Promesas electorales (III): resto de formaciones

Con algunos de retraso respecto a lo prometido completamos la serie de posts sobre las propuestas de los partidos políticos en materia económica. Los primeros comentarios sirvieron para analizar los programas de PP y PSOE, mientras que en este último se analizarán las del resto de formaciones que suelen participar en la vida política nacional y cuyo papel será clave a la hora de formar el futuro gobierno.

Así, IU, que ya ha mostrado su voluntad de alcanzar un acuerdo con los socialistas en caso de que sea necesario, apuesta por una política económica con un marcado carácter social. En este sentido, no plantea demasiadas medidas en favor de la pyme y gran arte de sus esfuerzos se centran en el problema de la vivienda. El partido presidido por Gaspar Llamazares pretende aumentar la pensión mínima hasta los 600 euros, además un impuesto especial para los ingresos superiores a los 100.000 euros.

En cuanto a las política que más directamente afectan a las pyme, IU se muestra contrario a la supresión del Impuesto de Patrimonio, así como a la bajada del Impuesto de Sociedades, algo que sí han prometido los otros dos grandes partidos. De hecho, apuesta por “incrementar el tipo del Impuesto de Sociedades de las entidades financieras hasta el 35% y establecer una Tasa Especial sobre el beneficio sobredimensionado, (aquél cuyo crecimiento sea superior al triple del IPC) cuya recaudación se destinará a programas sociales de vivienda y revertir en la subsidiación efectiva de intereses en créditos hipotecarios para las familias económicamente más modestas. Mantenimiento del los impuestos cedidos sobre el Patrimonio y Sucesiones y Donaciones, mejorando su progresividad en lo que respecta a las grandes fortunas”.

Por e contrario, IU ha mostrado su intención de endurecer su lucha contra el fraude y vigilará especialmente a las pyme y al resto de empresas que facturen menos de seis millones de euros. Su programa plantea “Habilitar suficientemente a los
Técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda para combatir el fraude y el blanqueo
de capitales en aquellas empresas que facturan hasta 6 millones de euros anuales”. Además, quiere crear un parque público de servicios y promoción tecnológica, logística y de distribución, para pymes , microempresas y empresas de la economía social. Del mismo modo, pretende apoyar las políticas de crecimiento de plantillas de I+D en el sector empresarial, con especial atención a las pyme.

En cuanto al resto de partidos, en su mayoría de carácter autonómico. En este sentido, Ezquerra Republicana de Cataluña propone que los empresarios que contraten a un familiar puedan seguir cotizando a la Seguridad Social, así como un contrato de transición al mundo laboral para los jóvenes. Además, propone deducciones fiscales por valor de 8.000 millones de euros del Impuesto de Sociedades, que rebajaría al 20% a las empresas que facturen menos de 3 millones de euros. Del mismo modo, promete recuperar los incentivos y deducciones fiscales para aquellas pyme que reinviertan los beneficios, junto con ayudas para la inversión en I+D por valor de 2.780 millones de euros y deducciones por las filiales en otros países.

Todavía en el ámbito catalán, Convergencia i Unió (CiU) promete rebajar el Impuesto de Sociedades hasta el 20% para las pyme y el 15% para las microempresas, además de dejas entrever la supresión del Impuesto de Patrimonio que su candidato a las elecciones generales, Josep Antoni Duran califica de “antiahorro”. El partido nacionalista también propone un plan de choque para favorecer la internacionalización de la pyme a través de la creación de un consorcio entre el Instituto de Comercio Exterior (ICEX), las comunidades autónomas, las patronales y las cámaras de comercio.

En el País Vasco, el PNV quiere acometer el proyecto de fusión de las cajas vascas, así como el de la creación de una red de alta velocidad que una las tres capitales de provincia (San Sebastián, Bilbao y Vitoria) que serviría para incrementar el comercio en la región.

Promesas electorales (I): PSOE

Como en cada campaña electoral cuando se acercan las elecciones, los partidos políticos presentan sus programas de gobiernos y se lanzan a la caza de votos a través de promesas que sirven, entre otras cosas, para plasmar los ideales que aparecen esos mismos programas. En muchas ocasiones el debate político en los medios de comunicación se centra en las medidas más ‘populistas’, mientras que otras de mayor trascendencia se presentan como ‘comparsa’. Por eso es importante que los pequeños y medianos empresarios conozcan los proyectos y acciones concretas que cada partido ofrece en materia económica.

Desde un primer momento el PSOE ha asegurado que la prioridad de su programa serán las políticas sociales, pero también ha dado una serie de líneas maestras sobre sus planes para las pyme. La deducción de 400 euros en el IRPF prometida por José Luís Rodríguez Zapatero ha sido la medida más comentada, sobre todo por la posibilidad de que los autónomos se quedasen fuera de los subvencionados. Finalmente, este colectivo, que supera 3,3 millones también podrá embolsarse esta cuantía, aunque todavía no está muy claro cómo se llevará a cabo desde el punto de vista operativo.

Además, desde el partido en el Gobierno también han anunciado que estudiará ampliar las rebajas en el impuesto de sociedades. En concreto, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, precisó que “lo que nosotros haremos es, con los recursos, con la recaudación de los impuestos, aplicar las políticas sociales y si hay margen, si hubiera margen a lo largo de la legislatura, se aplicaría siempre a mejorar las rentas del trabajo y las rentas de los pensionistas”, explicó. En el caso del impuesto de sociedades, el PSOE rebajará la presión fiscal “a las pequeñas y medianas empresas si hubiera ese margen”.

Otra de las grandes promesas electorales del PSOE en materia económica será la supresión del Impuesto de Patrimonio, aunque todavía no se ha concretado cómo se compensará a las Comunidades Autónomas por la merma de sus ingresos. Se trata de una antigua reivindicación de todo el sector fiscal y de una medida que acabará con un gravamen ya obsoleto. Todavía en el ámbito fiscal, se eximirá del pago del impuesto de sucesiones a las herencias inferiores a los 60.000 euros y tampoco tributarán por sucesiones la vivienda familiar y el negocio familiar, siempre y cuando dependa de ella la subsistencia de los herederos.

En cuanto al empleo, el PSOE se ha comprometido a crear dos millones de empleo en la próxima legislatura hasta alcanzar el pleno empleo en 2011. Entre sus previsiones destaca la reducción de la tasa de paro al 7% y el aumento de la actividad hasta el 70%, además de continuar con su lucha contra la temporalidad, que debería caer al 25%. Para ello ha prometido mejorar las inversiones en I+D para potenciar la competitividad de las empresas españolas, aunque no ha precisado ningún tipo de medida al respecto. Lo que sí hará para mejorar la conciliación entre trabajo y vida familiar es la creación de 300.000 plazas de guardería.

Quienes deseen emprender un nuevo negocio también lo tendrán más fácil y además de las habituales ayudas y asesoramiento, se bonificará con 500 euros anuales sobre la cuota de la Seguridad Social a cargo del empresario que sea mujer joven o inmigrante para el primer trabajador contratado de forma indefinida. Del mismo modo, los particulares que inviertan en proyectos de emprendedores podrán deducirse el 10% de esa cuantía en el IRPF y se tratarán de reducir las cargas administrativas un 30% a través de la simplificación de los trámites burocráticos.

Cómo hacer frente a Hacienda

Se acerca el fin de año y tanto en los departamentos de administración y contabilidad de las pyme como en la cabeza de innumerables autónomos se repite la misma pregunta: ¿cómo puedo reducir mi factura fiscal?, es decir, cómo pagar menos a Hacienda. Evidentemente, lo recomendable en estos casos es llegar a estas fechas con los ‘deberes hechos’ para que durante el último mes del curso sólo sea necesario buscar complementos a las deducciones que previamente se han implementado a lo largo de todo 2007. Pero esto no siempre es posible y en muchos casos los pequeños emprendedores afrontan la recta final con prisas por encontrar la mejor fórmula para no rascarse los bolsillos en el impuesto de sociedades.

En este sentido, lo primero que debe tener en cuenta cualquier pyme son los cambios que se han producido en el Impuesto de Sociedades respecto a 2007.  En este ejercicio el gravamen que soportarán los pequeños y medianos emprendedores será ya de por sí menor (sólo el 25%) que en 2006. Además, se mantienen las deducciones en materia de I+D y por las actividades exportadoras.

Alberto Valiño ofrece en su blog interesantes consejos y artículos especializados en fiscalidad. Además, Cinco Días también cuenta con un apartado específico destinado al Impuesto sobre la Renta y al Impuesto de Sociedades y siempre se puede consultar la página oficial de la Agencia Tributaria para solucionar dudas o descargarse programas de ayuda.

¿Nueva rebaja del Impuesto de Sociedades?

Aunque todavía es demasiado pronto para saber cuáles serán los principales movimientos del Ejecutivo en materia fiscal durante la siguiente legislatura, las pyme pueden tener, por lo menos, algo de esperanza sobre una posible reducción del Impuesto de Sociedades. Así lo manifestó el ministro de Economía, Pedro Solves, durante su intervención en la inauguración de una jornada conmemorativa del 25 aniversario del Instituto de Crédito Exterior.

Pese a que el Gobiernno ya rebajó el Impuesto de Sociedades en la actual legislatura del 20% al 25% para las pyme y del 35% al 30% para las grandes empresas, Solves no descartó nuevos retoques a la baja “si hay margen de maniobra”. Pese a todo, el mandatario también  quiso cubrirse las espaldas y explicó que toda rebaja de impuestos debe tener en cuenta qué parte del ingreso es cíclico, es decir, consecuencia de la coyuntura económica, y que parte es estructural. Una vez aclarado este punto remarcó que no tendría sentido valerse de la buena situación económica para rebajar los impuestos sabiendo que en cuanto la situación empeorase también lo haría la recaudación. En su opinión esto no sería más que “pan para hoy y hambre para mañana”.

Pero Solves no ha sido el único en mostrarse proclive a un recorte fiscal. El presidente del Gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero, también ha apoyado esta posibilidad. En su opinión, la presión fiscal “debería evolucionar a la baja”. No en vano, España es el país de la OCDE donde más ha aumentado este dato en los dos últimos años.

Incluso desde la oposición verían con buenos ojos un descenso de la carga impositiva a empresas y particulares. De hecho, una nueva reforma fiscal se encuentra entre los puntos fuertes del programa electoral del PP. Así, el partido que preside Mariano Rajoy ha prometido que si accede al poder volverá a rebajar el Impuesto de Sociedades al 20% para las pyme y al 25% para las grandes empresas.

Evidentemente, todavía es pronto para pronosticar qué puede ocurrir. En un año marcado por las elecciones generales, cualquier promesa puede quedarse sólo en eso, una declaración de intenciones para ganar votos (no sería la primera vez). Lo único claro es las pyme españolas no verían con malos ojos nuevas rebajas del Impuesto de Sociedades que adecue su carga impositiva a la de sus compañeros comunitarios.

El arte de reclamar ante la administración

Combatir contra la maquinaria de la Administración no siempre es fácil. En primer lugar está el interminable papeleo y en segundo el tener que enfrentarse al monstruoso y lento engranaje público. Sin embargo, la pyme no está indefensa ante las decisiones tributarias de la administración. Es posible reclamar con éxito para corregir errores comunes como exigir impuestos a abonados, enviar mandamientos de embargo injustificados o pedir declaraciones de impuestos que ya se han entregado.

Además, los trámites pueden no ser tan ‘pesados’ como a priori cabría esperar. Para eso precisamente existe el llamado recurso de reposición, sobre el que deciden los propios funcionarios y que se interpone ante el mismo organismo que ha dictado el acto tributario. En caso de que no prospere esta ‘demanda’, que no se facilite una decisión antes de un año o simplemente para evitar este ‘paso previo’ habría que interponer una reclamación económico-administrativa. En este caso la decisión recae sobre el Tribunal Económico Administrativo regional o local, formado esta vez por funcionarios más especializados. Si la reclamación no supera los 150.000 euros esta es su última parada, no habrá otras instancias a las que acudir. En caso contrario, la pyme puede recurrir al Tribunal Económico Administrativo Central a través de un recurso de alzada.

En cualquier caso, tanto para el recurso de reposición como para la reclamación económico-administrativa, el empresario dispone de un mes desde la notificación del acto que se recurre para presentar un escrito de interposición ante la Administración. El texto deberá exponer las alegaciones, pruebas y documentos que sustenten  la causa y una copia del acto que se impugna. La mayor ventaja de estos procedimientos es que son totalmente gratuitos y evitan gastos innecesarios para la pyme.

Además, el empresario también puede evitar pagar las cantidades que se le reclaman, por si acaso. De todas formas, sí que deberá garantizar al órgano de recaudación que hará frente a sus ‘obligaciones’: el depósito de dinero o valores públicos, la entrega de un aval o fianza bancaria o la presentación de una fianza personal y solidaria de otros contribuyentes son las fórmulas posibles para las deudas inferiores a 1.500 euros.

Cómo reducir la factura exportadora

Ampliar fronteras es un sueño para cualquier pyme, pero dar el paso que conduzca a exportar un determinado producto o servicio no se limita únicamente a la buena marcha del negocio. Existen otros factores que el empresario debe tener en cuenta antes de lanzarse a la aventura de la internacionalización. Entre ellos destacan los relacionados con Hacienda y los deberes tributarios. A fin de cuentas, las obligaciones fiscales que conlleva la exportación son cuantiosas, complejas en la mayoría de los casos y tan diversas como el número de empresas en cualquier caso.

La programación de los impuestos es una tarea esencial para cualquier pyme, pero más en el caso de las exportaciones, ya que la empresa debe adaptarse a la legalidad de los países donde pretende hacer negocio. En definitva, un buen uso de las herramientas fiscales puede derivar en importantes ahorros en la factura a Hacienda gracias a la propia actividad exportadora. Según la consultora especializada Swiss Option International Tax, la clave se encuentra en hacer trajes a medida, jugar legítimamente con las variantes que ofrece la legalidad vigente y apoyarse en la planificación fiscal internacional. Esto se resume en dos opciones principales para la pyme: establecerse en el país elegido mediante una filial o una sucursal, o bien aliarse con un distribuidor local para colocar sus productos. El último supuesto es por el que se decantan la mayoría de empresas, ya que supone un coste menor. La primera de ellas, pese a estar más asociada a las grandes empresas, es igualmente válida para una pyme con un importante volumen de negocio en un país determinado.

En cualquier caso, es importante para sacar buenos rendimientos fiscales que el país de destine pertenezca a la Unión Europea, ya que si se opta por abrir una sucursal en territorio comunitario (aquí se mantendría la misma personalidad jurídica que presente la empresa española) se evita el pago de aduanas y el efecto del IVA es neutro. Pese a todo, esta entidad tributaría como una empresa perteneciente al país seleccionado. En este sentido, es necesario subrayar que el tipo societario varía mucho en función del país. Así, en Chipre es del 10 por ciento, mientras que en Irlanda es del 12,5 por ciento, muy por debajo de países como España o Francia.

Sin embargo, si la localización en el país (siempre que sea europeo) se realiza a través de una filial, los dividendos se pueden remitir a la matriz sin retención alguna en virtud de una directriz que recoge la legislación comunitaria.  Además, hay que tener en cuenta si el territorio seleccionado presenta convenio de doble imposición internacional. Si fuera así, la pyme podrá acogerse a los beneficios fiscales que en España se ofrecen en este campo, y, si no, ésta deberá llevar a cabo un estudio pormenorizado de la legislación vigente en la zona elegida y una planificación tributaria de carácter internacional. Para remediarlo existe, por ejemplo, la posibilidad de constituir una sociedad holding en un tercer país, que, a su vez, sí tenga este acuerdo de doble imposición con el mercado que finalmente interese a la pyme. Del mismo modo, también es interesante y recomendable la formación de una Entidad de Tendencia de Valores Extranjeros.

Las nóminas a la carta

En un mundo donde el talento escasea y cada vez es más difícil encontrar profesionales cualificados, se hace imprescindible disponer todos los medios para captar y retener a los trabajadores elegidos. Las fórmulas son varias, desde incentivos en función de objetivos, apoyo económico para la formación o diseñarle una interesante carrera profesional en la empresa. Sin embargo, todo esto puede ser en vano si no se alcanza un acuerdo en materia salarial. Y en este apartado una opción que apenas utilizan las pyme españolas pese a los beneficios que puede dar es la retribución flexible.

La también llamada nómina a la carta no consiste, evidentemente, en que el empleado elija la cuantía de su sueldo, sino en establecer fórmulas para que, ganado lo mismo, obtenga mayor liquidez o, lo que es lo mismo, aumente su poder adquisitivo. ¿Y cómo se consigue esto? Puesto cubriendo por parte de la empresa algunas necesidades del empleado tales como ayudas a la comida, seguro médico o guardería desde su salario bruto. El funcionamiento de esta herramienta es bien sencillo: la empresa propone a sus empleados acceder a una serie de servicios con unos determinados proveedores y luego son los propios trabajadores quienes deciden o no adherirse a los mismos.

Las ventajas, tanto para la empresa como para el empleado, llegan por medio de los ahorros en el posterior pago de impuestos. Por su parte, la compañía puede llegar a deducirse hasta un 35 por ciento de su Impuesto de Sociedades, además de asegurarse una considerable rebaja en la cotización a la Seguridad Social. Mientras, el trabajador, además de ver cómo la empresa se preocupa por su bienestar, obtiene un incremento de la liquidez de su sueldo y unos servicios más baratos. Al mismo tiempo, desgrava parte de su IRPF y reduce algún punto su nivel retributivo, lo que se traduce en tener que pagar menos impuestos.

De nuevo, la falta de información (o de tiempo por parte del empresario, dependiendo del caso) se postula como la mayor barrera para que la pyme pueda aprovecharse de este sistema. Apenas existirán más de 3.000 empresas que utilicen la nómina a la carta, y evidentemente, la gran mayoría son multinacionales. Muy pocas pyme sacan provecho de un sistema que conlleva un ahorro en salarios tipo de entre 700 y 800 euros anuales. En el fondo, las pocas empresas que se dedican a ofrecer estos servicios prefieren acudir a grandes corporaciones por el volumen de negocio que éstas generan y ven a la pyme, por estar excesivamente atomizadas.

Destruir, otra forma de proteger la información

La paulatina adopción de las nuevas tecnologías por parte de las pequeñas y medianas empresas, un campo donde todavía hay mucho margen de mejora, ha eliminado gran parte del papel que antaño circulaba por las compañías. Sin embargo, siempre va a seguir existiendo una importante cantidad de información que será necesario o más cómodo tener en un soporte físico, bien celulosa o ahora en soportes digitales como el CD-ROM. Suele tratarse, en muchos casos, de documentos confidenciales como el plan estratégico de la corporación o con datos bancarios, de clientes, candidatos… En definitiva, cualquier documentación que contenga información sensible y susceptible de ser robada con fines fraudulentos.
El carácter privado y estratégico de la información debería ser suficiente aliciente para que compañía y empresario se interesen por eliminarlos de forma correcta para que nadie pueda utilizarlos. Para hacer más ‘atractivo’ este campo, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personas obliga en su artículo 4 a mantener la confidencialidad y al cumplimento obligatorio de cancelación o destrucción de datos cuando se hubiera cumplido la finalidad para la que fueron recabados y establece multas de hasta 600.000 euros para los casos más graves de incumplimiento. Sin embargo, sólo un 7 por ciento de las pyme españolas cuenta con los equipos necesarios para destruir de forma segura sus documentos confidenciales.

Existe, en este sentido, una importante falta de concienciación por parte de las pyme sobre la importancia y obligatoriedad de proteger y posteriormente destruir la información que manejan. Y es que en muchos casos las corporaciones de menor tamaño no ven la necesidad o la rentabilidad de contar con una destructora de documentos, pese a que su precio es más que asequible: desde apenas 49 euros es posible adquirir un equipo básico, mientras que el coste de los más avanzados se sitúa en torno a los 3.000 euros. En definitiva, una inversión más que asequible teniendo en cuenta las consecuencias que puede acarrear simplemente el incumplimiento de la normativa vigente.

Al final, es incluso recomendable destruir otros documentos que se salen de esta obligación legal por el tipo de información que puedan contener como planes estratégicos o datos bancarios. Pese a todo, tampoco hay que caer en la tentación de decir que todos los documentos deberían ser destruidos. En este sentid, se puede diferenciar entre los personales y los relacionados con la empresa. Los primeros son susceptibles del robo de personalidad y abarcan desde historiales financieros hasta cuentas de teléfono pasando por informes médicos o borradores para el pado de impuestos. Por su parte los segundos se refieren más a salarios, planes de marketing, cifras de ventas, informes sobre créditos o posibles clientes, registros de contabilidad o curriculos, entre otros.

Evidentemente, una destructora de documentos no asegura al cien por cien que una persona no será objetivo del robo de identidad, pero no se puede robar lo que no se puede leer.