Procedimiento arbitral contratos TIC

Tanto las empresas España como las de Iberoamérica del sector TIC, podrán beneficiarse a partir de ahora del procedimiento arbitral.

Es así que, las asociaciones como: La Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones de España (Aetic); la Asociación Española de Empresas de Consultoría (AEC); la Asociación Española de Usuarios de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (Autelsi) y la Federación de Asociaciones de Latinoamérica, el Caribe y España de Entidades de Tecnología de la Información (Aleti) todas ellas firmaron un acuerdo de colaboración con la Cámara de Madrid, de esta manera se constituye la sección de Consultoría y Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones en la Corte de Arbitraje de Madrid.

Convirtiéndose en la primera a nivel de España e Iberoamérica en incluir una sección que se especializa en la resolución de conflictos mercantiles en el sector de tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

A partir de estos acuerdos, las empresas TIC que se encuentren operando en España y las de 18 países de Iberoamérica se beneficiarán del arbitraje, como han señalado desde las Cámara de Madrid, este es uno de los instrumentos legislativos que más utilizan las empresas como una forma alternativa a la Administración de Justicia.

La forma en que las empresas pueden utilizar los servicios de la Corte de Arbitraje de Madrid, para ello las empresas deben incluir en sus contratos el modelo de cláusula o convenio arbitral que ha realizado la Corte de Arbitraje de Madrid, de esta manera ante el caso de que surjan controversias, pueda quedar asegurado el cumplimiento de la voluntad de las partes de recurrir al arbitraje de la Corte.

Es por ello que, las asociaciones firmantes se comprometen a proponer a la Corte el nombramiento de peritos, árbitros de derecho, y árbitros de equidad para resolver el caso. Mientras que la Corte de Arbitraje se compromete a elaborar una lista de peritos, árbitros de derecho, y árbitros de equidad, como forma de garantizar su imparcialidad.

Contratación y subcontratación

El desarrollo industrial, la globalización, la especialización, todo, ha llevado a la situación que se plantea hoy en muchas empresas, donde es cada vez más difícil encontrar que las misma fabrican la totalidad de su producto.

Así la contratación de un tercero, y principalmente de otra empresa, para que desarrolle parte de su proceso productivo se conoce como subcontratación. Este sistema de trabajo conlleva múltiples beneficios y oportunidades para la empresa española.

Esa descentralización de la unidad productiva, también llamada outsourcing, ha venido desarrollándose en nuestro país en los últimos años mediante una nueva organización de la actividad empresarial, por la cual, la empresa (llamada principal) decide no realizar directamente ciertas actividades, optando en su lugar por desplazar a otras empresas o personas individuales (empresas auxiliares) con quienes establece, a estos efectos, contrato mercantil o civil.

La Ley española ha previsto los problemas jurídicos que podían generarse, tales como cuestionamientos por los derechos económicos de los trabajadores, así como las obligaciones con la seguridad social, al intervenir terceras personas en la actividad empresarial.

Por ese motivo la Ley, si bien permite dicha contratación, también establece las garantías necesarias para defender esos derechos que se pueden ver alterados.

Así el Art. 42 ET define a la subcontratación como el encargo del contratista a otro para la ejecución de determinada obra o servicio que son parte del encargo general que se ha comprometido a realizar.

De este modo el contratista se compromete con el empresario principal, o el subcontratista con el contratista, a llevar a cabo la realización de una obra o servicio determinado, a su propio riesgo, con sus propios medios y por un precio fijado de antemano.

El contrato que se suele firmar entre las partes en estos casos es el de obra o de arrendamiento de servicios regulados en el art. 1583 y stes del CC.

El ámbito del art. 42 del ET se refiere únicamente a la contrata o subcontrata de obra o servicio correspondiente a su propia actividad, quedando excluida de garantía la contratación de obra o servicio que no sea de su propia actividad.

Un problema que se ha planteado con la norma es la definición de propia actividad, ya que la misma no es clara y existe sentencias contradictorias al respecto.

Pero el Tribunal Supremo, en unificación de doctrina, (18/1/95), ha establecido que será propia actividad la indispensable para conseguir el fin de la empresa principal, por lo que no será calificada como tal los servicios y obras desconectados de la finalidad productiva o de las actividades normales, así como las actividades complementarias o auxiliares no absolutamente esenciales.

Para valorar si existe o no propia actividad deberá analizarse si la actividad complementaria se puede integrar en la actividad de la empresa comitente, revisando distintas condiciones, como:

- El lugar de prestación de los servicios, ya que si los trabajadores de la auxiliar desempeñan su trabajo en los locales de la principal, se entiende que los servicios están conectados al ciclo de producción.
- La propiedad de los útiles de trabajo o materias primas empleadas por los trabajadores de la auxiliar para ejecutar la contrata.
- La relativa permanencia de la relación contractual entre empresa principal y auxiliar.
- La existencia de antecedentes de gestión directa.

Obligaciones:
Existen ciertas obligaciones a cumplir, por ejemplo, la empresa principal debe comprobar que el contratista y subcontratista están al corriente de pago en las cuotas de la seguridad social.
También deberá comunicar a la TGSS las variaciones de datos que se produzcan cuando, habiendo sido contratados o subcontratados para la realización de obra o servicios, subcontraten, a su vez, la ejecución total o parcial de los mismos con otros empresarios.

Responsabilidad solidaria:
El empresario principal, respecto a la Seguridad Social y durante el año siguiente a la terminación de su encargo, responde solidariamente de las obligaciones de naturaleza salarial contraídas por los subcontratistas con sus trabajadores y de las referidas a la Seguridad Social durante el periodo de vigencia de la contrata con el límite de la que correspondería si hubiese tratado de personal fijo en la misma categoría o puesto de trabajo. Ello, salvo que recaben certificación negativa de descubierto a la entidad gestora y esta no libre certificación en el término de 30 días, en tal caso, transcurrido el plazo, quedará exonerado de la responsabilidad el empresario solicitante.

Además, la empresa principal responderá solidariamente de los contratistas y subcontratistas, durante el periodo de la contrata, por las obligaciones impuestas por la Ley de Riesgo del Trabajo, en relación con los trabajadores que aquellos ocupen en los centros de trabajo de la empresa principal, siempre que la infracción se haya producido en el centro de trabajo de dicho empresario principal.

Las autonomías más exportadoras

Si quiere buscar a las empresas más exportadoras españolas, deberá buscarlas en la Comunitat Valenciana, Cataluña yMadrid, ya que son las autonomías donde las pymes registran una mayor iniciativa exportadora, así lo señala el Programa de Iniciación a la Promoción Exterior (PIPE) del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX).

El programa PIPE, consta de una duración de 2 años, está dirigido a cualquier pyme que cuenta con un producto o servicio que desee colocarlo en el exterior.

Del total de 6.757 empresas que se encuentran adheridas al programa desde ya hace 11 años, unas 1.221 son catalanas, en tanto 866 son madrileñas y 784 andaluzas, son seguidas de las pymes valencianas (674) y castellano leonesas (590).

De esta manera los datos del proyecto PIPE reflejan que en lo que va de 2009, las pymes españolas se apoyan en la exportación como una forma de salir de la actual la crisis, a finales de 2009 el número de empresas que se hayan anotado al programa llegará a las 800.

Durante los últimos 10 años, el número de empresas exportadoras se ha elevado al 76%, como lo reflejan los datos de la Agencia de Aduanas. Durante este 2009 del total de empresas PIPE unas 651, 150 pertenecen a Catalunya, 113 son madrileñas, 97 valencianas, 73 andaluzas y 33 castellanoleonesas.

Por sector, un 32% corresponden al sector industrial, el 30% al sector de servicios, el 22% a bienes de consumo, el 10% al sector agroalimentario y el 6% al sector bebida.

Las pymes mantienen la cifra de festivos al año

Desde el Consell han tomado la decisión dejarles optar al pequeño comercio, los sindicatos y las asociaciones de consumidores el elegir si amplían el número anual de aperturas en festivos.

Es así que, la Ley que prepara el departamento de Industria mantendrá, mínimamente, las nueve aperturas que contempla la normativa. Mientras que autonomías como la de Madrid, la legislación les permite más de veinte aperturas anuales.

De esta forma al establecer un número mínimo de festivos y no cerrar del todo la posibilidad de una ampliación, la Conselleria de Industria logra no elevar el enojo del sector de las grandes superficies, ya que otra vez se ven superadas por la presión ejercida por parte de las patronales de pymes del sector.

Otras de las novedades en el borrador elaborado por Conselleria le deja la decisión al Observatorio del Comercio si opta por elevar dicho número. Dentro de este órgano, la patronal de grandes superficies -que se encarga de agrupar a las enseñas como El Corte Inglés, Carrefour o Alcampo-, no tiene la mejor posición, quedando en minoría, ya que la mayoría del sector, que lidera el pequeño comercio y los sindicatos, desean mantener el número actual de aperturas.

Respecto a la decisión de dejarle la decisión final al Observatorio del Comercio, es una medida tendiente a evitar confrontar con las pymes del sector, ya que éstas, históricamente, se han mostrado contrarias a elevar el número de jornadas festivas habilitadas para la apertura de los establecimientos.

Gasto en innovación tecnológica

La innovación tecnológica ha logrado que debido a su importancia crezca el gasto en este sector, dicho gasto ha crecido en 2008 un 5,51% en Castilla y León, igualmente esta cifra se encuentra por debajo de la media nacional, que llegó a ser del 10,1%.

En esta Comunidad el dato se cerró en 798 millones de euros, y a nivel nacional fue de 19.919 millones de euros, estos datos son aportados y generados por los resultados provisionales avanzados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De los 798 millones de euros de lo gastado en innovación de Castilla y León, en su mayor parte fue gastado por empresas que cuentan en su plantilla con menos de 250 trabajadores, a las que corresponden 489 millones en ese periodo, al respecto el resto, unos 308 millones de euros, fueron generados por empresas de mayor tamaño.

Según el INE, el 20,65% de las empresas castellanas y leonesas fueron innovadoras de producto o proceso en el periodo 2006-2008, un porcentaje similar al de la media nacional, situado en el 20,81%. En el caso de esta Comunidad, dicho dato refleja que unas 1.783 empresas han generado algún proceso de innovación en marcha o con el producto acabado respecto a las 42.206 de todo el territorio nacional.

Por lo que, en total, la innovación de producto en ese periodo significó el 12,7% de las ventas de todas las empresas, dicho porcentaje en la Comunidad llegó al 16,85%.

Respecto a las comunidades que registraron mayores gastos en innovación en 2008 le correspondieron a Madrid (38,5%) sobre el total, seguida de Cataluña (19%) y País Vasco (9%), y Castilla y León gastó el (4,01%9 del total. Según el crecimiento se destaca el de Extremadura (48,1%), Madrid (32,8%) y Aragón (17,9%) respecto al 5,51% de Castilla y León.

Ley de Economía Sostenible

Por estas semanas se ha conocido el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, elaborado por el Gobierno, en la que se contempla incrementar desde el 8% actual al 12% la deducción por innovación tecnológica respecto al impuesto sobre sociedades.

De esta manera se deduce, que aquella actividad que signifique un avance tecnológico dentro de la obtención de nuevos productos o mejora sustancial de los ya existentes, permitirá a las empresas tener derecho a la rebaja.

Dicho beneficio fiscal ya se había establecido en 2004 y debería desaparecer en 2012, pero el Gobierno decidió mantenerlo hasta una nueva orden. La Ley de Economía Sostenible también ha elevado desde el 4% actual al 8% la deducción por protección del medio ambiente.

En la misma sintonía, sólo 2 de cada 10 empresas han destinado recursos entre 2006 y 2008 a la innovación tecnológica, según los últimos datos del INE, siendo las primeras Madrid, Cataluña y el País Vasco, las que sumaron más de la mitad del gasto total en España, que llegó a 19.919 millones de euros en 2008. Para elaborar dicho estudio se basó en más de 47.800 empresas de 10 o más empleados del sector industrial, de la construcción y de servicios, además de incluir desde 2006 el estudio de la rama de agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca.

Por sectores empresariales, el sector servicios ha sido quien más gastó en innovación, esto significa un cambio de tendencia respecto a años anteriores, donde era el sector de la industria quien lideraba el ranking.

Mientras que, dentro de los servicios, las telecos han sido las que más recursos destinaron. Si bien el sector hostelero se destacó en 2008 por incrementar más que ningún otro sector, con un 115% el gasto en innovación. La mayor parte de las empresas innovadoras se concentran dentro de Cataluña, seguida por Andalucía y Madrid.

Se agota un tercio de los fondos extra del Fogasa

Así como la crisis le seca los bolsillos a los trabajadores y pymes, también hace que sequen los recursos del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). Así el organismo, que se encarga de abonar los sueldos e indemnizaciones a los trabajadores que no los reciben de su propia empresa, en Agosto agotó el presupuesto de 551 millones de euros que disponía para 2009. Si bién desde el Gobierno inyectaron 348 millones de euros extra, pero ante tal situación, casi un tercio han sido consumidos.

Por lo que, el Fogasa ya ha abonado unos 653.828 millones de euros durante los diez primeros meses de 2009, esto significa un 83,15% más que en el mismo período de 2008. De esta cifra 214 millones de euros correspondieron al pago de salarios y 440 millones de euros al pago de indemnizaciones y unos 137.653 empleados han tenido que recurrir al fondo público, de los que casi el 80% pertenecían a una empresa con menos de 25 asalariados.

Si se ve por sectores, la mayor parte de los afectados son del sector servicios 43,12%, seguido por la industria 29,32%, la construcción un 26,08%. Mientras que su cobertura está asegurada en el medio plazo a partir del superávit de 4.468 millones de euros con que cuenta. Para 2010, el Gobierno ya ha presupuestado 900 millones de euros.

Fiscalidad salario medio español

Entre todos los problemas que encuentran los trabajadores españoles, también deben lidiar y soportar sobre sus espaldas la presión fiscal. Los trabajadores españoles son tras Italia y Portugal, los que más soportan la presión fiscal de la eurozona.

Si bien la presión fiscal sobre las rentas del trabajo en España es levemente inferior a la media europea, el salario medio anual es menor respecto con el de los países de la eurozona.

La presión fiscal sobre el salario medio español – el porcentaje que de lo que se gana y se destina al pago de tributos- se ubicó en el 37,8% en 2008, esto significa una tasa 5 puntos por debajo de la media europea que es del 43,14%.

En tanto que sólo los trabajadores de Portugal con el 37,6% e Irlanda con un 22,9%, soportan una menor presión fiscal que los empleados españoles. Mientras que, los trabajadores de Holanda con el 45%, Alemania un 52%, Finlandia 43,5% y Austria 48,8%, se encuentran con mucha mayor presión fiscal que los trabajadores españoles.

Más allá de que España se encuentra entre los estados de menor presión fiscal, es el país de la zona euro donde se ha registrado más el crecimiento del esfuerzo fiscal de las rentas del trabajo en los últimos 5 años, excluyendo la reciente subida de impuestos anunciada por el Ejecutivo.

Los datos fueron revelados por un estudio de los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), donde se advierte que el ‘esfuerzo fiscal’ es un muy buen indicador del peso que poseen los impuestos sobre el bolsillo de los trabajadores contribuyentes, al revelar cómo dos países, teniendo una presión fiscal similar, realizan un “sacrificio” económico distinto, cuando el nivel de renta de los ciudadanos no es el mismo.

Los trabajadores españoles ganan un promedio de 22.802€ anuales brutos, en tanto que la media de los países del entorno llega a 34.000€.

Desde, Gestha han remarcado que si se consideran los impuestos que soporta un ciudadano español por el consumo (IVA e Impuestos Especiales), la presión fiscal sobre el salario medio crecería desde el 37,8% hasta el 47,01%, e incluso podría ser más del 50% si se incluyen los pagos medios de impuestos sobre sucesiones o donaciones, transmisiones patrimoniales e impuestos municipales.

A pesar de esto, también se debe considerar que la presión fiscal dista de ser pareja para los ciudadanos, existiendo una presión fiscal “dual”; ya que por un lado, la que soportan las rentas que pueden ser ocultadas como las empresas y profesionales y, por el otro, está la que soportan las rentas “retenidas en origen” y recaudadas por la Hacienda Pública.

Los trabajadores y pensionistas ingresan el 75% de la recaudación total del Impuesto de la Renta, declarando rentas anuales de 4.875€ más que los profesionales y los pequeños y medianos empresarios, y cerca de 6.833€ más, comparando los ingresos de los microempresarios.

Mientras que, por el lado de los empleados y pensionistas, estos han declarado en 2008 18.400€ de media, en tanto los pequeños y medianos empresarios y los profesionales liberales que declaran sus rendimientos en estimación directa declararon ganar sólo 13.525€ de media. Muchos ven estos números como una prueba fehaciente del enorme fraude fiscal que existe y que ubica lamentablemente a España en el segundo o tercer lugar en el ‘ranking’ de países más defraudadores de la UE.

Fruit Attraction, primera edición del sector de frutas y hortalizas

En lo que es la primera edición de Fruit Attraction, participan más de 300 empresas del sector, la feria profesional del sector de frutas y hortalizas, organizada por IFEMA y FEPEX, Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas, se encuentra abierta del 4 al 6 de Noviembre en Feria de Madrid.

Fruit Attraction reune, por primera vez, a productores de las principales Comunidades Autónomas donde la producción y comercialización de frutas y hortalizas es una actividad económica importante: Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia, La Rioja, Murcia y Navarra.

Asisten las grandes empresas que son líderes del sector, entre las que se encuentran el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM). Este encuentro está destinado a repetirse ante la cantidad y calidad de los expositores, ya que los organizadores prevén que será un éxito.

Fruit Attraction, ofrece una variada oferta de actividades paralelas, entre las que se ofrecen jornadas técnicas que se desarrollan durante los 3 días que dura la feria, además de exponer temas sobre la producción y la comercialización en el sector hortofrutícolas y, actividades orientadas al fomento del consumo de las frutas y hortalizas.

También hay jornadas técnicas durante estos 3 días de feria sobre la cogeneración, la política fitosanitaria y la distribución europea.

Por otro lado, dentro de Fruit Attraction y organizado por Madridfusión, los profesionales y cocineros invitados ofrecen alternativas creativas, ofreciendo revalorizar a la fruta y la verdura con novedosas técnicas culinarias.

La primera edición de la feria ya se celebra del 4 al 6 de Noviembre de 2009, en Feria de Madrid

Comstor ofrece su programa OneX para pymes

La empresa Comstor aporta una interesante ayuda a las pymes en el ámbito de las comunicaciones, ya que a través de su programa OneX, permite a estas empresas la formación, logrando especializarse por medio de cursos a medida, los cuales son financiados por Comstor.

Para que las pymes puedan tener comunicaciones eficaces, deben como primer paso adquirir los conocimientos que se requieren respecto a la calidad, a los costes, la infraestructura y las ventajas que esto representa.

Ante el paso de los años, van surgiendo nuevas tecnologías que evolucionan y aportan ventajas a quienes las adquieren, esto hace que las pymes estén continuamente mejorando en los sistemas y su mantenimiento.

Dicho sistema aporta desde eficiencia, eficacia, hasta profesionalismo y una clara orientación hacia los clientes de parte de las pymes, lo que trae importantes ventajas que antes les eran difíciles de obtener por los altos costes que representan para cualquier emprendimiento, que se quiera realizar.

Las empresas continuamente deben aplicar nuevas tecnologías, una de ellas es el estudio de la voz sobre el Protocolo de Internet (VoIP), lo cual permite reducir su factura telefónica mensual. Estas facturas les representan un alto coste en algunas pymes y no se trata de no utilizar este servicio sino el de encontrar nuevas tecnologías disponibles y obtener ventajas que las hagan más redituables para ellas y más competitivas.

Si bien una de las principales razones por las que contar con VoIP, es el ahorro que significa en la factura telefónica también existen otras ventajas. Uno de los ejemplos son las empresas pequeñas que cuentan con sucursales, filiales o representantes, y con esto pueden definirse teléfonos de acceso directos a la casa central. De esta forma se logra crear una presencia muy importante y de manera personalizada en más de una ciudad o de un área geográfica.

Por lo que los sistemas de Telefonía IP traen como ventaja, el poder habilitar líneas de bajo coste o incluso, en algunos casos de coste cero, generando para las pymes no solo una reducción de costes, también una imagen empresarial ante los clientes y competencia que antes solamente las grandes empresas podían obtener.

Se puede decir que el sistema de VoIP da la posibilidad que varios empleados recepcionen las llamadas de los clientes, además de poder crearse un “mini data center” y de esta manera lograr aumentar el potencial de negocios y mejorar los recursos y aportarle un mejor servicio a los clientes.

La ventaja se obtiene al incluir una única red de datos entre todas las oficinas y empleados, de esta manera la empresa logra reducir costos operativos, aumentar la productividad y la eficacia de toda gestión y mejorar las comunicaciones y los servicios a los clientes.

Estos dispositivos actúan como centralitas y ofrecen muchas prestaciones de las centralitas VoIP. Ante el crecimiento de la empresa, lo único que deberá hacer es añadir algunas licencias en vez de tener que invertir en nuevo hardware.

Ciertas empresas, las que requieren de avanzadas prestaciones de llamadas, suelen volcarse por contar con su propia centralita en sus oficinas. Al contar con una centralita en las oficinas, se puede tener un mayor control administrativo sobre el sistema, pero para ello se necesita de tiempo y conocimientos.

Por medio del programa OneX, de Comstor se les aporta una serie de ayuda a las pymes para que puedan formarse, y especializarse, a través de cursos a medida y financiados por Comstor. Otra de las ventajas es el de que podrán adquirir material de uso interno y demos bajo descuentos mayores al 50%.

También los préstamos tecnológicos de los propios fabricantes de Comstor, o el Plan Avanza, ofrecen condiciones de financiación muy ventajosas: Tipo de interés 0, con un plazo de 36 meses de amortización de capital.

También existe la posibilidad de obtener un servicio externo, el que permite ligar la centralita analógica ubicada en la oficina y abonar a un proveedor de servicio para que gestione las llamadas de la empresa en sus propios servidores IP.