Una de las mayores preocupaciones que rige sobre el tejido empresario de las pymes es la morosidad generando además la pérdida de autónomos, lo que genera una cadena de incumplimientos además de quedar empresas inactivas, ante ello desde la Comisión Europea (CE) señala que actualmente las pymes en España pasan por extensos periodos hasta poder cobrar, teniendo una espera para poder cobrarle a empresas o instituciones, es por ello que apoya la nueva Ley de Morosidad.
Sobretodo por parte de la denuncia de la Asociación Española de Proveedores Impagados de la Construcción (AEPIC) ante la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE).
Una situación que no todos saben es que muchos empresarios para poder hacer frente a los impagos y morosidad han llegado a perder sus viviendas las que han puesto como garantía con el objetivo de conseguir financiación de los bancos que igualmente no siempre les han otorgado préstamos.
Debido a esto, la CE ha propuesto durante 2008 la nueva norma aprobada hace unas semanas por parte del Parlamento Europeo que está pendiente de ratificación de los Estados miembros. La norma incluso llega un poco más lejos de lo que ha propuesto Bruselas para la nueva directiva, estableciendo desde 2013 un máximo de 60 días de plazo para pagos entre empresas y un plazo de 30 días para los pagos de la Administración.
Mientras que para la Asociación Española de Proveedores de Impagados de la Construcción, esta nueva Ley de Morosidad no contribuirá a dar respuesta al problema, ya que más allá de los plazos, lo que le preocupa son los impagos. Aunque la Ley de Morosidad en la Comisión Europea es impulsada como la única solución a la vista.
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