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La economía sumergida en España alcanza el 22,5% del PIB

Según un informe realizado por el instituto británico Tax Research, la economía sumergida asciende en España a los 212.125 millones de euros, lo que supone un 22,5% de su Producto Interior Bruto.

Este elevado porcentaje de la economía sumergida en relación al PIB provoca que Hacienda deje de ingresar más de 74.000 millones de euros al año.  Este informe ha sido elaborado a petición del grupo de socialista y demócrata en el Parlamento Europeo.

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Desconfianza de los autónomos ante la limitación de los pagos en efectivo

La decisión de limitar los pagos en efectivo a la cantidad de 2.500 euros, encuadrada en el plan de lucha contra el fraude fiscal aprobado por el gobierno, está generando una cierta polémica entre distintos colectivos afectados que no terminan de convencerse de los efectos de la medida.

La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos ha valorado de forma positiva el Plan de Lucha Contra el Fraude Fiscal, debido al gran problema que supone la economía sumergida para los trabajadores autónomos, sin embargo también ha expresado sus dudas respecto a la medida de la limitación de los pagos en efectivo.

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Los autónomos podrían tener que detallar sus facturas de IVA

¿Tendrán los autónomos que detallar las facturas de IVA de forma trimestral? Eso parece ser lo que se desprenden del proyecto de Real Decreto que prepara el Gobierno y que supondría un nuevo incremento de los trámites burocráticos. La excusa de Hacienda es que de esta forma se controlará mejor el fraude y la polémica no ha tardado en estallar. ¿Es una medida realmente necesaria?

A principios de mes la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) alertaba de un Real Decreto que estaba preparando Hacienda para equiparar las obligaciones de los autónomos a las de las empresas a efectos de notificaciones administrativas. En concreto, se modifican aspectos de la gestión e inspección tributaria y las notificaciones administrativas que supondrían, entre otras cosas, la obligación a partir de 2014 de presentar trimestralmente una declaración informativa con el contenido de los libros de registro de facturas. El Economista se ha echo eco de la noticia y no ha tardado en montarse un gran revuelo en toda la red.

La medida afecta directamente a todos los autónomos que tributan por el sistema de estimación directa y que ahora sólo deben presentar en su declaración trimestral de IVA el importe de IVA soportado e IVA repercutido a través del Modelo 303 sin tener que detallar el contenido de sus facturas. Tener que hacerlo supondría un importante esfuerzo y sobre todo un aumento de la carga burocrática que tiene que soportar el trabajador por cuenta propia y que en definitiva le restan tiempo al desarrollo de su actividad. En definitiva, un nuevo escollo que va en contra de la lógica de simplificar los trámites administrativos para estos empresarios.

Hacienda contra el fraude

Curiosamente, uno de los que más ha criticado la medida es Lorenzo Amor, presidente de ATA, que a través de su twitter ha cuestionado la utilidad de la medida, que busca un mayor control del fraude fiscal por parte de los autónomos. Y es que como reza uno de sus tweets “Estos de Hacienda no se enteran. El fraude no esta en los AUTONOMOS que pagan sus impuestos, está en el millón que trabajan en negro sin estar dados de alta”. Desde UPTA comparten esta postura y su secretario ejecutivo de Política sectorial vaticina que “en modo alguno va a reducir o paliar los casos de trabajo independiente en economía informal, dado que en vez de simplificar la gestión contable y fiscal de los autónomos con esta medida, la misma se complica considerablemente, por lo que creemos que en ningún caso va a conseguir el efecto de hacer aflorar la actividad no regulada, sino que en cierta medida la puede acrecentar”.

En este sentido,conviene apuntar que si bien el llevar un registro más exhaustivo de las facturas por las que los autónomos ayudará a prevenir el fraude en las mismas no parece que Hacienda haya recapacitado lo suficiente respecto al coste de la misma. La burocracia es uno de los principales problemas para el trabajador por cuenta propia y la pequeña empresa en general, ya que para empezar le aparta de su negocio o en su defecto le obliga a destinar parte de sus recursos económicos simplemente para poder cumplir con la Administración. La lógica nos dice que cuanto menos tiempo y esfuerzo deba destinar una empresa a lo que no es el ‘core’ de su negocio, mejor.

A esto hay que añadir lo ya mencionado por las asociaciones de autónomos: existe fraude en las facturas, pero el verdadero fraude, lo que realmente compone nuestra economía sumergida son los miles de personas que trabajan por cuenta propia sin cotizar a la Seguridad Social ni estar dados de alta como autónomos o en el Impuesto de Actividades Económicas.

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Aplazamiento de pagos

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Son muchas las empresas de cualquier tamaño y sector que ante los problemas de liquidez que registran desde que ha iniciado esta crisis, se ven en la necesidad de solicitar aplazamientos de deuda con Hacienda en el 2009.

La Agencia Tributaria ha registrado entre Enero y Noviembre peticiones de prórrogas de pagos por 14.137 millones de euros, esto significa un 48,7% más que las 9.506 de 2008 y que cuyo desembolso los contribuyentes solicitaron demorar en similar período de 2008.

Respecto al número total de peticiones solicitadas, el incremento registrado es notorio, siendo del 70,8%, 1.079.501 respecto a 631.858.

Hasta Noviembre, la recaudación captada a partir de actuaciones de vigilancia y control de la evasión de impuestos llegó a 6.217 millones de euros, esto es un 5,9% más que en mismo período de 2008.

Asimismo desde el Gobierno señalan que su previsión al cierre del actual ejercicio es que la recaudación llegue a 8.200 millones de euros, siendo superior a los 8.054 de 2008. Estas cifras reflejan que en durante la recesión el Ejecutivo ha incrementado los ingresos que proceden de la persecución del fraude al mismo tiempo que veía disminuir un 19% su recaudación.

Se acerca el fin del sistema de módulos para autónomos

El actual sistema de tributación de cerca de dos millones de autónomos está obsoleto. Por lo menos esta es la visión tanto de los pequeños empresarios como del Gobierno, que en breve comenzarán a trabajar en la regorma del sistema de tributación por módulos que, junto la estimación directa, utilizan el 57% de las pyme en su declaración del IRPF.

El sistema de módulos afecta a los empresarios con una facturación anual inferior a los 450.000 euros y unas compras que no superen los 300.000 euros sin tener en cuenta el inmovilizado. Mediante este sistema el pago de impuestos se realiza en función al tamaño del local, el número de trabajadores y el gasto de luz. Además, en el caso de bares y cafeterías se añade otro elemento: las dimensiones de la barra.

El sistema de módulos y de la estimación directa se puso en marcha en 1992 como una fórmula para controlar y recaudar una cantidad fija por cada autónomo y micropyme por parte de Hacienda, dada la dificultad para vigilar un colectivo tan disperso y heterogéneo. El problema es que con el paso del tiempo el sistema se ha quedado obsoleto, además de convertirse en un posible foco de fraude. De hecho, según datos que recoge Expansión, los ingresos medios anuales de un pequeño empresario en el sistema de módulos son de 11.627 euros anuales, una cantidad muy por debajo de los ingresos de un asalariado, situados en torno 18.214 euros anuales.
Y es que en el sistema de módulos no convence a nadie en la actualidad. Si desde Hacienda se quejan del fraude, los autónomos argumentan que el sistema les impide acogerse a desgravaciones que sí están disponibles para las sociedades. Además, hace que la contratación de trabajadores no sea rentable, ya que no cuenta con ningún tipo de ventaja fiscal, algo que sí ocurre con el Impuesto de Sociedades. Lo que en cualquier caso si pretenden mantener desde la Federación Nacional de Autónomos (ATA) y la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) son los consideraciones acerca de los gastos relacionados con la actividad de la empresa y que incluyen comidas de trabajo, transportes, el combustible o asesoramientos fiscales o laborales, entre otros.

Todavía es pronto para predecir cómo será el nuevo sistema, aunque tampoco hay que esperar un cambio brusco, sino más bien paulatino, ya que la medida afecta a cerca de dos millones de autónomos y pequeños empresarios.

Promesas electorales (III): resto de formaciones

Con algunos de retraso respecto a lo prometido completamos la serie de posts sobre las propuestas de los partidos políticos en materia económica. Los primeros comentarios sirvieron para analizar los programas de PP y PSOE, mientras que en este último se analizarán las del resto de formaciones que suelen participar en la vida política nacional y cuyo papel será clave a la hora de formar el futuro gobierno.

Así, IU, que ya ha mostrado su voluntad de alcanzar un acuerdo con los socialistas en caso de que sea necesario, apuesta por una política económica con un marcado carácter social. En este sentido, no plantea demasiadas medidas en favor de la pyme y gran arte de sus esfuerzos se centran en el problema de la vivienda. El partido presidido por Gaspar Llamazares pretende aumentar la pensión mínima hasta los 600 euros, además un impuesto especial para los ingresos superiores a los 100.000 euros.

En cuanto a las política que más directamente afectan a las pyme, IU se muestra contrario a la supresión del Impuesto de Patrimonio, así como a la bajada del Impuesto de Sociedades, algo que sí han prometido los otros dos grandes partidos. De hecho, apuesta por “incrementar el tipo del Impuesto de Sociedades de las entidades financieras hasta el 35% y establecer una Tasa Especial sobre el beneficio sobredimensionado, (aquél cuyo crecimiento sea superior al triple del IPC) cuya recaudación se destinará a programas sociales de vivienda y revertir en la subsidiación efectiva de intereses en créditos hipotecarios para las familias económicamente más modestas. Mantenimiento del los impuestos cedidos sobre el Patrimonio y Sucesiones y Donaciones, mejorando su progresividad en lo que respecta a las grandes fortunas”.

Por e contrario, IU ha mostrado su intención de endurecer su lucha contra el fraude y vigilará especialmente a las pyme y al resto de empresas que facturen menos de seis millones de euros. Su programa plantea “Habilitar suficientemente a los
Técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda para combatir el fraude y el blanqueo
de capitales en aquellas empresas que facturan hasta 6 millones de euros anuales”. Además, quiere crear un parque público de servicios y promoción tecnológica, logística y de distribución, para pymes , microempresas y empresas de la economía social. Del mismo modo, pretende apoyar las políticas de crecimiento de plantillas de I+D en el sector empresarial, con especial atención a las pyme.

En cuanto al resto de partidos, en su mayoría de carácter autonómico. En este sentido, Ezquerra Republicana de Cataluña propone que los empresarios que contraten a un familiar puedan seguir cotizando a la Seguridad Social, así como un contrato de transición al mundo laboral para los jóvenes. Además, propone deducciones fiscales por valor de 8.000 millones de euros del Impuesto de Sociedades, que rebajaría al 20% a las empresas que facturen menos de 3 millones de euros. Del mismo modo, promete recuperar los incentivos y deducciones fiscales para aquellas pyme que reinviertan los beneficios, junto con ayudas para la inversión en I+D por valor de 2.780 millones de euros y deducciones por las filiales en otros países.

Todavía en el ámbito catalán, Convergencia i Unió (CiU) promete rebajar el Impuesto de Sociedades hasta el 20% para las pyme y el 15% para las microempresas, además de dejas entrever la supresión del Impuesto de Patrimonio que su candidato a las elecciones generales, Josep Antoni Duran califica de “antiahorro”. El partido nacionalista también propone un plan de choque para favorecer la internacionalización de la pyme a través de la creación de un consorcio entre el Instituto de Comercio Exterior (ICEX), las comunidades autónomas, las patronales y las cámaras de comercio.

En el País Vasco, el PNV quiere acometer el proyecto de fusión de las cajas vascas, así como el de la creación de una red de alta velocidad que una las tres capitales de provincia (San Sebastián, Bilbao y Vitoria) que serviría para incrementar el comercio en la región.

Subsidio de desempleo para autónomos ¿será 2008 el año definitivo?

Pese a que el Nuevo Estatuto de los Trabajadores Autónomos recoge el ansiado seguro por cese de actividad, lo que podría equipararse a cobrar el paro, todavía no está del todo claro cuándo  comenzará a aplicarse de forma efectiva. Y es que este subsidio está condicionado, por lo que no funcionará exactamente igual que el paro. El sistema de protección es diferente y sala de un fondo creado a través de las aportaciones de los propios trabajadores, pero todavía no se ha creado la ley específica que regule este apartado, un texto que debería presentarse y aprobarse antes de un año.

El problema principal radica en que el Gobierno no quiere incluir la protección por desempleo para empleados autónomos dentro de la que ofrece el Régimen General de la Seguridad Social, algo que sin embargo sí se planteo cuando comenzó a elaborarse el nuevo estatuto. En el fondo, el Ejecutivo todavía no tiene definido un sistema claro para controlar posibles fraudes por parte de este tipo de trabajadores y teme un abuso de esta nueva herramienta. Además, al tratarse de un colectivo muy heterogéneo, presenta necesidades muy distintas en función de cada grupo.

Por otra parte, la prestación por desempleo también ‘choca’ con la jubilación anticipada. El nuevo estatuto reconoce el derecho a disfrutar de ella a los trabajadores que desarrollen una actividad, tóxica, peligrosa o penosa. El resto de autónomos deberán demostrar que efectivamente han perdido el trabajo por causas ajenas a su voluntad, algo más que complicado en la mayoría de los casos.

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