Los resultados de las elecciones generales del 20N no dejan lugar a dudas. España pedía un cambio y este llega de la mano de Mariano Rajoy, que conquistó la mayoría absoluta con la segunda mayor ventaja de la historia. El nuevo presidente el Gobierno tiene ante sí la complicada tarea de levantar la economía del país y dispondrá para ello de todo el margen de mejora que le brinda la mayoría absoluta, aunque se verá limitado por la premura que impone Europa en la toma de decisiones.
La creación de empleo ha sido uno de los pilares de la campaña electoral del PP, con la pyme como una de los protagonistas. Ahora el nuevo Gobierno deberá plasmar en medidas concretas su programa electoral y las promesas realizadas durante la campaña electoral. Veamos cuáles son:
Impuesto sobre Sociedades
Una de las primeras promesas de Mariano Rajoy ‘atacar’ el Impuesto de Sociedades con diferentes rebajas para las pyme. En concreto, se generalizará la aplicación de un tipo de impuesto de sociedades del 20% para las empresas de reducida dimensión, al tiempo que se extenderá el ámbito de aplicación del tipo del 25%. A esto hay que añadir la simplificación del sistema de deducciones.
Todavía en clave fiscal, Rajoy se comprometió a implementar una rebaja del 10% en el Impuesto de Sociedades en caso de reinvertir los beneficios obtenidos en la propia empresa y en innovación.
La deducción trimestral del IVA también figura con mayúsculas en el programa del PP. En diferentes ocasiones Rajoy se ha comprometido a cumplir con una de de las exigencias históricas de los trabajadores autónomos: no tener que hacer frente al IVA de una factura hasta haberla cobrado. Esto evitaría, entre otras cosas, el tener que estar después reclamando el IVA de los impagados.
Ayudas a la contratación
Dentro de la política para incentivar la contratación se implementará una bonificación fiscal de 3.000 euros por la contratación del primer trabajador en las empresas de nueva creación y se bonificará también las cotizaciones a la Seguridad Social para los autónomos que contraten su primer trabajador no socio.
Los partidos políticos ya calientan motores para la campaña electoral y poco a poco vamos conociendo algunas de sus propuestas para acceder a la presidencia. En este ocasión ha sido el presidente del PP, Mariano Rajoy, quien en clave económica e impositiva ha anunciado su intención de rebajar el impuesto de sociedades y de eliminar el pago del IVA hasta que no se hayan cobrado las facturas.
Tiempo de elecciones, tiempo de promesas. Desde aquí remos dando puntual cuenta de todas las propuestas de los candidatos que puedan afectar a la pyme y el último en tirar el anzuelo ha sido Mariano Rajoy En una entrevista concedida a la Cadena Ser, el líder popular ha dejado algunas medidas concretas que pretende aplicar en caso de llegar a La Moncloa. La más significativa para la pequeña y mediana empresa es su intención de rebajar cinco puntos el Impuesto de Sociedades para este tipo de compañías.
A esto hay que añadir una propuesta algo más vaga de “revisar los módulos de autónomos” en la declaración de la renta para así “adaptarlos a la situación actual”. Aunque sin cifras, si lo que se pretende es acomodar la carga impositiva de los autónomos y teniendo en cuenta la rebaja del impuesto de sociedades, lo lógico sería que estos también impusiesen un menor esfuerzo fiscal para los trabajadores por cuenta propia. Eso sí, este cambio puede que no fuese inmediato, ya que “en un primer momento” el líder popular no pretende retocar el IRPF.
El IVA no cobrado
Y es que Rajoy ha asegurado que sólo modificará los impuestos “que sean útiles para crear empleo en España”. Dentro de estos impuestos también se encuentra el IVA y más concretamente el IVA soportado por empresas y autónomos. El líder popular también pretende cambiar la legislación para que los trabajadores por cuenta propia y las pyme no paguen el IVA de las facturas que no han cobrado. Lejos de aliviar definitivamente el problema de la morosidad, por lo menos sí supondría un alivio para sus cuentas a corto plazo. Actualmente este se puede recuperar por medio del Impuesto de Sociedades, pero antes hay que pagarlo, lo que en términos de caja resulta totalmente perjudicial para sus cuentas.
Además, también creará una cuenta especial en las empresas para que puedan compensar con el pago de impuestos las deudas que tengan con ellas las administraciones públicas. Ahora mismo es el ICO quien se está haciendo cargo de estas deudas.
Más recortes e Impuesto sobre el Patrimonio
Como es lógico, el líder popular no podía dejar de hablar del gasto y del déficit presupuestario. Su intención es la de recortar “donde es superfluo”, aunque esto no afectaría a las pensiones. A esto hay que añadir el Impuesto sobre el Patrimonio, cuya recuperación ha centrado buena parte de la polémica en los últimos días. Rajoy lo ha definido como una decisión puramente electoralista, al mismo tiempo que ha criticado el impuesto por ser injusto y estar obsoleto. Desde su punto de vista “España necesita ahorro e inversión, atacar el impuesto sobre el ahorro me parece un disparate“, y por eso ha adelantado que ”todas las decisiones que tome en materia fiscal se harán para crear empleo“.
Quienes quieran, aquí tienen el audio completo de la entrevista:
Ahora que Rajoy ha dado su opinión os planteamos ¿Te parece justo el impuesto?
El Partido Popular (PP) además de ganarle alPSOE ha dejado en claro la posición del electorado hacia las elecciones generales y que el PSOE tiene todas las de perder tirado por los datos del paro, la crisis que afecta a los diferentes sectores y al consumo con subidas de precios y poca expectativa de crecimiento.
De momento los socialistas están perdiendo 1 millón y medio de votos a la vez que el PP gana medio millón de votos. A todo esto el presidente Rodríguez Zapatero ha vuelto a dejar en claro que no adelantará las elecciones generales. Un dato histórico refleja que el PP llega a prácticamente duplicar el que fue su mejor resultado en (1995).
Por el lado deIU ha logrado una gran elección; además de que el voto en blanco bate récords. Más allá de lo arrolladora de la victoria del PP en las elecciones autonómicas y municipales ganando ampliamente y demostrando que otra vez son una clara opción.
Con los números en la mesa los socialistas ven escurrirse como entre agua en las manos todo lo hecho para acabar con la hegemonía a nivel general del PP, dándole aire otra vez al PP.
Llevando el 99,37% de los votos escrutados, el PP saca el 37,56% y el PSOE, el 27,81%, quedando una diferencia ente sí de 10 puntos. Por lo que esta victoria de los populares se da en más de 2.200.000 votos de diferencia significando cerca de 5.000 concejales más y obteniendo miradas las de 2007, más de medio millón de sufragios.
No hay sitio en el territorio español en el que no haya ejercido liderazgo del PP y ya se habla de Mariano Rajoy en el trono de La Moncloa.
Mirando en un contexto general todas las autonomías, el PSOE no ha dejado esperanzas en prácticamente ninguna dónde reinaba ha sido echado a patadas de votos y dónde no era mayoría ha sido ratificada su minoría. En número de votos en las elecciones municipales llega a perder más de 1 millón y medio de votos.
Lo que se avecina es una potencial solicitud desde el triunfante PP de un adelanto de elecciones generales.
Por el lado de IU, celebra tanto como el propio PP, que se vio notoriamente favorecido por la huída de votos del PSOE y, la movilización del 15-M, con estos votos Izquierda Unida se ubica como la tercera fuerza. Registrando un porcentaje del 6,32% y más de 1.400.000 votos.
En cuanto al nivel de participación esta ha sido del 66,22%, es decir 2 puntos más que las de 2007. Mientras que el voto en blanco, registró un récord en democracia, del 2,55% y los votos nulos crecieron hasta en un 1,69%.
Otro que se puede declarar ganador entre los perdedores es Bildu, que polémica mediante fue parte de las elecciones, consiguiendo muy buenos números en País Vasco y Navarra con el 1,40% de los votos.
El PNV obtuvo un porcentaje del (1,46%). Mientras que en las formaciones catalanas, CiU el (3,47%) y ERC, el (1,21%). UPyD, debutando en elecciones locales, obtuvo el 2,08% de los votos.
Las Elecciones Madrid 2011 han resultado altamente positivas para los populares al igual que en la mayoría de las CC.AA, y en la que en la Asamblea de Madrid, el más votado ha sido el PP con el 51,72% de los votos y obteniendo 72 diputados, detrás se ubicó el PSOE, con el 26,25% de los votos y 36 escaños.
El partido IU-Los Verdes logró el 9,62% de los votos consiguiendo 13 diputados, mientras que sorprendió UPyD, logrando el 6,30% de los votos y 8 diputados en las Resultados elecciones Madrid 2011.
Además el PP ha llegado a duplicar al PSM-PSOE en votos, los populares lograron unos 1.532.725 votos, respecto a los 777.836 del PSOE, IU-LV logró 285.076 de los votos y UPyD 186.803.
Para esta nueva legislatura, y debido a un aumento poblacional ha generad que se pase de 120 a 129 los escaños en la Asamblea de Madrid, con ello la mayoría absoluta deberá obtener 65 diputados.
El pasado viernes el Gobierno aprobó de forma oficial la norma técnica para que asalariados y pensionistas puedan beneficiarse de la deducción de 400 euros en el IRPF prometida durante las elecciones. Si bien todavía debe publicarse el de desarrollo reglamentario, las pequeñas y medianas empresas tendrán que empezar a aplicarlo a partir del próximo mes y puede suponer un esfuerzo extra para hacer las nóminas de los empleados. Y es que todavía no existe información clara respecto a cómo debe reflejarse esta deducción y los programas de nóminas todavía no están actualizados.Hoy en día son muchas las empresas que han apostado por externalizar el área de recursos humanos y gestoría. Estas pyme notarán en menor medida el ajetreo que supondrá desde un punto de vista administrativo la deducción de los 400 euros. Para el resto el esfuerzo puede ser considerable, sobre todo teniendo en cuenta que buena parte del software de nóminas no refleja el cambio y que las compañías desarrolladoras todavía están trabajando para implementarlo.
Para quienes se encuentren en esta situación, es funcionamiento básico de la deducción de los 400 euros del IPRF es el siguiente: se llevará a cabo una primera deducción en la nómina de junio de un máximo de 200 euros y los 200 euros restantes se prorratearán en las nóminas de los meses siguientes hasta diciembre.
De esta forma, la empresa tendrá que restar 200 euros en la retención del empleado en su nómina de junio. Así, por ejemplo, a un trabajador que perciba 1.500 euros brutos y tenga una retención de 300 euros, sólo se le retendrán 100 euros ese mes. En caso de que sus retenciones no alcancen los 200 euros, se le retendrá el 0%. Es decir, un empleado al que se le retienen 100 euros mensuales sólo podrá obtener esa cantidad de la deducción. Aquí conviene aclarar que en caso de no alcanzar el total habría que sumarle la retención que se le realice en la paga extra de junio, en caso de haberla.
Además, en los meses siguientes habrá que restar otros 200 euros, aunque estos de forma prorrateada cada mes hasta diciembre. Así, será necesario recalcular las retenciones de todos los empleados.
En el caso de los autónomos la aplicación cambia notablemente. Quienes realicen el pago fraccionado del IRPF podrán deducir los primeros 200 euros en julio y el resto en los pagos de octubre a diciembre.
El Gobierno aprobó en su último Consejo de Ministros el paquete de medidas anunciado por el ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, para atajar la desaceleración económica a la que se enfrenta el país. Se trata de un plan cuyo coste ronda los 10.000 millones de euros, el grueso de los cuáles (6.0000 euros) se destinará a la famosa de deducción de 400 euros del IRPF prometida por Zapatero durante la campaña electoral. Aunque no afecta directamente al bolsillo de la pyme, esta medida sí que beneficiará a la renta particular de los empresarios y de los trabajadores autónomos, que si realizan el pago fraccionado de sus impuestos podrán deducirse los primeros 200 euros en julio, los siguientes 100 euros en octubre y los últimos 100 euros en diciembre.
Pese a ser la medida más llamativa de las que aprobó el nuevo Ejecutivo, hay otras que afectan de forma más directa a las pyme y sobre todo a su capacidad de financiación. La de mayor calado es la ampliación en 2.000 millones de euros del aval que el Estado concede para la titulización de créditos a la pequeña y mediana empresa, que en principio estaba prevista que alcanzase sólo los 1.000 millones de euros. Con esta medida aumenta el capital que los bancos tienen para prestar dinero a las pymes en condiciones preferentes.
Además, el Gobierno también dio el visto bueno a la aceleración de las devoluciones del IVA, que a partir del próximo año se podrán solicitar mensualmente, lo que supone un estímulo a la liquidez de las pyme. Así, estas empresas podrán contar todos los meses con un dinero que antes tenían que esperar cerca de un año para poder tener en sus manos. En concreto, se entregará de forma anticipada una cantidad cercana a los 6.000 millones de euros durante 2009.
Por último, se prorrogará hasta el próximo 5 de mayo el plazo para realizar el primer pago fraccionado del Impuesto de Sociedades y del IRPF. En este caso se trata de una medida encaminada a permitir mayor flexibilidad a las pymes ante el nuevo Plan General Contable que están teniendo que digerir en 2008.
La siniestralidad laboral es uno de los aspectos que más preocupan al Gobierno, que ya desde hace tiempo trabaja en un plan para reducir esta cifra. El Ejecutivo busca una mayor implicación por parte de las empresas después de que el endurecimiento de las leyes en esta matera. Ahora quiere llegar un paso más allá y se está planteando obligar a las empresas a suscribir un seguro de responsabilidad civil sobre accidentes laborales y protección de la salud de los empleados por infracciones de las medidas de seguridad en el trabajo.
Según publica Expansión, esta medida, que afectaría especialmente al sector constructor, sería obligatoria para todas las compañías. Es decir, tanto la empresa principal adjudicataria del contrato en ejecución como las posibles subcontratas. En concreto, estos seguros cubrirían, siempre con una cuantía máxima, indemnizaciones por defunción y daños a la integridad y física y la salud. En el fondo, se trata de una medida más encaminada a concienciar a empresarios y trabajadores de la necesidad de atenerse a las normas de seguridad laboral.
Además, incluso se está planteando que quienes carezcan de este seguro no puedan obtener licencias para iniciar obras de construcción o realizar otra serie de actividades fabriles. De esta forma los cerca de 700 euros anuales por trabajador que debería desembolsar la empresa cada año no serán excesivos en comparación con el cese de la actividad. En cualquier caso, el Gobierno podría ayudar a las pyme a hacer frente a este gasto con rebajas en la cuota de la Seguridad Social y otras primas para las corporaciones que no registren siniestros.
Que la implantación del nuevo Plan General Contale (PGC) en las pyme no iba a ser tarea fácil era algo más o menos previsible, pero el proceso está siendo incluso más costoso de lo previsto. Las empresas no terminan de adaptarse y esto ha llevado al Gobierno a plantear una nueva reforma de la ley del Impuesto de Sociedades para, en primer lugar abaratar el coste de ‘digerir’ el plan y, en segundo, flexibilizar los pagos a Hacienda.
El PGC ha alterado la forma de registrar y valorar los activos, y por lo tanto, ha modificado sustancialmente la factura fiscal de las compañías, aumentando en muchos casos sus obligaciones con la Agencia Tributaria. Uno de los cambios con más notables ha sido el que afecta a la provisión de cartera que ahora ha aumentado su valor y obliga en muchos casos a realizar un abono en la cuenta de reservas y, por lo tanto, un ingreso a efectos fiscales que después hay que tributar. Se trata de sólo de un ejemplo, pero no es el único.
Si bien el PGC ha servido para atajar y mejorar algunos aspectos de la contabilidad empresarial, también es cierto que ha descuidado otros elementos que ahora deberán resolverse a través de modificaciones en la ley de Impuesto de Sociedades. De hecho, es previsible que el nuevo Gobierno aproveche el Real Decreto Ley con el que flexibilizará el pago del Impuesto de Sociedades y el IRPF para empresas y trabajadores autónomos. Y es que desde hace tiempo el Gobierno ha asegurado que facilitará la adaptación a las nuevas normas contables alargando los plazos de pago a Hacienda, lo que ocurre es que no veía con buenos ojos aprobar un decreto de ley en su condición de interino durante las elecciones. Ahora lo hace ante la cercanía de la fecha límite de pago.
El plazo previsto para el pago fraccionado es entre el 1 y el 20 de abril. Aunque todavía no ha ofrecido el periodo exacto de ampliación, este será suficiente, según el propio Gobierno, para resolver las dudas de los empresarios sobre la aplicación del PGC.
En cualquier caso, hay que recordar que la elaboración del PGC todavía no está terminada. Aunque la norma está en vigor desde hace tiempo todavía está pendiente la publicación de normas específicas para diversos sectores de actividad. Se trata de algo parecido a lo que ocurre con el Estatuto de los Trabajadores Autónomos, ya aprobado pero todavía pendiente del desarrollo de algunos de sus puntos.
Las elecciones vuelven a dejar al PSOE como vencedor y futuro partido en el Gobierno. Los socialistas han revalidado su victoria y ampliad su ventaja respecto a las anteriores primarias con 169 escaños. Por su parte, el PP también ha mejorado sus resultados de 2004 con 154 escaños, en tanto que los partidos nacionalistas pierden votos en general. Así, ERC baja hasta los tres escaños, PNV a seis, en tanto que CiU mantiene los 10 escaños cosechados en 2004 y el Bloque Nacionalista Galego hace lo propio con sus dos escaños. Además, IU se queda con tan sólo dos diputados.
Una vez más el partido socialista tendrá que volver a pactar si quiere formar gobierno y, sobre todo, lograr estabilidad en la nueva legislatura. Por el momento el presidente José Luis Rodríguez Zapatero ya ha mostrado en sus primeras declaraciones su disponibilidad al diálogo, tanto social como político. Y es que atendiendo a su programa electoral, la nueva etapa del PSOE debería estar marcada por un claro sesgo social. Pero, ¿cómo afecta esto a las pequeñas y medianas empresas? En un principio deberían salir beneficiadas, sobre todo si como dice asegura Zapatero, gobierna “para todos, pero pensando antes que nadie en los que no tienen de todo”.
En cualquier caso y hasta que no se demuestre lo contrario, habrá que atenerse a las promesas electorales hechas por el PSOE durante la campaña y que en el plano económico se resumen en las siguientes:
- Deducción de 400 euros en el IRPF para todos los trabajadores, autónomos incluidos.
- Posibles rebajas en el impuesto de sociedades dependiendo del margen que le otorguen las arcas del Estado.
- Supresión del Impuesto de Patrimonio
- Supresión del pago de impuestos en herencias inferiores a los 60.000 euros y en la sucesión de vivienda y negocio familiar siempre y cuando la subsistencia de los herederos dependa de ella.
- Mejora de la conciliación de la vida laboral y familiar.
- Mejora de la competitividad de la empresa nacional a través de la inversión en I+D
Con las promesas en la cabeza sólo resta saber cómo y cuándo las llevará a cabo el PSOE y con la ayuda de qué partidos conseguirá su aprobación, además de los cambios que puedan darse en los diferentes ministerios. De momento, la presencia de Pedro Solves al frente de la cartera de Economía y Hacienda parece segura, por lo que no deben esperarse grandes cambios en la política actual y lo mismo puede decirse en el ámbito laboral, donde Jesús Caldera parece destinado a continuar en su puesto.
Con algunos de retraso respecto a lo prometido completamos la serie de posts sobre las propuestas de los partidos políticos en materia económica. Los primeros comentarios sirvieron para analizar los programas de PP y PSOE, mientras que en este último se analizarán las del resto de formaciones que suelen participar en la vida política nacional y cuyo papel será clave a la hora de formar el futuro gobierno.
Así, IU, que ya ha mostrado su voluntad de alcanzar un acuerdo con los socialistas en caso de que sea necesario, apuesta por una política económica con un marcado carácter social. En este sentido, no plantea demasiadas medidas en favor de la pyme y gran arte de sus esfuerzos se centran en el problema de la vivienda. El partido presidido por Gaspar Llamazares pretende aumentar la pensión mínima hasta los 600 euros, además un impuesto especial para los ingresos superiores a los 100.000 euros.
En cuanto a las política que más directamente afectan a las pyme, IU se muestra contrario a la supresión del Impuesto de Patrimonio, así como a la bajada del Impuesto de Sociedades, algo que sí han prometido los otros dos grandes partidos. De hecho, apuesta por “incrementar el tipo del Impuesto de Sociedades de las entidades financieras hasta el 35% y establecer una Tasa Especial sobre el beneficio sobredimensionado, (aquél cuyo crecimiento sea superior al triple del IPC) cuya recaudación se destinará a programas sociales de vivienda y revertir en la subsidiación efectiva de intereses en créditos hipotecarios para las familias económicamente más modestas. Mantenimiento del los impuestos cedidos sobre el Patrimonio y Sucesiones y Donaciones, mejorando su progresividad en lo que respecta a las grandes fortunas”.
Por e contrario, IU ha mostrado su intención de endurecer su lucha contra el fraude y vigilará especialmente a las pyme y al resto de empresas que facturen menos de seis millones de euros. Su programa plantea “Habilitar suficientemente a los
Técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda para combatir el fraude y el blanqueo
de capitales en aquellas empresas que facturan hasta 6 millones de euros anuales”. Además, quiere crear un parque público de servicios y promoción tecnológica, logística y de distribución, para pymes , microempresas y empresas de la economía social. Del mismo modo, pretende apoyar las políticas de crecimiento de plantillas de I+D en el sector empresarial, con especial atención a las pyme.
En cuanto al resto de partidos, en su mayoría de carácter autonómico. En este sentido, Ezquerra Republicana de Cataluña propone que los empresarios que contraten a un familiar puedan seguir cotizando a la Seguridad Social, así como un contrato de transición al mundo laboral para los jóvenes. Además, propone deducciones fiscales por valor de 8.000 millones de euros del Impuesto de Sociedades, que rebajaría al 20% a las empresas que facturen menos de 3 millones de euros. Del mismo modo, promete recuperar los incentivos y deducciones fiscales para aquellas pyme que reinviertan los beneficios, junto con ayudas para la inversión en I+D por valor de 2.780 millones de euros y deducciones por las filiales en otros países.
Todavía en el ámbito catalán, Convergencia i Unió (CiU) promete rebajar el Impuesto de Sociedades hasta el 20% para las pyme y el 15% para las microempresas, además de dejas entrever la supresión del Impuesto de Patrimonio que su candidato a las elecciones generales, Josep Antoni Duran califica de “antiahorro”. El partido nacionalista también propone un plan de choque para favorecer la internacionalización de la pyme a través de la creación de un consorcio entre el Instituto de Comercio Exterior (ICEX), las comunidades autónomas, las patronales y las cámaras de comercio.
En el País Vasco, el PNV quiere acometer el proyecto de fusión de las cajas vascas, así como el de la creación de una red de alta velocidad que una las tres capitales de provincia (San Sebastián, Bilbao y Vitoria) que serviría para incrementar el comercio en la región.
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