El Gobierno se ha empeñado en impulsar como sea la sociedad de la información y no duda en utilizar para ello todas que están a su alcance. El último paso en esta carrera por informatizar a la pyme española y fomentar el uso de internet lo ha dado a través de la Agencia Tributaria, obligando a presentar telepáticamente el modelo 201 del impuesto de sociedades. La medida promete tener un gran calado, no en vano el 98 por ciento de las compañías nacionales y casi la totalidad de las pyme presenta su declaración anual del impuesto de sociedades a través de este modelo simplificado.

Aunque evidentemente a largo plazo la medida puede ayudar, o no, a que la pyme se familiarice con la Red, se trata una decisión que apenas ha tenido en cuenta la realidad tecnológica de las pequeñas y medianas empresas. Según el observatorio de Red.es, a finales de 2006 más del 92 por ciento de las empresas tenía conexión internet, aunque la realidad es que en muchos casos, esta ni siquiera era de banda ancha, lo que puede suponer un problema para operaciones como las de presentar la declaración por internet. Todo ello sin tener en cuenta los acuciantes problemas de seguridad informática que desde hace tiempo arrastran las pyme españolas.

Sin embargo, los tecnológicos no son los únicos problemas a los que se enfrenta esta nueva aventura digital que las pyme deben emprender obligadas por el Ejecutivo. Los asesores fiscales, una figura clave para muchas pequeñas empresas, ya han alzado la voz indicando sus dudas. Y es que con la legislación en la mano no queda clara la cuota de responsabilidad que recae sobre ellos. Con el nuevo método de presentación se hace imprescindible emplear la firma digital y si ellos redactan en papel a la manera clásica, el cliente no tiene más que firmarla. Sin embargo, si son los propios asesores quienes presentan el documento a través de la Red una vez lo han cumplimentado, es su propia rúbrica la que aparece, con la responsabilidad que esto podría conllevar.

En cualquier caso, y pese a que priori las nuevas obligaciones son un paso adelante en la modernización de la pyme española, literalmente miles de sociedades contribuyentes sufrirán un considerable trastorno que, en muchos casos, se traducirá en errores dentro de las declaraciones y en la mayoría de ellos, una enorme pérdida de tiempo.

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