforma de la Ley de Morosidad por la que se obligue a pagar las deudas, en un plazo que no sea superior a 60 días y de 30 días para las administraciones públicas.