Con la crisis se han disparado la morosidad y al amparo de los mismos ha florecido todo un sector, el de gestión de impagos. Su crecimiento sirve para darnos una medida de cuanto general las facturas que dejan de cobrar las empresas: 560 millones de euros en facturación para este tipo de empresas, aunque la cartera global gestionada es de 71.000 millones.

Morosidad y financiación son, en ese orden, las mayores preocupaciones de las pyme y los trabajadores autónomos. Los últimos datos sobre impagos parecen corroborar ese orden de prioridades. En su informe “Empresas de Gestión de Impagos”, DBK, filial española de Informa D&B , hace una radiografía del sector que bien puede servir para ilustrar como en toda crisis surgen oportunidades. En este caso, la oportunidad de unos llega por la desgracias de otros en forma de dificultades para cobrar por parte de las empresas.

Así, la facturación agregada de las empresas del sector alcanzó los 560 millones de euros en 2010, lo que supone un aumento del 7.7%, algo menor que el de ejercicios pasados, pero todavía importante. Sin embargo, lo realmente espectacular llega por el lado de la cartera total de impagados, que alcanzó los 71.000 millones de euros o un 16,4% más. Si tenemos en cuenta que no todas empresas recurren a servicios de gestión de impagos, sirve para hacerse a la idea del problema de la morosidad en el país. Además, lo peor es que cada vez resulta más complicado cobrar el dinero, incluso para los profesionales. De hecho, la tasa de recuperación de estas empresas cayó hasta el 16,2%, casi siete puntos en los últimos cuatro años.

De esta forma, el volumen de créditos de dudoso cobro de las entidades financieras se situó por encima de los 107.000 millones de euros a finales de 2010, un 15% más que en 2009,  lo que supone una tasa de morosidad del 5,81%, más del doble que dos años antes.
A corto plazo, la cartera gestionada por las empresas especializadas seguirá creciendo a un ritmo notable, manteniendo previsiblemente tasas de variación de dos dígitos. Sin embargo, continuará reduciéndose el porcentaje de recuperación, lo que motivará una nueva ralentización del ritmo de crecimiento del volumen de negocio de las empresas del sector. Así, la facturación sectorial podría crecer alrededor del 5% en 2011, manteniéndose ligeramente por debajo de los 600 millones de euros.

En España hay 840 empresas dedicadas a la gestión de impagados, aunque las cinco principales acumulan el 28% del negocio y las diez principales el 40%.

¿Conviene contratar?

Con los datos en la mano quien más y quien menos se planteará si tan necesario resulta contratar los servicios de una empresa de gestión de cobros. Lo cierto es que depende en gran medida del presupuesto de nuestra propia empresa y de las necesidades de caja. Desde un punto de vista puramente operativo se podría aplicar la misma estrategia que a la hora de externalizar servicios: resulta más eficiente contratar a expertos en lugar de perder tiempo y desviarnos de nuestro ‘expertise’. Pero sin embargo, lo que quizás hace realmente recomendable la contratación de este tipo de servicios es la parte emocional que está ligada a la reclamación de una deuda. A nadie le gusta tener que llamar a un cliente para recordarle que no ha pagado, y mucho menos si no es el primer aviso. El desgaste psicológico al que obliga después tiene su repercusión en el trabajo y en el rendimiento que podremos ofrecer.

Además, en la mayoría de casos estos servicios pueden ser hasta gratuitos. La clave pasa por pactar un porcentaje sobre los importes recuperados, de forma que si la empresa de recobro no obtiene resultados no habría que hacer ningún tipo de desmbolso. Eso sí, en caso de que se recuperase el dinero, nunca cobraríamos el total de la deuda, sino sólo una parte.

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Si fuera una empresa, una pyme por ejemplo que mal de los que las aqueja desde el inicio de la crisis se sacaría primero, ¿difícil de responder no? e imposible de practicar ya que no existe el hada de los deseos o algo mágico simplemente existe en el mundo laboral y terrenal el encomendarse al trabajo y sacar la pyme a flote.

Por desgracia el paro, la morosidad y la falta de liquidez se han vuelto los jinetes del apocalípsis de las pymes, autónomos y emprendedores y parecen haberse encariñado con ellos por que no hay manera de despegarlos de ellos.

Uno de los tantos números que preocupan es el que dice que un (21%) de las empresas españolas seguirá despidiendo a parte de su plantilla durante los próximos 12 meses.

Mientras que un (57%) no despedirán pero tampoco dan señales que vayan a contratar, prefiriendo no despedir pero tampoco contratar.
Un dato esperanzador y en contraposición al anterior expuesto, tomando fines de 2010 y llegando a Junio de 2011, el nivel de empresas que creen que podrán contratar durante los próximos 12 meses ha crecido al (22%).

Esto y de cara a los próximos meses y considerando que la tasa de paro de Agosto volvió a elevarse luego de haber venido aunque de forma leve reduciéndose en los anteriores meses, no permite hacer una clara previsión sobre el desempleo. Aunque con el nuevo contrato temporal y el nuevo contrato de formación tal vez esto cambie.

Perspectivas Empresariales:

Las perspectivas de los empresarios, durante el segundo trimestre de este 2011, se redujeron en cuanto a si se dará un aumento en la facturación 8 puntos, sobre la rentabilidad el 4 puntos y hasta en 6 puntos en las exportaciones. Lo que refleja que no es nada positivo el futuro de los próximos meses a nivel empresarial.

Subida de Precios:

En lo que se refiere al descontar el efecto de la subida de los impuestos, los empresarios estiman que no se da un terreno indicado para subir sus precios en sus productos y servicios, lo que ciertamente puede llegar a notarse según los productos la evolución del IPC.
Para el (53%) cree que además de no aumentar seguirán en sus niveles y el (23%) en cambio prevé que se algunos precios bajarán.

Morosidad:

Respecto a la morosidad, otro de los males, en un 28% de las empresas españolas la morosidad no solo que no se fue sino que aumentó su presencia en las mismas, ya durante el segundo trimestre de 2011. En los impagos, para un (55%) estos permanecieron en números parecidos a los del primer trimestre.

Buscar Soluciones:

Entre las pocas soluciones más a mano y que sus economías se lo permiten, un (82%) de las empresas decide llevar adelante un análisis de riesgos de la cartera de clientes para evitar los mismos y que esto no le traiga más problemas de los que ya tienen. Es mejor prevenir que lamentar!

Un (76%) de las empresas además crea si no lo tiene o lo potencia el puesto de encargado interno de gestión de cobros.
Otras deciden exigir el pago en metálico, una fórmula llevada a cabo por el (69%) de las empresas españolas.

Otras medidas implementadas son:

-Cobrar el total o la mayor parte por adelantado
-Recuperar el IVA de facturas no cobradas
-Realizar demandas por impago ante el juzgado
-Contrato de seguros de crédito
-Intereses y costes de demora.

Imágenes: Google

La deuda de las administraciones públicas con los trabajadores autónomos riojanos crece en 2011, y en especial en los últimos 2 meses se ha elevado en cerca de los 9 millones de euros. Estas cifras son las denunciadas por el Partido Riojano sobre la deuda con los trabajadores autónomos. Según denuncia este partido viene incrementándose tan rápido como la tasa de paro.

Y se suma a la queja de otros sectores que agrupan a este colectivo al señalar que no se está cumpliendo con los plazos de pago ni en tiempo ni en forma con los pequeños empresarios autónomos, lo que trae morosidad y destrucción de empleo en el sector, y en La Rioja.

Otra lamentable situación es que el impago de las administraciones les generan la falta de liquidez y a su vez también retraso en los pagos y como última medida deben cerrar sus pequeñas empresas y negocios.

En algo más de 2 meses, los autónomos de La Rioja vieron crecer la deuda en La Rioja hasta los 8,4 millones de euros, lo que no solo no se cumple con los plazos de pagos fijados sino que cada vez son más extensos.

Los datos de la pérdida de empresas del año pasado en La Rioja, muestra que 724 empresas debieron cerrar, y en lo que va del año no sería raro que pasen este número.

Los números no coinciden con lo que dice la alcaldesa, Concepción Gamarra, que se paga a 50 días, la verdad sería que los ayuntamientos pagan las facturas, en 296 días.

Con esto se espera que los autónomos no declaren el IVA de las facturas no cobradas, siendo una forma de no pagar hasta cobrar, que adelantan el IVA a las diferentes administraciones más allá de que cobran retrasadamente a los 6 meses, incumpliendo la ley de morosidad.

Las pymes podrían compensar los impagos públicos con deuda fiscal, así lo ha propuesto el Partido Popular (PP), lo que independientemente de lo que se llegue a concretar o no, al depender del Congreso de los Diputados el aprobar la moción del PP.

Es una medida que desde diferentes sectores vienen presionando al Gobierno de Rodriguez Zapatero que de una vez por todas les permita a las pymes y los emprendedores autónomos que estos puedan lograr reducir sus respectivas deudas que han contraído con Hacienda mediante con las deudas de las Administraciones Públicas que son las grandes generadoras de morosidad entre el tejido de las pymes y el colectivo de autónomos.

De las medidas que buscan que se aplique todas de alguna forma u otra son para sino eliminar sí reducir la situación de morosidad que les generan el Estado, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos.

Por lo que el PP propone un Mecanismo de Compensación Automática, y que no sale de la nada ya que figura en la Ley General Tributaria de 2003 bajo supuestos de deudas y devoluciones de la Agencia Tributaria, haciendo que al estar contemplado pueda ser aprobado rápidamente.

De concretarse, sería un gran logro ya que las pymes podrían descontar los impagos que puedan llegar a tener con la Administración descontándolo de las obligaciones que les quede pendientes de Hacienda. Por otro lado también podrían tanto pymes y autónomos no tributar por el IVA de servicios si no han cobrado sus facturas es decir las facturas pendientes de cobro.

No es más que solicitar que se cumpla efectivamente con la ley de morosidad y que en un mes se ponga en marcha la Línea ICO para financiar deudas de ayuntamientos con pymes y autónomos. Algo de lo que ya se ha hablado.

El ICO pagará a los autónomos y pymes con deudas con los ayuntamientos , lo que implica una notable noticia al tener innumerables dificultades de liquidez y de impago de facturas por parte de la Administración Pública para con los autónomos y las pymes trayendo morosidad.

El Consejo de Ministros aprobó un nuevo mecanismo que les posibilitará a los autónomos y las pymes que tengan el papel de ser proveedores de las administración pública, cobrarán parte de las deudas mediante el Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Dicha medida figura en el decreto ley que hace posible que el ICO se involucre y ofrezca liquidez para el pago de las obligaciones contraídas e impagadas.

El ICO desarrollará un crédito, cuyo plazo será de 3 años para su devolución, su garantía será la participación de las entidades en los tributos del Estado.

Con ello los Ayuntamientos no pagaran, les será restado de la subvención del Estado.

El límite máximo será del 25% sobre el importe anual de las entregas a cuenta de la participación de la entidad local en los tributos en 2011.

Por lo que, el máximo será el 25% de lo recibido durante 2011 los Ayuntamientos por parte del Estado -3.400 millones de euros-.
Además se tratará que el ICO pague las deudas de las pymes, ya que estas por una causa u otra también tienen sus deudas generadas. A los Ayuntamientos les tocará presentar al ICO las facturas pendientes y el propio ICO se encargará de saldarlas.

La deuda de las Administraciones públicas con los autónomos llega a 13.300 millones de euros, algo sumamente alarmante y aclaratorio de muchas de las situaciones que vive este colectivo, como el tener una alta morosidad, además de las facturas impagas y la consecuancia de tener que darse de baja en la Seguridad Social.

Aunque las administraciones públicas estén sin la suficiente liquidez, los Ayuntamientos en quiebra pocos justifican que les adeuden a los trabajadores autónomos 13.300 millones de euros.

El 57% de la deuda se corresponde a entidades de estas Comunidades Autónomas: Cataluña, Andalucía, Madrid y Comunidad Valenciana. Principalmente y como figura en el informe de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA).

Un ejemplo es la deuda de las administraciones catalanas que alcanza los 2.433 millones de euros, Andalucía 2.154 millones de euros, mientras que Madrid tiene una deuda de más de 1.500 millones de euros y la Comunidad Valenciana.

La lista de de las principales Comunidades Autónomas que tienen esta deuda son:
Cataluña: 2.433 millones de euros
Andalucía: 2.154 millones de euros
Madrid: 1.500 millones de euros
Valencia: 1.500 millones de euros
Galicia: 940 millones de euros
Castilla y León: 758 millones de euros
Castilla-La Mancha: 631 millones de euros
País Vasco: 625 millones de euros
Murcia: 532 millones de euros

Adeudan por debajo de los 500 millones de euros: Extremadura, Aragón, Canarias, Baleares y Asturias.

Las comunidades que menos adeudan y podría decirse que mejor cumplen y tinenen una deuda por debajo de los 200 millones de euros son: La Rioja, Navarra y Cantabria.

Como posible solución para que las corporaciones locales cumplan con sus deudas con los autónomos, ATA pretende que se cree una línea ICO que incluya un régimen sancionador para exigirles a las administraciones que paguen intereses de demora o compensen las deudas vía impuestos o cotizaciones.

También ha propuesto un mecanismo de control con el objetivo que los estados miembros cumplan los plazos de pago que se acordaron e incumplen. Este pedido se basa en su informe que refleja que el 95% de las administraciones públicas españolas incumplen la Ley de Morosidad siendo un importante factor de la tasa de paro entre autónomos y el cierre de microempresas españolas.

El barómetro del Observatorio del Trabajo Autónomo, se encarga de mostrar que el 60,6% de los trabajadores autónomos sufren la morosidad pública y que 4 de cada 10 tarda más de 6 meses en poder cobrar sus facturas, y el 30% se tarda 1 año. Mientras que, el periodo medio de pago de las administraciones públicas es de 170 días.

Otra información, refleja que los autónomos adelantaron más de 1.600 millones de euros por IVA por facturas no cobradas.
Entre las comunidades que pagaron por IVA han sido las siguientes:

Cataluña: Pagó 392,6 millones de euros
Madrid: Pagó 322 millones de euros
Andalucía: Pagó 200 millones de euros
Valencia: Pagó 180 millones de euros
País Vasco: Pagó 87,3 millones de euros
Galicia: Pagó 84 millones de euros
Aragón: Pagó 58,4 millones de euros
Murcia: Pagó 53,5 millones de euros
Castilla-La Mancha: Pagó 53 millones de euros
Castilla y León: Pagó 52,1 millones de euros

Imagen: saberinvertir

Las facturas sin cobrar son uno de los mayores problemas para las pyme. De hecho la morosidad es la gran lacra de las pequeñas empresas y trabajadores autónomos, que deben asumir las pérdidas derivadas de haber prestado un servicio por el que no cobran y el haber tenido que adelantar el IVA en la declaración trimestral de IVA. Por fortuna, es posible recuperar el IVA de las facturas sin cobrar, si bien los plazos de devolución no son los que todos desearíamos.

Un informe de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) desvela que los trabajadores autónomos habían adelantado a mediados de 2011 un total de 1.638 millones de euros del IVA de facturas que a esa fecha seguían pendientes de cobro. Este dato sirve para darnos cuenta del problema de la morosidad, que lejos de remitir ha ido en aumento con el recrudecimiento de la crisis.

Para los autónomos y las pyme el problema de morosidad es real y tiene una doble repercusión. Y es que no sólo se trata del dinero que la empresa deja de cobrar por un trabajo que efectivamente llevó a cabo, además la empresa debe adelantar el IVA repercutido a la hora de presentar la declaración trimestral de IVA cuando se trata de un dinero que no ha llegado a ingresar de forma efectiva. Como solución a este atropello la Agencia Tributaria prevé que las pyme puedan recuperar el IVA en las facturas impagadas.

A la hora de recuperar el IVA de facturas sin cobrar en las pymes deberemos diferenciar entre los recibos adeudados por empresas en concurso de acreedores y las denominadas facturas incobrables. En cualquiera de los casos, existen unos plazos que deben cumplirse para poder reclamar el IVA. Con carácter general habrá que esperar un año para poder solicitar el dinero adelantado, que en realidad se minora de la base del IVA a pagar. Este plazo se reduce a seis meses cuando la empresa deudora no facture más de 6.010.121,04 euros al año.

El Proceso de Reclamación

Tras pasar el llamado periodo de demora, que son los plazos a los que acabamos de referirnos, podremos presentar la reclamación a la Agencia Tributaria para así recuperar el IVA de los impagados. Lo primero que deberemos es acreditar una reclamación judicial para exigir el pago de la factura en cuestión al moroso, con el IVA que corresponda. Este trámite se puede llevar a cabo mediante intervención notarial, lo que sirve para agilizar todo el proceso.

En principio, tras presentar la reclamación podremos recuperar el IVA adelantado a través de la autoliquidación del impuesto, si bien deberemos informar a Hacienda en el plazo de un mes de que se ha efectuado la recuperación de ese IVA a través de la emisión de la factura rectificativa. En el caso de que el deudor sea la propia Administración, algo lamentablemente demasiado habitual, se podrá solicitar un certificado de reconocimiento de deuda al ente público y reclamar el IVA adelantado.

La siguiente tabla, obtenida de la página de la Agencia Tributaria, resume el proceso y los plazos que debemos esperar para recuperar el IVA de las facturas sin cobrar (hacer click en la imagen para agrandar?

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La morosidad de los autónomos de parte de las CC.AA, es una de las preocupaciones para este colectivo ya que las comunidades acumulan una gran deuda, la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) pretende que se aclare la deuda oculta de las administraciones locales y regionales, que llega a supear los 1.000 millones de euros adeudado por el adelanto del pago del IVA de facturas no cobradas en término.

Además de 600 millones de euros adelantados por el IVA, aunque son de facturas que todavía tienen vigente el plazo de cobro.

Con esto ATA deja en claro las deudas contraídas y que de cierta forma son los autónomos los que están financiando a las administraciones públicas. Además que se les de el derecho a cobrar las facturas impagadas.

También se espera que los empresarios puedan desarrollar una especie de fórmula para conseguir una financiación puente. No solamente es el colectivo de trabajadores autónomos el que tiene cuentas que aclarar con la Administración Pública, las pymes también tienen sus facturas impagas con proveedores, lo que a su vez produce morosidad.

Imagen: faycanonline

Una de las mayores preocupaciones que rige sobre el tejido empresario de las pymes es la morosidad generando además la pérdida de autónomos, lo que genera una cadena de incumplimientos además de quedar empresas inactivas, ante ello desde la Comisión Europea (CE) señala que actualmente las pymes en España pasan por extensos periodos hasta poder cobrar, teniendo una espera para poder cobrarle a empresas o instituciones, es por ello que apoya la nueva Ley de Morosidad.

Sobretodo por parte de la denuncia de la Asociación Española de Proveedores Impagados de la Construcción (AEPIC) ante la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE).

Una situación que no todos saben es que muchos empresarios para poder hacer frente a los impagos y morosidad han llegado a perder sus viviendas las que han puesto como garantía con el objetivo de conseguir financiación de los bancos que igualmente no siempre les han otorgado préstamos.

Debido a esto, la CE ha propuesto durante 2008 la nueva norma aprobada hace unas semanas por parte del Parlamento Europeo que está pendiente de ratificación de los Estados miembros. La norma incluso llega un poco más lejos de lo que ha propuesto Bruselas para la nueva directiva, estableciendo desde 2013 un máximo de 60 días de plazo para pagos entre empresas y un plazo de 30 días para los pagos de la Administración.

Mientras que para la Asociación Española de Proveedores de Impagados de la Construcción, esta nueva Ley de Morosidad no contribuirá a dar respuesta al problema, ya que más allá de los plazos, lo que le preocupa son los impagos. Aunque la Ley de Morosidad en la Comisión Europea es impulsada como la única solución a la vista.

Imagen: Google

Es un tema recurrente pero no por ello hay que dejar de tocarlo, y es la morosidad del Estado para con las pymes, tal vez muchas de las pymes involucradas no esperaban que el Congreso aprobara la compensación de la morosidad por parte del Estado con las pymes vía impuestos.

Por otro lado se pretende que, las pymes solamente tributen el IVA por facturas que han sido cobradas, es así que, el Pleno del Congreso aprobó unánimemente una proposición no de ley del PP por medio del que solicita al Gobierno a fijar un sistema de “cuenta tributaria” que compense el retraso en los pagos tanto a las pymes como al colectivo de autónomos de la Administración General del Estado, por lo que se excluyen a las comunidades autónomas y ayuntamientos, mediante aplazamientos y fraccionamientos de pagos de los impuestos.

Hasta que esté listo el sistema, se podrá presentar las diferentes deudas como aval para recibir el pago de obligaciones tributarias aplazadas o fraccionadas, para compensar de forma automática con la Administración General del Estado. Por otro lado, algunos sectores pretenden que modificar el criterio de tributación del IVA, para que los autónomos no deban abonar el IVA  sobre facturas que todavía no cobraron.

También se ha solicitado poner a disposición la línea de crédito del ICO para los ayuntamientos con la finalidad de que puedan hacer frente al pago de deudas con las pymes en especial y las empresas, si bien esta medida se encuentra desde antes del verano en la Ley de Morosidad.

Asi mismo desde el PP se ha planteado que el sistema también se extienda a las deudas de las empresas con la Seguridad Social, aunque fue descartado.