Las pymes podrían compensar los impagos públicos con deuda fiscal, así lo ha propuesto el Partido Popular (PP), lo que independientemente de lo que se llegue a concretar o no, al depender del Congreso de los Diputados el aprobar la moción del PP.

Es una medida que desde diferentes sectores vienen presionando al Gobierno de Rodriguez Zapatero que de una vez por todas les permita a las pymes y los emprendedores autónomos que estos puedan lograr reducir sus respectivas deudas que han contraído con Hacienda mediante con las deudas de las Administraciones Públicas que son las grandes generadoras de morosidad entre el tejido de las pymes y el colectivo de autónomos.

De las medidas que buscan que se aplique todas de alguna forma u otra son para sino eliminar sí reducir la situación de morosidad que les generan el Estado, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos.

Por lo que el PP propone un Mecanismo de Compensación Automática, y que no sale de la nada ya que figura en la Ley General Tributaria de 2003 bajo supuestos de deudas y devoluciones de la Agencia Tributaria, haciendo que al estar contemplado pueda ser aprobado rápidamente.

De concretarse, sería un gran logro ya que las pymes podrían descontar los impagos que puedan llegar a tener con la Administración descontándolo de las obligaciones que les quede pendientes de Hacienda. Por otro lado también podrían tanto pymes y autónomos no tributar por el IVA de servicios si no han cobrado sus facturas es decir las facturas pendientes de cobro.

No es más que solicitar que se cumpla efectivamente con la ley de morosidad y que en un mes se ponga en marcha la Línea ICO para financiar deudas de ayuntamientos con pymes y autónomos. Algo de lo que ya se ha hablado.

La deuda de las Administraciones públicas con los autónomos llega a 13.300 millones de euros, algo sumamente alarmante y aclaratorio de muchas de las situaciones que vive este colectivo, como el tener una alta morosidad, además de las facturas impagas y la consecuancia de tener que darse de baja en la Seguridad Social.

Aunque las administraciones públicas estén sin la suficiente liquidez, los Ayuntamientos en quiebra pocos justifican que les adeuden a los trabajadores autónomos 13.300 millones de euros.

El 57% de la deuda se corresponde a entidades de estas Comunidades Autónomas: Cataluña, Andalucía, Madrid y Comunidad Valenciana. Principalmente y como figura en el informe de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA).

Un ejemplo es la deuda de las administraciones catalanas que alcanza los 2.433 millones de euros, Andalucía 2.154 millones de euros, mientras que Madrid tiene una deuda de más de 1.500 millones de euros y la Comunidad Valenciana.

La lista de de las principales Comunidades Autónomas que tienen esta deuda son:
Cataluña: 2.433 millones de euros
Andalucía: 2.154 millones de euros
Madrid: 1.500 millones de euros
Valencia: 1.500 millones de euros
Galicia: 940 millones de euros
Castilla y León: 758 millones de euros
Castilla-La Mancha: 631 millones de euros
País Vasco: 625 millones de euros
Murcia: 532 millones de euros

Adeudan por debajo de los 500 millones de euros: Extremadura, Aragón, Canarias, Baleares y Asturias.

Las comunidades que menos adeudan y podría decirse que mejor cumplen y tinenen una deuda por debajo de los 200 millones de euros son: La Rioja, Navarra y Cantabria.

Como posible solución para que las corporaciones locales cumplan con sus deudas con los autónomos, ATA pretende que se cree una línea ICO que incluya un régimen sancionador para exigirles a las administraciones que paguen intereses de demora o compensen las deudas vía impuestos o cotizaciones.

También ha propuesto un mecanismo de control con el objetivo que los estados miembros cumplan los plazos de pago que se acordaron e incumplen. Este pedido se basa en su informe que refleja que el 95% de las administraciones públicas españolas incumplen la Ley de Morosidad siendo un importante factor de la tasa de paro entre autónomos y el cierre de microempresas españolas.

El barómetro del Observatorio del Trabajo Autónomo, se encarga de mostrar que el 60,6% de los trabajadores autónomos sufren la morosidad pública y que 4 de cada 10 tarda más de 6 meses en poder cobrar sus facturas, y el 30% se tarda 1 año. Mientras que, el periodo medio de pago de las administraciones públicas es de 170 días.

Otra información, refleja que los autónomos adelantaron más de 1.600 millones de euros por IVA por facturas no cobradas.
Entre las comunidades que pagaron por IVA han sido las siguientes:

Cataluña: Pagó 392,6 millones de euros
Madrid: Pagó 322 millones de euros
Andalucía: Pagó 200 millones de euros
Valencia: Pagó 180 millones de euros
País Vasco: Pagó 87,3 millones de euros
Galicia: Pagó 84 millones de euros
Aragón: Pagó 58,4 millones de euros
Murcia: Pagó 53,5 millones de euros
Castilla-La Mancha: Pagó 53 millones de euros
Castilla y León: Pagó 52,1 millones de euros

Imagen: saberinvertir

Las quejas entre las pymes y trabajadores autónomos son muchas en cuanto a la hora de cobrar las facturas impagadas lo que a su vez les trae morosidad o hasta el cierre de negocios por no poder afrontar otros gastos cuando no consiguen liquidez y no cobran las facturas.

Pero existe un gran desconocimiento de cuando y cómo cobrar las facturas impagadas, por lo que en caso que transcurran más de 50 días en los que una Administración Pública se demora en pagarles la factura y en caso que se denuncie tal situación, no se requiere una resolución del contencioso por vía judicial, de ahora en más podrán recibir lo adeudado en el acto, pero las pymes no saben cómo cobrar sus facturas impagas.

Pero a esta altura existe un desconocimiento de dicha situación en 8 de cada 10 pymes y tan sólo el 20% de las empresas en España tiene un conocimiento sobre la nueva Ley contra la Morosidad o Ley de Morosidad 3/2004, que rige actualmente. Justamente el 67% por ciento de los cierres que se producen entre las microempresas es fundamentalmente por la morosidad.

A partir de la nueva Ley de Morosidad, existe una herramienta para aquellas pymes que reclaman sus facturas a la Administración Pública, estas pymes desde esta nueva ley ya no deberán de esperar una resolución sobre su solicitud de cobro de la deuda, por vía judicial. El nuevo procedimiento indica que, tras la denuncia hecha por la pyme, se pasará a realizar el pago de dicha deuda en forma de medida cautelar, incluso la Administración deberá de abonar las costas del juicio, en caso que favorezca al denunciante.

Este nuevo procedimiento de reclamación impide que el cobrar una factura se extienda en el tiempo que en muchos casos llega ser de hasta 4 años.

Una sustancial modificación que se da a partir de ahora es la eliminación una línea de financiación del ICO para Ayuntamientos y que las administraciones pudieran hacer frente al pago de sus proveedores, esto queda atrás en la Ley de Presupuestos Generales.

Imagen: comunica-web

La morosidad es un problema tan serio para las pymes como para los autónomos, ya que esto genera una cadena de incumplimientos generando impagos, debiendo cerrar negocios, todo por que los Ayuntamientos no pueden pagar sus facturas ya que muchos Ayuntamientos están en quiebra o a punto.

Es por ello desde el grupo municipal de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de Zaragoza, solicitan que cambie esto y se le de prioridad al pago de las facturas adeudadas a las pymes y entidades sociales ya que la deuda del Ayuntamiento de Zaragoza con pymes es alto.

Por lo que se pretende que, el pago comience a partir las facturas que presentan una menor cuantía a las empresas más pequeñas además que el pago de dichas facturas y que sean por menos de 3.000€ se haga en 20 días no más que eso. Ya que la media de tiempo a pagar las facturas tras todos los trámites llega a ser de 3 meses, también se espera que dicho tiempo se reduzca a 2 meses.

De retrasarse el pago a proveedores, provoca que se rompa la cadena en el sistema socioeconómico de esta ciudad lo que va en contra del tejido empresario.

Por otro lado, en Julio pasado, el Gobierno de Zaragoza dio a conocer un decreto por medio del que ordenaba la no disponibilidad del 15% de los créditos disponibles de forma lineal dónde forman parte las partidas sobre gasto social, empleo y programas sociales que se encuentran a cargo de pequeñas entidades.

A todo esto el Ayuntamiento de Zaragoza adeuda 94 millones de euros, de ellos 47,5 millones son de pagos pendientes a las 17 contratas, pequeños proveedores y pymes.

De dichos 47,5 millones, el 75% unos 36 millones de euros, se les adeuda a las 17 grandes contratas limpieza, transporte, electricidad y demás mientras que 11,5 millones de euros corresponde a convenios del consistorio con terceros, entre ellos entidades sociales, para la prestación de servicios.

Finalmente se aprobó la medida tan esperada de el cambio de la Ley para que tanto los autónomos y pymes no paguen el IVA por las facturas impagas. Es así que el Pleno del Congreso aprobó unánimemente tramitar una proposición de Ley del Partido Popular para la modificación de la norma que regula el IVA, de manera que las pymes y autónomos no deban tributar por las facturas no cobradas, logrando cambiar el criterio de devengo por el de caja cuando se tenga que calcular el impuesto.

Desde sectores como el PP, señalaron esta medida como una “auténtica revolución fiscal” que de seguro logrará aliviar la actual situación de los autónomos, que ya ha generado que 170.000 autónomos dejaran su actividad, en 2009 y de las numerosas pymes que apenas subsisten y que tienden a desaparecer si no se aprueban medidas como estas.

Actualmente existe una tendencia, que ya afecta al 95% de la deuda pendiente, llegando a ser más de 40.000 millones de euros, generando un retraso medio del pago de administraciones que se ubica en 140 días a los autónomos y pymes, siendo que significan el 95% del tejido industrial.

Imagen: riesgoymorosidad.com