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Pactos de Zurbano paquete de acuerdos a las pymes

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Si bien existen desacuerdos alrededor de los pactos de Zurbano, se ha desarrollado un paquete de acuerdos conformados por documentos redactados por una gran mayoría de los partidos, que tienden a favorecer a las pymes.

Lo que puede observarse es que, el paquete de reformas más profundo será el que afecte a las pymes que se encuentren en problemas, uno de sus principales promotores ha sido CiU. Un logro que puede atribuirse a CiU es el de la prórroga para 2011 y 2012 de la libertad de amortización bajo condición que las empresas beneficiadas mantengan sus plantillas.

Desde Economía prorrogarán durante 2010 las ventajas de las que se beneficiaron en 2009 las empresas -sociedades anónimas y limitadas- que registraron pérdidas mayores al 50% del capital. De forma que podrán seguir evitando la reducción del capital social o la disolución.

También se maneja desde el Gobierno la reforma de la ley de Contratos para que las empresas que se encuentren bajo procedimientos de concurso mantengan las ayudas públicas pudiendo contratar con las administraciones.

Otra concesión que ha hecho Economía, ha sido, la de recortar de 1 año a 6 meses el plazo con que cuentan las empresas para recuperar el IVA de las facturas impagadas. Asimismo tanto ERC como CiU lograron que se incluya en el paquete la simplificación para las pymes de las obligaciones de documentación ligadas a operaciones vinculadas.

Imagen: Google

Ley de morosidad

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Finalmente la Comisión de Industria, Turismo y Comercio del Congreso de los Diputados ha aprobado la Ley de Morosidad que promueve CiU. Se encarga de establecer plazos máximos de 60 días en lo que respecta a los pagos de empresas a sus proveedores y de 30 días de plazos respecto a las administraciones públicas, a la vez se establece un periodo de adaptación en estos dos casos el que se extenderá hasta 2013.

A la vez se elimina la oportunidad que las empresas negociaran los plazos superiores de pago a los ya establecidos por ley. Dejando de lado la propuesta por parte de los socialistas ya que pretendían que dicha posibilidad se mantuviera en los contratos entre empresas que tuvieran una facturación de más de 100 millones de euros.

De esta manera, se fija un periodo de manera transitoria para que las administraciones públicas tengan el tiempo de reducir su límite de plazo, el que se extiende hasta 2013, con 50 días para este año, 50 días para 2011, 45 días para 2012 y 30 días ya desde el 1 de Enero de 2013.

En el caso de las empresas privadas, -exceptuando el sector de la alimentación y los productos perecederos -quedarán obligados a pagar en 30 días en todos los casos, el período transitorio también se extiende hasta 2013, de forma que desde la entrada en vigor de la ley y a lo largo de 2011 el plazo será de 85 días, de 75 en 2012 y de 60 días ya a partir del siguiente año. Para ello se modificará la Ley de Contratos del Sector público.

También quedó sellado por medio de un acuerdo entre el PSOE con CiU que los acreedores tengan derecho a reclamar indemnizaciones por costes de cobro vía reclamación judicial o financiera, fijando un límite del 15% para las deudas que sean mayores a los 30.000€.

Pero también se les da el derecho a los proveedores para que estos puedan tomar acciones colectivas en contra de empresas que incumplan de con los plazos de pago.

Iamgen: emprendedores

Revisión de las bonificaciones a la contratación

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Son tiempos de votar y aprobar propuestas para mejorar los sistemas, como es el caso de las bonificaciones a la contratación, lo que generaría poder bajar las cuotas sociales a pymes.

Es así que desde la CiU, solicitaron la revisión del sistema de bonificaciones a la contratación pudiendo ahorrar y reducir las cotizaciones a la Seguridad Social en empresas que cuentan con menos de 10 empleados, además de bajar la edad que se requiere para acceder a las reducciones de estas cuotas referido al mantenimiento del puesto de trabajo de las personas mayores.

Además de pedir valorar la aplicación de incentivos que sean específicos para pymes y empresas así como organizaciones de la economía social llegando a reforzar y actualizar los diferentes contratos de formación y prácticas para jóvenes, y su posterior contratación indefinida.

Ante esto es que la propuesta por parte del CiU, para que la reforma del sistema de prioridad a colectivos prioritarios como el de los jóvenes, a personas mayores, discapacitados y a los colectivos que se encuentran en riesgo de exclusión social, incluyendo a uno de los más golpeados como el de los autónomos que contraten a su primer empleado.

El sistema de bonificaciones tiene un presupuesto para 2010 de 2.850 millones de euros, aunque el gasto comprometido será de 2.557,5 millones de euros, de manera que el gasto disponible para las nuevas bonificaciones será de 290 millones de euros, pero se estima que llegue a 330 millones de euros.

A todo esto la Comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso de los Diputados se ha reunido para debatir propuestas de los grupos que consisten en la revisión del actual sistema de bonificaciones a la contratación, aunque el debate final se dará el 24 de Marzo.

Este tipo de iniciativa se da en el marco de la Ley de medidas de carácter urgente de fomento del empleo aprobada por las Cortes a fines de 2009. Casi todos los sectores acuerdan que el actual sistema de bonificaciones a la contratación indefinida debe de mejorarse ante ciertos puntos débiles que impiden transformar los contratos temporales en indefinidos.

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