En períodos de crisis económica las situaciones de impago tienden a aumentar tanto en el ámbito de la empresa como entre particulares. La mejor forma de evitar ser objeto de un impago es adelantarse y para ello nada mejor que consultar los listados de morosos.
En esta época de impagos y morosidad son muchas las empresas que caen en la cuenta de tener que interiorizarse sobre ellistado de morososo el registro de morosos o lista de morosos como ven tiene varias definiciones, consiste en un fichero de datos, por lo general es automatizado, dónde se reflejan los impagos de personas físicas y jurídicas.
Su utilidad reside en poder establecer si alguien paga o no sus deudas por lo general lo utilizan las entidades financieras como una medida previa para otorgar o no la financiación requerida.
Más allá de esto, esta herramienta es muy útil para empresas ya que les sirve para tener una regla por la que regirse y saber si conviene o no iniciar una relación comercial con cierta empresa.
Entrar a una Lista de Morosos
Por lo que, básicamente la lista de morosos tiene por objetivo principal aportar información sobre los impagos. Para entrar a una lista de morosos se deberá cumplir ciertos requisitos, dichas circunstancias se encuentran reguladas según el artículo 29 de la Ley Orgánica 15/1999.
Deberá de existir de forma previa cierta deuda, que haya vencido y sea exigible, habiendo resultado impagada.
Así como el requerimiento previo de pago a quien corresponda, en su caso, del cumplimiento de la obligación.
Además que el acreedor o en todo caso quien actúe por su cuenta e interés, debe de asegurarse que se dan todos los requisitos exigidos en los anteriores apartados, al momento de hacer la notificación los datos adversos al responsable del fichero común.
El acreedor deberá esperar cierto tiempo previamente a introducir a una persona en la lista de morosos.
El gestor de la lista tendrá que informarle a la persona de su inclusión en el fichero en un plazo de 30 días para que éste modifique sus datos. En tanto que, la deuda no podrá permanecer en el fichero más de 6 años desde el registro. De todas formas, siempre se puede pedir acceso al registro como una medida para verificar confirmando los propios datos.
A la hora de salirse del registro de morosos se debe de solicitar cancelar la deuda a través de un gestor que puede encontrarse por Internet o físicamente.
El principal problema que generan las listas de morosos, es que son un impedimento a la hora de obtener financiación por parte de las empresas. Es por ello que se deben de conocer como funcionan así como los derechos que se tienen, y las listas de morosos más importantes que se encuentran activas en España, se encuentran unas 130 compañías y entidades que se encargan de realizar registros sobre impagos.
Las empresas y principalmente las pymes deberán de mejorar en este aspecto y actualizar los datos además de el conocimiento del funcionamiento del sistema ya que mejora la gestión y las posibilidades de entablar una relación con otra empresa.
Y se suma a la queja de otros sectores que agrupan a este colectivo al señalar que no se está cumpliendo con los plazos de pago ni en tiempo ni en forma con los pequeños empresarios autónomos, lo que trae morosidad y destrucción de empleo en el sector, y en La Rioja.
Otra lamentable situación es que el impago de las administraciones les generan la falta de liquidez y a su vez también retraso en los pagos y como última medida deben cerrar sus pequeñas empresas y negocios.
En algo más de 2 meses, los autónomos de La Rioja vieron crecer la deuda en La Rioja hasta los 8,4 millones de euros, lo que no solo no se cumple con los plazos de pagos fijados sino que cada vez son más extensos.
Los datos de la pérdida de empresas del año pasado en La Rioja, muestra que 724 empresas debieron cerrar, y en lo que va del año no sería raro que pasen este número.
Los números no coinciden con lo que dice la alcaldesa, Concepción Gamarra, que se paga a 50 días, la verdad sería que los ayuntamientos pagan las facturas, en 296 días.
Con esto se espera que los autónomos no declaren el IVA de las facturas no cobradas, siendo una forma de no pagar hasta cobrar, que adelantan el IVA a las diferentes administraciones más allá de que cobran retrasadamente a los 6 meses, incumpliendo la ley de morosidad.
El tejido compuesto por las pymes y las empresas nunca han creído que mediante la Ley de Morosidad, se respetaría debidamente el plazo de pago, y prueba de ello es que la Administración paga unos 107 días más tarde de lo estipulado.
Las empresas vieron como el sector público se tardó de media 157 días en pagarles a los proveedores el año pasado, esto ha hecho se en vez de bajar se elevara en 3 días frente a 2009 lo que hace una diferencia de 107 días tomando en cuenta el máximo que establece la Ley de Morosidad.
Hay que recordar que durante el pasado mes de Julio se puso en marcha la nueva Ley de Morosidad, que estipulaba reducir progresivamente los plazos de pagos de empresas y Administraciones públicas que tienen con sus proveedores para poder reducir el alto nivel de morosidad que existe desde hace unos años.
Respecto a las empresas el plazo debía reducirse a 60 días de máximo hacia el 1 de Enero de 2013, y las Administraciones Públicas sería unos 30 días, algo que irrespetan notablemente.
Desde la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMCM), señalan que es preocupante la tardanza en los plazos de pago por parte de las Administraciones Públicas. Trayéndole innumerables problemas a las pymes que se ven impedidas de liquidez, y de llevar adelante a sus negocios, generando deudas.
Dicha Plataforma, ofrece datos que aclaran el panorama, como que el plazo de cobro medio y real en el sector público pasó de los 154 a 157 días durante 2010, generando una diferencia de 107 días comparado con el plazo estipulado por ley que es de 50 días.
Una de las mayores preocupaciones que rige sobre el tejido empresario de las pymes es la morosidad generando además la pérdida de autónomos, lo que genera una cadena de incumplimientos además de quedar empresas inactivas, ante ello desde la Comisión Europea (CE) señala que actualmente las pymes en España pasan por extensos periodos hasta poder cobrar, teniendo una espera para poder cobrarle a empresas o instituciones, es por ello que apoya la nueva Ley de Morosidad.
Sobretodo por parte de la denuncia de la Asociación Española de Proveedores Impagados de la Construcción (AEPIC) ante la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE).
Una situación que no todos saben es que muchos empresarios para poder hacer frente a los impagos y morosidad han llegado a perder sus viviendas las que han puesto como garantía con el objetivo de conseguir financiación de los bancos que igualmente no siempre les han otorgado préstamos.
Debido a esto, la CE ha propuesto durante 2008 la nueva norma aprobada hace unas semanas por parte del Parlamento Europeo que está pendiente de ratificación de los Estados miembros. La norma incluso llega un poco más lejos de lo que ha propuesto Bruselas para la nueva directiva, estableciendo desde 2013 un máximo de 60 días de plazo para pagos entre empresas y un plazo de 30 días para los pagos de la Administración.
Mientras que para la Asociación Española de Proveedores de Impagados de la Construcción, esta nueva Ley de Morosidad no contribuirá a dar respuesta al problema, ya que más allá de los plazos, lo que le preocupa son los impagos. Aunque la Ley de Morosidad en la Comisión Europea es impulsada como la única solución a la vista.
Por que la exportación se muestra como una de las mejores y más próximas salidas de la crisis para las pymes de diferentes sectores, unas 12 pymes pertenecientes a Aragón participan durante este año en el programa Gestores de Exportación a Tiempo Parcial (GTP), que parte de una iniciativa del Consejo Aragonés de Cámaras de Comercio y el Gobierno de Aragón para pymes que, ofrecen productos o servicios exportables, deseen ingresar nuevos mercados internacionales una alternativa de lograr liquidez cuando se les cierra el grifo del crédito a pymes o encuentran dificultades para hacer frente a los impagos pudiendo lograr una internacionalización y entrada de dinero, y demás pesares que les pone en el camino la crisis.
En tanto que el plazo de participación en la edición del programa tiene como plazo el 17 de Septiembre.
Desde el Consejo de Cámaras de Aragón, anunciaron que el programa de gestores ofrece a las pymes un experto en comercio exterior el que se encargará, por el período de 1 año, de tareas de un departamento de exportación con tareas como:
-Analizar el potencial exportador de la empresa
-Explorar mercados
-Buscar distribuidores
-Preparar acciones de promoción
-Demás funciones.
A través de estas tareas, podrán iniciar su actividad exportadora pudiendo seguir después de finalizado del programa.
De las empresas que han confirmado su participación provienen de los sectores:
-Textil
-Alimentación
-Cunícola
-Productos químicos de limpieza
-Mecanización industrial
-Construcción
-Tramitación de patentes.
Este programa de gestores de exportación está en marcha desde 2006, han pasado 50 empresas que participaron.
De los sectores, el agroalimentario, con 17 empresas, de ellas 7 son bodegas, es el sector con más empresas en el programa, además de las empresas de calzado, metal, agropecuarias, madera, maquinaria para ganadería, construcción, equipos de transporte, telecomunicaciones, ortopedia, pinturas, plásticos y turismo.
En cuanto en qué países han realizado negocios las empresas participantes, pudieron lograr negocios en mercados de: Francia, Portugal, Reino Unido y Bélgica, y países de Europa del Este: Polonia y Rumanía, el norte de África y Chile.
Mientras que, la mayor parte de las pymes lograron establecer contactos con distribuidores, agentes y representantes de diferentes países. Una vez que recibieron apoyo por parte de los GTP, el 30% de las empresas que participaron en el programa pasaron al programa PIPE (Plan de Iniciación a la Promoción Exterior), pudiendo desarrollar y crear su departamento de exportación y seguir con sus exportaciones.
Es un tema recurrente pero no por ello hay que dejar de tocarlo, y es la morosidad del Estado para con las pymes, tal vez muchas de las pymes involucradas no esperaban que el Congreso aprobara lacompensación de la morosidad por parte del Estado con las pymes vía impuestos.
Por otro lado se pretende que, las pymes solamente tributen el IVA por facturas que han sido cobradas, es así que, el Pleno del Congreso aprobó unánimemente una proposición no de ley del PP por medio del que solicita al Gobierno a fijar un sistema de “cuenta tributaria” que compense el retraso en los pagos tanto a las pymes como al colectivo de autónomos de la Administración General del Estado, por lo que se excluyen a las comunidades autónomas y ayuntamientos, mediante aplazamientos y fraccionamientos de pagos de los impuestos.
Hasta que esté listo el sistema, se podrá presentar las diferentes deudas como aval para recibir el pago de obligaciones tributarias aplazadas o fraccionadas, para compensar de forma automática con la Administración General del Estado. Por otro lado, algunos sectores pretenden que modificar el criterio de tributación del IVA, para que los autónomos no deban abonar el IVA sobre facturas que todavía no cobraron.
También se ha solicitado poner a disposición la línea de crédito del ICO para los ayuntamientos con la finalidad de que puedan hacer frente al pago de deudas con las pymes en especial y las empresas, si bien esta medida se encuentra desde antes del verano en la Ley de Morosidad.
Asi mismo desde el PP se ha planteado que el sistema también se extienda a las deudas de las empresas con la Seguridad Social, aunque fue descartado.
Desde la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, (ATA) se mostraron contentos ante las propuestas de resolución que presentó el PP dentro del Debate respecto al estado de la Nación donde se exige al Gobierno el llevar a cabo una serie de reformas fiscales dirigidas al colectivo de autónomos para que estos no deban pagar el IVA de facturas que estén impagadas.
ATA, solicita al Gobierno y al Grupo Socialista de la Cámara Baja que desbloqueen la tramitación respecto a la proposición de ley realizada por el PP tendiente a modificar el criterio de devengo por el de caja cuando tiene que tributar el IVA.
Este tipo de modificación, tendría un efecto de cierto alivio ante las diferentes dificultades que atraviesan entre ellos el de la morosidad, escasez de liquidez, ahora deben soportar los problemas en cuanto al IVA.
No todo está dicho en cuanto a la Ley de Morosidad, ya que la Plataforma contra la Morosidad pretende llegar a negociar los plazos transitorios que se han establecidos con esta nueva ley.
Después de haberse aprobado la reforma en la Ley que se encarga de regular los plazos de pago entre empresas y la Administración pública hacia otras empresas, cuyos plazos ya es han fijado en 60 días para las empresas y pymes y 30 días para la Administración.
Dicha Plataforma Multisectorial contra la Morosidad ha señalado que desea negociar una revisión de los respectivos períodos y plazos transitorios establecidos hasta el año 2013 y poder adaptarla a la nueva normativa.
Esta Plataforma estaría estudiando negociar la revisión de los períodos de adaptación, cuyos períodos para las administraciones públicas fueron fijados en 55 días para 2010 año, 50 días para 2011, 40 días para 2012 y de 30 días desde el 1 de Enero en 2013.
Mientras que, para las empresas privadas, este período transitorio los plazos son: de 85 días para 2011, 75 días en el 2012 y de 60 días en 2013. Ya salido a señalar esta Plataforma contra la Morosidad, que no permitirá excepciones de carácter sectorial.
El problema que hace frente esta ley es el que sufren muchas pymes, empresas e incluso autónomos y el poder ganar terreno en esto les hará más fácil poder enfrentar la actual crisis.
De las pocas leyes o acuerdos que han salido o sido aprobadas esta ley favorece en un amplio contexto a las pymes que ya han salido a señalar su total acuerdo con la misma ley de morosidad, ya que para estas les significa poder reducir el plazo de cobro hasta 60 días dentro de las operaciones comerciales entre empresas y de hasta 30 días entre empresas y la Administración Pública.
Desde la Plataforma Multisectorial Contra la Morosidad (PMcM), que se encuentra conformada por cerca de 800.000 pymes, estima que gracias a esta nueva ley, se generará un ahorro financiero de casi 10.000 millones de euros para empresas españolas. Además de calificar como histórica dicha decisión.
La PMcM, es de reciente creación ya que data de 2009, en donde se agrupan diferentes patronales, asociaciones y federaciones de empresarios de toda España llegando a representar a más de 783.000 pymes. Cabe recordar que, hasta este momento los plazos de cobro eran de 98 días entre empresas y llegaban a ser de unos abusivos 139 días en operaciones con la Administración.
Otra de las medidas que ha remarcado como positiva es la de haber eliminado la cláusula -salvo pacto entre las partes- en operaciones comerciales, la cual fue eliminada a pedido del Partido Socialista. De esta manera con la modificación legislativa, de ahora en más las empresas podrán hacerle frente a la morosidad a la vez obtener una mayor liquidez, no requiriendo de tantas ayudas externas.
No es novedad que la morosidad junto con la crisis y otros factores lastran a las pymes mes a mes, respecto a esto la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa de Baleares (Pimeb) salió a señalar que, la morosidad se ubica como la primera de las causas de insolvencia en las pymes además de los autónomos, en base a esto, solícito modificar la ley para establecer un límite de 60 días en el pago de las facturas.
Pimeb, se encuentra integrada en la Plataforma Anti-morosidad, el 24 de Febrero presentará en Madrid, un informe respecto a la actual situación de los plazos de pago y las consecuencias que trae en cuanto a la morosidad y el cierre de pymes.
Por lo que se solicita modificar la Ley 3/2004 ya que existen casos en los que el pago depende de un acuerdo de pago entre ambas partes para cumplir con el correspondiente pago o de la emisión de la factura.
Respecto a esto, la morosidad en los créditos concedidos por bancos, cajas de ahorros, cooperativas y demás establecimientos financieros de crédito a empresas y particulares ha cerrado 2009 en el 5,07%, esto significa el nivel más alto desde el lejano mes de Mayo de 1996, por ese entonces era del 5,31%.
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